SANTA CRUZ
11/06
Compras y emergencia: contrataciones bajo sospecha
Provincia gastó millones de pesos en alimentos y productos de limpieza para afrontar la pandemia. La oposición denunció que no se respetaron los precios de referencia. También se detectó una "empresa fantasma" que vendió lavandinas a un costo mucho más alto que el del mercado. Desde el oficialismo dicen que son "denuncias mediáticas"

Por Alejandro De Angelis 

En abril de este año, cuando la pandemia apenas promediaba el mes de su inicio, el Gobierno santacruceño a través de la cartera de Desarrollo Social que conduce Bárbara Dolores Weinzettel, mediante la resolución Nº 0222, contrató a la empresa “Emprendimientos NVCD” para proveer kits de limpieza a la Provincia. Se trató de una compra directa, en el marco de la emergencia sanitaria, por un total de $1.890.000, e incluía 4000 litros de lavandina, jabón, desodorante, trapos rejilla y trapos de piso.

La firma en cuestión ofreció cada botella de 1 litro a un valor de $128,65, muy por encima de la otra oferente, la empresa Distribuidora Sureña SAS, que vendía el mismo producto a $57. Sin embargo, esta última compañía, que presupuestó los productos por un total de $343.000, no contaba con stock, por lo que dejó el camino allanado a NVCD.   

Quien detectó la diferencia de precios en la compra fue la vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas de la provincia, Yanina Gribaudo. “Hay varios expedientes en los cuales se ven precios por encima del valor de referencia”, aclaró en diálogo con La Tecla Patagonia y explicó que “por más incompleta que sea la ley en Santa Cruz, sí verifica que el Estado antes de contratar tiene que hacer un cotejo de precios del mercado. Eso acá no se hace, se arma el expediente una vez que están los presupuestos de las ofertantes”.

El caso de las lavandinas cobró notoriedad, más allá de las diferencias de precios, por las características de la firma. “Emprendimientos NVCD” se creó a principios de marzo, apenas un mes antes de ser contratada por la provincia de Santa Cruz y tiene como administradora a Claudia Idalia Bordón Noceda y su único socio es Gustavo Naranjo. Por su corto tiempo, no cuenta con antecedentes de participación en otras licitaciones. Además, Bordón Noceda y Naranjo crearon al mismo tiempo la firma NDV Consultores Financieros, ambas bajo la figura de sociedades anónimas simplificadas.

“Es una empresa que abarca desde venta al por mayor de cualquier tipo de insumos, hasta arreglo de motos. No tiene experiencia de contratación no solo con la Provincia de Santa Cruz sino con ningún otra provincia ni municipio”, resaltó Gribaudo que recordó que también “se encontraron precios por encima del valor de referencia en alimentos, en camas y mobiliarios”, todas compras emitidas desde la cartera de Desarrollo.

Sin precios máximos

En el caso de los alimentos, la oposición advierte que el Gobierno no se rigió por los precios máximos estipulados por Nación a poco de declararse la pandemia, mediante una publicación en el Boletín Oficial. Se trata de la asignación de $5.953.678.40 por parte de la Provincia al Ministerio que maneja Weinzettel para la compra directo de los productos. 

Concretamente, en los expedientes de compra puede verse que la firma "Rodriguez Zahn Gustavo" le cobró al Gobierno un paquete de levadura Levex por 20 gramos a $59, mientras que la referencia del producto establecida Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación para la provincia es de $34, lo que consiste en una diferencia de $25 en detrimento del comprador, en este caso el Ministerio santacruceño.

Lo mismo sucede con el precio que la firma establece para otros productos. Por ejemplo, en el caso de la lata de Paté de Foie por 90 gramos, por la cual se establece un precio unitario de $41,90, mientras que según el listado de Precios Máximos de Referencia debería cobrarse a $36 al público. De este producto se compraron 3000 unidades por un total de $125.700.

