Minería: ambientalistas presionan para que Alberto Fernández de a conocer su postura

Ya no es novedad la intención del gobernador chubutense Mariano Arcioni de instalar en la agenda pública el debate sobre la megaminería en la provincia, una actividad con fuerte rechazo social pero con buenos dividendos económicos, lo que inclinaría la balanza en favor del Gobierno. 

A ello, se suma la postura del Gobierno nacional, que sin hacer declaraciones públicas al respecto, dejó en claro sus pretensiones. Puntualmente, con el nombramiento del nuevo secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, hombre involucrado en el lobby minero y asociado a las principales operadoras del país. 

La designación de Hensel despertó el rechazo de organizaciones ambientalistas de todo el país, "el mismo Hensel que sostiene la impunidad de Barrick Gold por sus innumerables derrames contaminantes en Veladero desde hace años, el que discrimina a grupos ambientalistas diciendo que ni siquiera se debe debatir con ellos, el que impidió que el pueblo de Jáchal se exprese en consulta popular, aquel que coopta instituciones desde su cargo plenipotenciario otorgado por el gobernador Uñac, el mismo que propició una ley de falsa protección para generar una zona liberada sobre nuestro último acuífero, el mismo Hensel que antes de asumir ya reconoció que viene por la destrucción de la ley de glaciares".

Entre una decena de ONG´s firmantes, se encuentran las chubutenses Foro Regional de Niñez, Adolescencia y Flia y la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut; y las organizaciones santacrcueñas Asamblea de Autoconvocados de Caleta Olivia y Asamblea de vecinos Autoconvocados de Perito Moreno. 

El antecendente mendocino

En las últimas horas, el Gobierno de Mendoza modificación de la Ley provincial 7722, que buscaba la protección del agua con la prohibición del uso de sustancias tóxicas en la actividad minera. 

Con la nueva normativa, se habilitaría el uso de cianuro y ácido sulfúrico para la actividad, así como también desaparece la exigencia de aprobar por ley las declaraciones impacto ambiental, aunque se impulsan auditorías internacionales y la creación de una "policía ambiental". 

El caso testigo de Mendoza podría ser el puntapié inicial para una iniciativa similar en otros territorios.  Tal es el caso de Chubut, que emprendería un camino parecido.