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4 de mayo de 2020
REGION

El Ministerio Público Fiscal neuquino busca poner un freno a las excarcelaciones por COVID19

El fiscal general José Gerez y el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid pidieron al Tribunal Superior que anule prisión domiciliaria otorgada a un hombre condenado por abuso a 8 años de prisión, en el contexto de la pandemia de COVID-19. El sábado emitieron una instrucción general para que se impugnen este tipo de resoluciones

El Ministerio Público Fiscal neuquino busca poner un freno a las excarcelaciones por COVID19
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El fiscal general José Gerez de Neuquén y el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid pidieron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anule la prisión domiciliaria otorgada a un hombre declarado responsable penal de abuso sexual y condenado a 8 años de prisión, en el contexto de la pandemia de COVID-19.

El sábado pasado, Gerez emitió una instrucción general para que los y las fiscales impugnen las resoluciones mediante las cuales, se otorgaba prisión domiciliaria a personas condenadas o procesadas, en el marco de la pandemia. 

En la instrucción firmada este sábado, el fiscal general consideró que “no existen reglas generales de rango legal, constitucional ni convencional que impongan la concesión de la prisión domiciliaria por la declaración de pandemia”. Y que “por lo tanto, en todo caso, el planteo que se realice debe acreditar las circunstancias particulares en que se asiente la petición, mediante informes y/o testimonios de especialistas acreditados, que demuestren en forma concreta la existencia de un estado de necesidad justificante basado en la vulneración de las normas que garantizan el derecho a la salud de los reclusos”.

En este caso, la decisión impugnada es la de un Tribunal de Impugnación que el pasado 27 de abril, otorgó la prisión domiciliaria a un hombre (W. O. V), quien fue declarado responsable penal del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el uso de arma en diciembre de 2016. Lo condenaron a ocho años de prisión y la pena vencía en noviembre de 2025.

“La decisión que venimos a impugnar causa una situación de gravedad institucional”, plantearon Gerez y Breide Obeid en el recurso. El fallo impugnado carece “de fundamentación suficiente, resulta arbitrario y violenta el derecho al debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional) que no sólo ampara al imputado sino también a las demás partes del proceso, incluido Ministerio Público Fiscal”, puntualizaron.

También plantearon que la resolución del Tribunal de Impugnación “aparece como autocontradictoria, porque si bien le da a la Fiscalía la razón en la inexistencia de superpoblación en la unidad y la ausencia de casos sospechosos de Covid 19 dentro de las unidades carcelarias, omite valorar el dictamen de la médica forense y resuelve la detención domiciliaria”.

Asimismo, pidieron al máximo tribunal de la provincia que: “se tenga por presentada en legal tiempo y forma la impugnación extraordinaria; se habilite en forma excepcional el trámite del recurso; se fije audiencia; se notifique fehacientemente a la víctima; se tenga presente la reserva de ampliar la fundamentación del recurso durante la audiencia; oportunamente, se declare admisible el recurso y se haga lugar a la nulificación del fallo del Tribunal de Impugnación, confirmando el mantenimiento del cumplimiento de la pena en establecimiento carcelario o, en su defecto, se reenvíe para el dictado de un nuevo fallo; en subsidio, se tenga presente la reserva de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

 

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