Por Alejandro De Angelis Sin embargo, el caso santacruceño tiene algunas características especiales. Por un lado, el hecho de que se trata de la segunda provincia con menor cantidad de población de la Argentina, facilita la posibilidad de que exista una relación filial entre varios funcionarios o empleados estatales. A su vez, Santa Cruz tiene un alto porcentaje de los trabajadores activos en el empleo público, que junto con el petróleo y la minería son los sectores que mueven la economía. Como suele suceder, algunos casos son justificados y responden a las cualidades y formación personal de quien asume el cargo, y en otros solo se trata de un beneficio por el vínculo familiar o de amistad que mantienen con un funcionario con acceso a la mesa de decisiones. Este segundo ejemplo es el más común, y el que suele ser motivo de queja de quienes no tienen la posibilidad de acceder a un puesto laboral en el Estado. En los últimos meses se dieron algunos casos paradigmáticos que generaron polémica y despertaron el malestar de los vecinos. El que más trascendencia tomó fue el de Natalia Mercado, la hija de la Gobernadora Alicia Kirchner, que desde su cargo de fiscal participa de la causa que investiga el asesinato del exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner -su tía- en el Calafate. Si bien lleva más de 10 años en el cargo, se cuestionó su participación en el esclarecimiento del crimen por su relación familiar ante la posibilidad de un móvil vinculado a la vicepresidenta, que inmediatamente fue descartado.
En las últimas semanas, circuló en las redes sociales que el hijo del nuevo de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Nelson Gleadell, formaba parte del directorio de la compañía con un salario que rondaba por los $200.000. Sin embargo, el propio funcionario desmintió la noticia aunque confirmó que la compañía estatal contrató a su primogénito a partir de este año, para que fuera su chofer personal y con el sueldo de cadetería, muy por debajo de lo difundido. La oposición tiene lo suyo El nepotismo no es exclusividad del oficialismo. Aunque con menos cargos a disposición, el resto de los espacios también encuentra hendijas por donde ubicar sus familiares y allegados cerca del poder. Por caso, el dirigente radical y sobrino del Presidente de la UCR de Río Gallegos, Leandro Fadul, integró hasta junio el equipo de asesores del senador nacional Eduardo Costa. Luego fue nombrado en la Secretaría de Comercio de la provincia. El Congreso es un lugar propicio para quienes no viven en la provincia y desean acceder a un empleo público. Allí también se da el caso de Santiago Gardonio, hijo del intendente de Puerto San Julián y exdiputado provincial Daniel Gardonio. El joven ocupa un lugar dentro del equipo de trabajo de la diputada nacional Roxana Reyes desde que asumió su banca en 2017. En la Legislatura, los apellidos de los diputados que ocupan las bancas se repiten a la hora de repasar la nómina que compone la planta política. En la mayoría de los casos, los legisladores eligen a miembros de su familia para integrar su grupo de asesores, lo que cumple la función de garantizar la confianza y, al mismo tiempo, un ingreso económico seguro a un ser querido. Familias del poder Un capítulo a parte merecen las hijas del exgobernador santacruceño Héctor Marcelino “Chicho” García. La más conocida es Rocío, que fue pareja de Máximo Kirchner, ocupó un cargo en el ministerio de Salud de la Nación, fue ministra de Salud de Santa Cruz y desde 2019 es diputada provincial. Su hermana, Virginia, fue senadora nacional y actualmente es directora de la DGI. La mayor de la familia, María Candela García, integra el Poder Judicial de la provincia y podría concursar para jueza en los próximos meses. La menor, María Belén García, es la actual titular de la compañía estatal provincia Distrigas, que provee del servicio a todos los ciudadanos santacruceños. Al caso de Natalia Mercado, mencionado anteriormente, se suma el de su hermana Romina, la segunda hija de la gobernadora Kirchner. Desde 2016 ocupa un lugar en la Fiscalía de Estado, donde fue nombrada como Procurador Letrado “ad honorem” (excepto que le sea encomendada una “comisión de servicio). |