En las últimas horas, se conoció que un grupo de exconcejales de Río Gallegos representantes de la Unión Cívica Radical, conformaron un Foro que los nuclea, "a fin de canalizar las miradas en forma conjunta y colectiva de los distintos acontecimientos que solo demuestra la mala praxis de la gestión municipal", según ellos mismos lo describen.
El espacio está integrado por los dirigentes del radicalismo de la capital Esther Allochis, Vladimiro Jakic, Marcelo Saa, Alberto Lozano, Silvia D`Andrea, Jorge Gareca, Daniel Roquel y Fabian Leguizamón. Tal y como pudo saber este medio, uno de los que decidió no sumarse a la propuesta fue el exedil Pablo "Pato" Fadul.
Desde el espacio, advierten por "la falta de coherencia, de sentido común y fundamentalmente la incapacidad resolutiva de parte del Intendente Municipal ante cada situación, notándose en un claro diagnóstico errático en un contexto inexistente que solo (Pablo) Grasso puede ver", en lo que señalan como la principal motivación para promover la creación del Foro. En el escrito difundido a los medios, recuerdan que "los concejales electos de la UCR aún estando en franca minoría, le presentaron distintas alternativas viables a cada problemática que venía enfrentando la Ciudad, pero lamentablemente ninguno fue tenido en cuenta por la Gestión del Intendente Grasso", y resaltan que "a diez meses del inicio de su Gestión podemos decir que no se diferencia significativamente de cualquier gobierno municipal del FVS de los últimos años, pero si podemos observar cuestiones que hacen alusión a características propias que claramente marcan las deficiencias y la falta de contexto social cuando gestiona".
En ese último punto, enumeran que "observamos como en el mes de diciembre dejó sin trabajo de forma ilegal a personas que eran sostén de familia, aumentó de forma grotesca e injustificada los impuestos municipales y paralelamente de manera desvergonzada aumentó las cantidad de cargos políticos, su sueldo de Intendente y el de sus funcionarios, continuo con el disparate de rescindir el contrato con la empresa de Transporte Maxia y expropiarla, sin contemplar los costos que generaría a las arcas municipales y a los vecinos".
Por último, los exediles señalan que "no podemos dejar de mencionar la incapacidad, el desmanejo y el destrato que tiene con la pandemia producto del Covid19 y la enorme especulación política que realizó al momento de decidir la utilización del Ibuprofeno Inhalado", y recalcan que "tenemos la obligación moral de juntarnos y ponernos a trabajar a fin de poder alertar y denunciar públicamente o legalmente todo aquello que la gestión del Intendente Grasso quiera acudir para despreciar a nuestras Instituciones o prescindir de cumplir con nuestras normas legales". |