27 de febrero de 2026
POSTURA FIRME
El reclamo pesquero: piden un alivio fiscal y advierten por el riesgo de paralización
Empresarios del sector plantearon que, sin la eliminación de las retenciones a las exportaciones, la actividad en el litoral marítimo podría enfrentar una nueva crisis operativa con impacto en el empleo y las economías regionales

Los principales empresarios de la industria pesquera nacional encendieron una señal de alerta y reclamaron medidas urgentes para sostener la actividad. En un encuentro con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, transmitieron que la continuidad operativa del sector depende de la eliminación de los derechos de exportación.
La reunión, de la que también participó el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, marcó el primer contacto formal conjunto entre las cámaras empresarias y las nuevas autoridades. Según indicaron tras el encuentro, el mensaje fue directo: la combinación de costos dolarizados, caída de precios internacionales y presión impositiva amenaza con una nueva paralización productiva en el litoral marítimo argentino.
Desde las cámaras CAPECA y CAPIP señalaron que, si bien el país alcanzó el segundo mayor registro histórico de exportaciones pesqueras con U$D 2.010 millones ese resultado responde casi exclusivamente a una temporada excepcional de calamar illex. En otras pesquerías estratégicas el escenario es muy distinto.
El langostino, por ejemplo, registró bajos niveles de exportación, conflictos laborales y una fuerte baja en los precios internacionales. En paralelo, el sector merlucero enfrenta una caída sostenida en la producción en tierra. Para los empresarios, esta heterogeneidad productiva suele quedar fuera del análisis público y distorsiona la percepción sobre la salud real de la actividad.
El presidente de CAPECA, Eduardo Boiero, manifestó respaldo al rumbo macroeconómico del Gobierno nacional, pero advirtió que la estructura de costos actual compromete la competitividad. Con gastos operativos mayormente dolarizados y precios externos en descenso, las retenciones (que oscilan entre el 5% y el 9%) representan, según explicó, una carga difícil de absorber frente a países competidores que no aplican ese tipo de gravámenes.
Los referentes del sector recordaron además lo ocurrido en 2025, cuando una paralización en la actividad del langostino implicó pérdidas superiores a los 200 millones de dólares en exportaciones, con consecuencias directas sobre el empleo y las economías regionales. Alertaron que un escenario similar tendría efectos sociales inmediatos sobre miles de familias vinculadas a la pesca.
Desde CAPIP también expusieron el impacto de los conflictos internos derivados de ajustes en los valores de producción, particularmente en la flota tangonera congeladora. Según detallaron, parte de la temporada se desarrolló con una caída cercana al 50% en capturas y exportaciones, pérdidas que calificaron como irrecuperables.
A este panorama se suman otros factores que, según el diagnóstico empresario, profundizan la crisis estructural: demoras en el recupero del IVA, altos costos de mantenimiento de flota con insumos dolarizados y el pago de los Derechos Únicos de Extracción. La acumulación de estas variables, sostienen, deja a muchas empresas en una situación de extrema fragilidad.
Si bien valoraron la predisposición y el conocimiento técnico de los funcionarios nacionales, las cámaras insistieron en que el reclamo debe escalar a los niveles donde se definen medidas fiscales para las economías regionales. La demanda, subrayan, no apunta a obtener un beneficio excepcional sino a equiparar condiciones frente a competidores internacionales.
El mensaje final fue contundente: sin alivio en las retenciones, la ecuación económica no cierra y el riesgo de una nueva paralización en el litoral marítimo es concreto.