8 de febrero de 2026
NEUQUEN
La Justicia ratificó el secuestro de la camioneta de Gloria Ruiz por enriquecimiento ilícito
Un juez de Garantías rechazó el pedido de la exvicegobernadora de Neuquén para recuperar su Toyota SW4, adquirida en 2024. La fiscalía sostuvo que el vehículo podría ser decomisado ante una eventual condena y la defensa cuestionó que se la trate “como si ya estuviera condenada”
La exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, no logró que la Justicia le restituyera la camioneta Toyota SW4 que le fue secuestrada en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El juez de Garantías Juan Guaita confirmó la medida cautelar y rechazó el planteo de la defensa, que había solicitado la devolución del vehículo argumentando que se encuentra a la intemperie en un predio policial.
La resolución convalidó la postura del Ministerio Público Fiscal, que considera a la camioneta un elemento central dentro de la investigación. Según se expuso en la audiencia, el secuestro se mantiene de manera “indeterminada” porque, en caso de que se dicte una sentencia condenatoria, la fiscalía solicitará su decomiso.
El abogado defensor de Ruiz, Alberto Balladini, cuestionó duramente la decisión y sostuvo que su defendida “goza de presunción de inocencia”. En ese sentido, acusó al fiscal jefe Pablo Vignaroli de tratar a la exvicegobernadora “como condenada”, cuando aún no existe una resolución judicial que determine su responsabilidad penal.
La camioneta fue adquirida en agosto de 2024 por un monto de 76.837.000 pesos, poco tiempo después de que Ruiz asumiera el cargo de vicegobernadora. Según explicó la propia imputada, la compra se realizó con ahorros personales, el producido de la venta de una Toyota Hilux familiar y el uso de una tarjeta de crédito. Sin embargo, el fiscal Vignaroli puso en duda esa versión y afirmó que Ruiz no pudo acreditar de manera fehaciente el origen de los fondos utilizados.
El vehículo fue secuestrado el 26 de diciembre de 2024 y, desde entonces, permanece bajo custodia policial. La defensa solicitó su restitución, pedido que fue rechazado inicialmente por el fiscal Juan Narváez en diciembre de 2025. Ante esa negativa, Balladini impulsó una audiencia para que un juez revisara la decisión, a la que calificó de “arbitraria”, al sostener que la camioneta no sería producto de ningún delito.
Durante el debate, Vignaroli fundamentó la negativa en dos ejes principales: por un lado, que el secuestro es la herramienta más adecuada para garantizar un eventual decomiso, y por otro, que la imputada no logró justificar el origen del dinero con el que adquirió el vehículo. “Esto es un objeto de evidencia relacionado con un enriquecimiento ilícito, es imprescindible para la investigación”, afirmó el fiscal, quien incluso sostuvo que, aun si no fuera el objeto directo del delito, la camioneta podría considerarse un provecho del mismo. Para graficar su postura, comparó la situación con “devolverle a un ladrón el dinero que se robó”.
La defensa rechazó esa comparación y volvió a insistir en que el Ministerio Público no puede anticipar una condena. “El que condena es el juez, no el fiscal”, sostuvo Balladini, quien remarcó que el expediente no pertenece al Ministerio Público, sino que debe ser resuelto por el Poder Judicial.
Al resolver, el juez Guaita avaló la medida cautelar y señaló que el hecho de que la resolución fiscal sea breve no la convierte en arbitraria ni infundada. Aclaró además que la presunción de inocencia de Ruiz se mantiene intacta en términos constitucionales, pero que eso no impide la adopción de medidas cautelares destinadas a resguardar el proceso penal.
En ese marco, explicó que el secuestro del vehículo tiene como objetivo preservar la investigación y garantizar la eficacia de una eventual sentencia. También indicó que, si la camioneta sufriera deterioros por las condiciones de guarda, la defensa podrá iniciar las acciones civiles correspondientes por daños y perjuicios.
Balladini adelantó que impugnará la decisión del juez de Garantías. En la causa interviene además la Fiscalía de Estado como parte querellante. Paralelamente, Ruiz enfrenta otra investigación penal por presunta administración fraudulenta agravada.