La iniciativa impulsada por el Ejecutivo apunta a eliminar límites a la compra de campos por extranjeros. El cambio se inscribe en una reforma más amplia que también alcanza reformas ambientales como la Ley de Glaciares y manejo del fuego

Nación insiste con flexibilizar la Ley de Tierras y se reabre el debate de la soberanía

Manuel Adorni, jefe de gabinete del gobierno nacional, brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que el Ejecutivo avanza en una reforma de fondo sobre el régimen de tierras rurales que promete reconfigurar uno de los ejes más sensibles del modelo productivo argentino: quién puede acceder al territorio y bajo qué condiciones.

La iniciativa, encabezada por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, apunta a modificar o directamente desarmar la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Esa norma fija límites estrictos a la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros.

Actualmente, la ley establece que no más del 15% de las tierras rurales del país puede estar en manos extranjeras, con topes también a nivel provincial y municipal. Además, ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese total, y se restringe la posesión a un máximo de 1000 hectáreas en la zona núcleo.

Desde el oficialismo consideran que estas restricciones desalientan inversiones, afectan la competitividad y distorsionan el mercado. Bajo esa lógica, la reforma buscaría habilitar una mayor participación de capital extranjero, especialmente en sectores como el agro, la energía y la actividad forestal.

Sin embargo, el debate se reaviva en un contexto donde la extranjerización de la tierra ya es un fenómeno concreto. Según datos del CONICET, alrededor del 5% del territorio argentino está hoy en manos de propietarios extranjeros. En la Patagonia, ese proceso adquiere una dimensión estratégica: grandes extensiones pertenecen a grupos internacionales que van desde capitales europeos hasta empresas mineras norteamericanas.

Más allá de la superficie, el interés global por estas tierras se explica por factores clave. Uno de ellos es el agua. La Patagonia concentra reservas hídricas de escala mundial, con ríos, acuíferos y miles de glaciares que funcionan como reservas de agua dulce en un escenario global atravesado por la crisis hídrica.

A eso se suma el valor simbólico y económico de la llamada “marca Patagonia”, asociada a calidad, naturaleza y exclusividad, que posiciona a la región como un activo codiciado en mercados internacionales. Desde alimentos con denominación de origen hasta desarrollos turísticos, el territorio se convierte en un sello con valor propio.

Otro punto que alimenta la discusión es la falta de transparencia en algunos procesos de acceso a la tierra. Informes técnicos y académicos advierten sobre mercados poco claros, dificultades de acceso para productores locales y fenómenos de concentración vinculados a la especulación inmobiliaria y el desarrollo de proyectos de alto valor.

En paralelo, los avances tecnológicos también modifican el escenario. Innovaciones en riego, biotecnología y manejo de suelos permiten transformar tierras antes improductivas en áreas con alto potencial, lo que incrementa su atractivo para grandes inversores internacionales.

En este contexto, la tierra aparece además como un activo de refugio frente a la volatilidad global: una inversión de largo plazo que combina recursos naturales, potencial productivo y valorización futura.

No es el primer intento oficial de avanzar sobre la ley. La derogación ya había sido incluida en el DNU 70/2023, pero quedó frenada por una cautelar judicial que hoy está bajo análisis de la Corte Suprema.

La reforma, además, no llega sola. Forma parte de un paquete más amplio que incluye cambios en la Ley de Glaciares y la Ley de Manejo del Fuego, tres pilares del esquema ambiental argentino.

En conjunto, las modificaciones plantean un giro de modelo: de un sistema basado en la prevención y la regulación a otro más flexible, orientado a facilitar inversiones.

El debate de fondo ya está planteado: cuánto abrir el acceso a la tierra sin perder control sobre recursos estratégicos como el agua, el suelo y la energía. En una Patagonia cada vez más codiciada por el capital global, la discusión deja de ser solo normativa para convertirse en una cuestión de soberanía a largo plazo.

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