31 de mayo de 2012
POLEMICA EN RIO NEGRO
Irregularidades y adulteración
El secretario de Obras y Servicios Públicos fue denunciado por presuntas ilegalidades en la contratación directa de empresas para obras en escuelas. Primero refaccionaron y luego licitaron
En Río Negro las leyes existen, pero parece que a la hora de aplicarlas: bien, gracias. La cuestión es que el secretario de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Marcelo Alejandro Catini, está siendo investigado por la Justicia por presuntas irregularidades en la contratación directa de empresas, para obras de refacción edilicia en las escuelas de la provincia. Es que desde el organismo estatal se dispuso que los trabajos se inicien sin efectuar la adjudicación correspondiente, es decir, pasando por alto las normas vigentes. Los argumentos: el inicio normal del ciclo lectivo.
Por problemas…
Una de las leyes impulsadas por el extinto gobernador Carlos Soria fue la Emergencia educativa, que le permitiría a la provincia realizar la contratación urgente de obras para finalizar y refaccionar los edificios escolares en diferentes localidades rionegrinas, con el objetivo de garantizar el inicio del año lectivo sin sobresaltos.
A más de un mes de haberse aprobado la norma -es decir a principios del mes de febrero- la puesta en marcha de los trabajos aún estaba demorada. Uno de los motivos habría sido que los convenios con las constructoras se encontraban en stand by debido a la deuda millonaria que Río Negro mantiene con las empresas.
Tanto el titular del Ejecutivo provincial, Alberto Weretilneck, como el ministro de Educación, Marcelo Mango, habían sido claros, debían trabajar para llevar a cabo el inicio normal de clases en todas las localidades rionegrinas. Pero ¿hasta dónde había que llegar para lograr el cometido?
La cuestión es que ante el retraso en las obras, parece que en la secretaría de Obras Públicas se olvidaron de que hay normas y leyes que se deben cumplir, y la aparente presencia de irregularidad en la contratación directa de las empresas derivó en una denuncia penal contra el titular de la cartera.
La denuncia
Ante las dudas que levantaron las contrataciones de obras para refacción de establecimientos, en el marco del Programa de Mantenimiento de Edificios Educativos, el diputado provincial por la Concertación para el Desarrollo, Leonardo Ballester, presentó una denuncia penal contra el secretario de Obras Públicas provincial, el ingeniero Marcelo Alejandro Catini “y/o contra quien o quienes resulten penalmente responsables del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
De acuerdo a la denuncia, el funcionario no habría ejecutado las normas cuyo cumplimiento le incumbía en materia de contrataciones y administración de fondos públicos, administración financiera e intervención de los organismos de control. Por lo que habría “concertado informal, irregular e ilegalmente con contratistas del Estado la práctica de obras de utilidad pública” en las escuelas, no sólo desestimando las leyes vigentes, sino también las instrucciones recibidas desde la Legislatura provincial, para llevar a cabo los convenios bajo la modalidad de “contratación directa”.
El hecho que corrobora las irregularidades se centra en que las empresas contratistas comenzaron los trabajos de refacción “mucho antes” de la fecha indicada para presentar sus ofertas en las contrataciones directas que hoy se pretende convertir a legítimo abono.
Prueba de ello es la nota que el propio Catini envió a los integrantes de la Comisión de Legítimo Abono, donde reconoce haber autorizado a las constructoras el comienzo de las obras sin la previa formalización del contrato.
El argumento esgrimido por el funcionario fue que de otra manera no se llegaría a cumplir con el objetivo del Ejecutivo de que todos los establecimientos educativos se encuentren en óptimas condiciones para el inicio de las clases.
El tema es que en la denuncia se sostiene que esto no habría sido así, porque las preadjudicaciones -figura no prevista en la legislación provincial- se encuentran “fechadas avanzado el mes de febrero, lo que implica que las empresas constructoras no hayan dispuesto de tiempo material para realizar las tareas que para el inicio de clases ya se encontraban culminadas”.
La causa se encuentra en la Fiscalía Nº 2 a cargo del Dr. Marcelo Alvarez, quien días atrás debió solicitar el allanamiento de las oficinas del ministerio de Obras y Servicios Públicos, ante la presunción de que el contenido de los expedientes administrativos denunciados estaría siendo adulterado.
Ahora, está en manos de la Justicia resolver si existió o no irregularidad en el proceso. De haberse consumado el hecho la gestión del nuevo gobierno se vería implicada en un escandaloso caso de corrupción, tema que fue impuesto como caballito de batalla en la campaña política.
La nota completa en el Revista La Tecla Patagonia nº 91