15 de marzo de 2012
LAS DUDAS DEL FISCAL
El homicidio que conmueve a Neuquén
El fiscal del caso cree que el hijo del intendente de San Martín encubre al sujeto que asesinó al policía, en Junín de los Andes. La familia la emprendió contra el juez que lo liberó
El oficial subinspector Pedro Guerrero y su compañero, el sargento ayudante José Aigo, estaban más que habituados a los procedimientos de la división de Tránsito, allá en Junín. De hecho, lo que llevaban a cabo durante la madrugada de aquel maldito 7 de marzo no era más que un trabajo de rutina. Con los riesgos propios del oficio, es cierto. Pero de rutina al fin.
…Y ahí estaban los dos, tratando de desalentar el cuatrerismo que golpea a esa zona de la provincia, y atentos a cualquier movimiento (o estruendo) que delatara la caza furtiva. Es decir, ahí estaban con su rutina de hace dos años. “Sabían que debían lidiar con individuos armados, pero jamás había ocurrido una cosa así”, dijo consternado uno de los oficiales de la Policía neuquina que habló con La Tecla Patagonia.
…Y ahí estaban cuando a lo lejos vieron las luces de un vehículo que avanzaba por la ruta 23. De repete el drama, el horror: Lo paran y hacen bajar al conductor. Le piden la documentación habilitante, y sin mediar palabras el acompañante saca una pistola y le acierta a Aigo que en ese momento estaba de espaldas.
Hubo dos detonaciones iniciales, una rápida reacción y también una fuga. Guerrero repele el ataque con su arma reglamentaria y se apoya a sí mismo con una escopeta que había sido cargada con proyectiles antitumulto. Reduce al conductor, quien no opone resistencia, y sube al sargento en el móvil. Acelera desesperado rumbo a Junín, pero las heridas son graves y no ofrecen chances.
El ataque fue cobarde y artero. Una de las balas (de 9 mm) le ingresó por la zona lumbar, le lesionó el riñón derecho, le atravesó el corazón y salió cerca de la tetilla izquierda. La otra le ingresó por la región superior del brazo izquierdo y salió por el hombro.
La radió comunicó el tiroteo a eso de las 2.40 y Aigo murió a los pocos minutos, rumbo al hospital. Tenía 49 años y dos hijos que lo lloran: un adolescente, de 15 y una niña, de apenas 7. Dejó una familia y un grupo de compañeros que, destrozados, lo recuerdan como a un excelente hombre, dueño de un muy buen humor.
Guerrero los repele. Pero el homicida y su cómplice logran alejarse de la escena del crimen para perderse en la oscuridad, desde la que siguieron (o siguió) disparando. Las vainas servidas dan cuenta de la feroz balacera. Después saca las llaves de la Mitsubishi y, como se dijo, vuelve a la ciudad con Aigo y con el único detenido: un joven de 26 años llamado Juan Marcos Fernández, cuya ascendencia conmueve, no sólo a la provincia sino al país todo. Es el hijo de Juan Carlos, el intendente de la cercana San Martín.
Fernández declara y es liberado en medio de la angustia de su padre, la negativa del fiscal Manuel González (que lo acusa de encubrimiento y de ensayar un relato “inverosímil”), y la indignación de los Aigo que la emprenden contra el responsable de esa liberación: el juez subrogante Joaquín Consentino.
Esto es lo que comunicó el Juzgado a su cargo y difundió el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén: “Se recibió en sede judicial también el testimonio del conductor del rodado, quien prima facie no habría tenido participación alguna en el hecho en cuestión y cuya declaración testimonial aportó valiosos datos para la ubicación de las dos personas prófugas. Sin perjuicio de ello, por pedido realizado por la Fiscalía, se obtuvieron copias a los fines de investigar la posible comisión de delito de acción por falso testimonio y/o encubrimiento”.
Los hermanos Graciela, Marcela y Aldo Aigo no creen en la inocencia del joven Fernández, quien vive en una granja comunitaria y supuestamente usaba (o usa) la Mitsubishi para realizar fletes. Su inocencia fue jurada por su padre, el Jefe comunal. Pero los Aigo reclaman el juicio político del juez Cosentino, al que acusan de haber incurrido en “irregularidades”.
Presumen que el muchacho pudo haber tenido alguna “ayuda política”, pero se muestran satisfechos con la actuación y el respaldo tanto de la Policía, como del gobierno de Sapag. “Cómo puede ser que Fernández, quien en principio fue parte del grupo que asesinó a nuestro hermano, de pronto pase a ser un testigo si el único testigo es el oficial (Pedro) Guerrero, quien lo detuvo. Esto nos da a entender que la palabra del oficial Guerrero no tiene valor ni peso alguno; se le falta el respeto a la institución policial y al trabajo de esta Policía”, acusaron los hermanos en un extenso comunicado.
El Intendente habló en conferencia de prensa. Después atendió el teléfono, pero ante las preguntas de La Tecla Patagonia se excusó. Es comprensible. Está dolido, quebrado... Su hijo también habló (y lo hizo ante el juez). Según pudo saberse, durante esas seis horas de declaración testimonial aportó las identidades del homicida y su cómplice.
A las pocas horas se dijo que se trataba de dos ciudadanos chilenos. Y luego se supo que en la huída uno de ellos había olvidado sus mochilas en la camioneta. Fue ahí donde se encontró una prueba valiosa: la documentación con su correspondiente foto.
La búsqueda se hizo entonces sobre una pista firme y quedó flotando una pregunta: ¿Fernández oculta algo? Como se dijo, el fiscal entiende que sí, y esto es lo que declaró a poco de conocerse la medida que lo dejó en libertad. “Pedí la detención porque considero que está ocultando información. Se está cometiendo el delito de falso testimonio y de manera flagrante, frente a un juez y un fiscal, y se está cometiendo el delito de encubrimiento”, acusó.
Uno de los prófugos fue identificado como Alexis Cortez Torres, de quien se sospecha que está vinculado a grupos anarquistas que apoyaban a un movimiento llamado Lautaro, al que se le atribuyen atentados con explosivos tanto en Santiago de Chile, como en Buenos Aires y aquí en Neuquén.
Los pesquisas sospechan que el otro prófugo podría ser Carlos Gutiérrez Quiduleo, otro lautarista buscado desde hace años por la policía chilena.
Uno de ellos entró a nuestro país por el aeropuerto de Ezeiza el 2 de marzo último, procedente de la ciudad venezolana de Caracas. Se alojó en un hotel del barrio porteño de Congreso y después, sí, recaló en Neuquén.
Aigo fue velado en la Sociedad Rural de Junín de los Andes y sus restos descansan en dominios de la comunidad mapuche a la que pertenecía, en Pampa del Malleo. Aun conmovida, la sociedad no sólo espera justicia, sino una expliación convincente acerca de la presencia de grupos sediciosos en la provincia.
La nota completa en el Revista La Tecla Patagonia número 81