Sobre la compra de alimentos, desde el Gobierno brindaron detalles acerca del procedimiento para la adquisición de alimentos en marco de la pandemia de COVID – 19. “Algunos no pudieron presupuestar por no disponer del stock inmediato, otros porque no pudieron respetar los precios máximos establecidos a nivel nacional o no aceptaban la modalidad de pago. Hubo más de doce ofertas, se mandaron mails dada la complejidad de trabajo que se tiene en esta época”, aseguró Claudio Vacca, Subsecretario de Administración y Finanzas del ministerio de Desarrollo Social.

Por su parte, desde la subsecretaria de Estado de Desarrollo Humano y Social, también dependiente de la cartera que conduce Weinzettel, Agostina Mora Doldán aseguró que “la adquisición directa solo se concreta en una de las líneas. Asimismo, tenemos la adquisición a través de licitaciones públicas para garantizar la provisión de leche en las instituciones educativas, sabiendo que tenemos que flexibilizar esas cuestiones por como está planteado el aislamiento social. La mayoría de las adquisiciones se realizan por licitación pública y su procedimiento correspondiente”.
 

La instancia judicial

Sobre la compra de lavandinas, al ser consultados sobre este medio, desde el Gobierno provincial no quisieron brindar precisiones, aunque aclararon que se trata de una “denuncia mediática”, y anticiparon que en caso de ser necesario brindarán las explicaciones correspondientes.

Gribaudo, por su parte, confirmó que no se realizó una denuncia ante la Justicia ordinaria aunque aclaró que está “siguiendo los pasos administrativos que me impone el cargo”,  al tiempo que precisó: “solicité el informe técnico al Tribunal, que hacen los contadores que son los auditores, y en cuanto llegue, yo ya tengo hecho mi informe. Se hace el paralelismo con la auditoría y en caso de coincidir, se expone ante el Tribunal y en base a eso se presenta el juicio administrativo de responsabilidad, que es hacia los responsables de la compra, y se solicita que se ponga en conocimiento a la justicia”.

Además, adelantó que “en caso de que el Tribunal, que es lo más probable, no apruebe esta solicitud que voy a hacer, yo con eso me voy a la justicia. Ese es mi deber como funcionario pública”, y cuestionó que el Poder Ejecutivo “no actuó de oficio como se hizo en los casos de Nación y Ciudad de Buenos Aires”, con la detección de sobreprecios en fideos y barbijos, respectivamente.

La presunta vinculación con Alicia

Algunas investigaciones periodísticas establecieron un vínculo entre la firma Emprendimientos NVCD, que vendió las lavandinas a la Provincia, y la gobernadora santacruceña Alicia Kirchner, a través del abogado militante peronista de Río Gallegos Daniel Galvagno, quien desde 2003 abandonó la Patagonia para radicarse en Buenos Aires. Volvió acompañado por Eduardo Barcesat en 2018 para presentar un amparo que impulsaba la Intersindical que nuclea a los distintos gremios que desempeñan tareas en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) para que el entonces gobierno de Mauricio Macri garantice la “sustentabilidad” de la empresa y finalice la megausina de Río Turbio. De allí la foto con Alicia.

La aparición de Galvagno en la escena se da por la conformación de una sociedad simplificada en la que se repite el nombre de Bordón Noceda. Sin embargo, según pudo reconstruir La Tecla Patagonia, el abogado santacrcueño contrató los servicios del estudio contable de Bordón Noceda pero no comparte sociedad con la misma. La contadora habría sido contratada por Galvagno para la conformación de la figura legal, que debe administrar hasta finalizar la composición societaria. Por tal motivo, tan solo posee el 000001 de acciones, lo que le permite realizar trámites administrativos que obligatoriamente se pide como requisito para la conformación de este tipo de sociedades.

Continuará

La novela de las compras del Ministerio de Desarrollo Social santacruceño en el marco de la pandemia promete tener varios capítulos más. El siguiente será la discusión hacia adentro del Tribunal de Cuentas de la provincia, que cuenta con tres vocales que responde al Poder Ejecutivo.

La oposición, por su parte, asegura que aún hay más información de compras a los que no se tuvo acceso y que deben revisarse. “Hay un expediente más de artículos de limpieza, y una compra de alimentos de aproximadamente 7 millones y medio, al que no tuvimos acceso”, afirmó Gribaudo.