CHUBUT
10/09
Causa Revelación: el juez Piñeda definirá si acepta el acuerdo para el juicio abreviado
El fiscal Marcos Nápoli formalizó el acuerdo mediante el cual se establece el decomiso de dos inmuebles y una camioneta pertenecientes a Gonzalo Carpintero; y la donación del sueldo como docente de Pablo Oca a una entidad de bien público. Ambos reconocieron los delitos
Se desarrolló en la Oficina Judicial de Rawson, un nueva audiencia de juicio abreviado, por la causa conocida como “Revelación”, en la audiencia, el fiscal Marcos Napoli  representó al Ministerio Público Fiscal,  y solicitó la condena de tres años de efectivo cumplimiento para Pablo Oca y Gonzalo Carpinero, ambos funcionarios públicos, además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En el caso particular de Gonzalo Carpintero se pidió la devolución en carácter de multa de dos inmuebles y de una camioneta a cambio de un juicio abreviado. Carpintero deberá cumplir con una multa que consiste en el decomiso de una vivienda de 362 mts2 en el barrio Bonorino valuada en 420.000 dólares, otro inmueble de 338 mts2 (terreno) valuado en 50.000 dólares y una camioneta Toyota sw4 2017, valuada en $ 260.0000.

Es importante resaltar que en relación al juicio abreviado, existen varios antecedentes dentro de casi todas las circunscripciones judiciales de la Provincia del Chubut, donde se  ha avalado este mecanismo. El juez Sergio Piñeda, tendrá cinco días para decidir si acepta el acuerdo entre las partes. 

En tanto, el Fiscal Anticorrupción Mario Romeo se opuso a la petición del Ministerio Público Fiscal.

En cuanto al exministro de Economía de Mario das Neves,  Pablo Oca fue considerado miembro de una asociación ilícita en concurso real con cohecho activo, toda vez que privilegiaba a algunas empresas constructoras en desmedro de otras.

Gonzalo Carpintero por su parte, al igual que Oca, no cuenta con ningún antecedente penal, ni condena alguna. Su imputación final fue la de enriquecimiento ilícito de acuerdo al artículo 268 del código penal, esto queda evidenciado por la cantidad de bienes que adquirió sin tener otro ingreso que no fuera el de su salario en la administración pública.

La pena que solicitó el MPF fue tres años de prisión efectiva, interpretando que de acuerdo al tiempo que permaneció detenido, la misma ya alcanzaba para ser de ejecución condicional. También propuso inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de cualquier índole, salvo la actividad académica, para que Oca pueda seguir dando clases en la Universidad, como lo viene haciendo, pero con la condición de que done el sueldo que percibe a alguna entidad de bien público, que podría ser la propia casa de altos estudios.