25 de mayo de 2012
SANTA CRUZ
Amplían denuncia en la CSS
La Diputada Estela Maris Bubola se presentó en el Juzgado Penal 2 de Río Gallegos para realizar una ampliación de la denuncia por malversación de fondos en la Caja de Servicios Sociales
En su ampliación, la diputada destacó: “Esta denuncia la presente como afiliada a la Caja y como diputada provincial, para que se investiguen todos los fondos del organismo durante los últimos años. Habíamos tomamos conocimiento de serias irregularidades, licitaciones y contrataciones que podrían ser fraudulentas y enormes gastos en publicidad y compras muy cuestionadas. Por eso llevamos el tema a la justicia en un primer momento, hace ya unos meses, y ahora venimos a presentar más pruebas”.
Bubola aportó como elemento probatorio un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas que demuestra la comisión de varios delitos en el manejo de la Caja de Servicios Sociales. En principio estaría comprobada la consumación de los delitos contra la Administración Pública realizados en el manejo de la Obra Social de Empleados y Jubilados de la Provincia de Santa Cruz de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real.
Para la legisladora este informe demuestra que las denuncias realizadas públicamente fueron constatadas por el Tribunal de Cuentas: “Por eso lo traemos ante la justicia, para que continúen investigando, tenga más pruebas y pueda finalmente condenar a los culpables.”
Además subrayó que el informe del Tribunal de Cuentas, demostró que los registros contables de la CSS no son llevados con la con las formalidades exigidas por Ley, que los saldos están manuscritos con lápiz negro y que faltan registraciones de cheques. También que no existe un riguroso ni adecuado control de las cuentas corrientes.
También demostró que se efectúan pagos por publicidad a paginas Web, medios gráficos, radiales y televisivos sin que existan notas de pedidos de publicidad requerida, ni contrato, ni constancia de que efectivamente se hubiere realizado, violando todas las previsiones que contiene la Ley 760 en cuanto a las condiciones que deben reunir las liquidaciones para que sean abonadas por un ente publico.
“Se comprobó el pago irregular de miles de pesos en publicidad oficial a medios desconocidos y en algunos casos inexistentes. En un solo mes se pagaron más de 300 mil pesos en concepto de publicidad que nunca se comprobó que haya sido emitida.”
Bubola también destacó que hay algunos pagos muy curiosos como la Publicidad para realización de Videos Institucionales, Carteles y demás, sin que nunca se constata la existencia de los mismos: “Lo llamativo es que en muchos casos los concursos de precios fueron realizados el mismo día que se hizo la adjudicación y el pago de los contratos respectivos, violando todas las normas. Hay muchos “tramites express” que nadie puede explicar.”
Cabe destacar que el tribunal de cuentas concluyó que solo en materia de Publicidad se habrían malversado mas de 200 mil pesos durante el ejercicio 2011. Otro dato curioso es que el mismo organismo constató y probó la existencia del ya famoso asado de despedida que los antiguos interventores realizaron para homenajearse a si mismo. Este asado se hizo el día 07 de Diciembre de 2011 y costo $28.000.
También hay que destacar que pocos días antes de cambiar la intervención, y en solo diez días, entre el 20 de Octubre de 2011 y hasta el 30 de noviembre del mismo año se efectúan 71 ingresos de Personal, de los cuales solo 3 corresponden a profesionales.
Según la información detallada por la diputada Bubola la CSS adeudaba a proveedores y prestadores al 09 de Abril de 2012 cerca de 200 millones de pesos, mientras que la deuda de los Municipios con la Obra Social por aportes personales y patronales, Coseguros y Voluntarios, al 10 de Diciembre de 2011 asciende a las suma de $336 millones de pesos, y la deuda acumulada desde julio a noviembre de 2011, de los Organismos de la Administración Central, Organismos Descentralizados y Sociedades del Estado, asciende a las suma de $416 millones de pesos.