8 de marzo de 2012
EJECUTIVO VS. JUSTICIA
Confrontación de poderes
Como causa de la ola de violencia desatada en el último tiempo, funcionarios y magistrados chubutenses se pasaron factura. Posiciones opuestas, batalla discursiva y demás
La escalada de hechos de inseguridad que días atrás tuvo como epicentro a la ciudad de Comodoro Rivadavia desencadenó en un duro cruce entre autoridades del Ejecutivo y el Poder Judicial. Mientras el gobierno cuestiona el trabajo de los fiscales, en contraposición desde la Justicia sostienen que los políticos en vez de afrontar el problema y tomar resoluciones duraderas, se escudan en la crítica hacia la labor de los funcionarios judiciales.
Hete aquí la cuestión
El asesinato de un remisero en la localidad petrolera fue la gota que rebalsó el vaso. La desgracia puso en jaque a la problemática de la seguridad en la provincia, por lo que funcionarios de gobierno y magistrados protagonizaron una guerra discursiva en torno a la cuestión. En el ojo de la tormenta quedó el accionar de las fiscalías, al punto que el Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena, estuvo al borde de ser sometido a un juicio político por presunta inacción, a la que el propio gobernador Martín Buzzi calificó como una virtual “licencia para delinquir”.
Si bien a la destitución del máximo jefe de los fiscales se le puso paños fríos, varios de ellos quedaron bajo la lupa para determinar si están a la altura de las circunstancias. Y las primeras miradas se detuvieron en la jefa del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, Adriana Marta Ibánez. El fiscal de Estado, Blas Meza Evans, presentó ante el Superior Tribunal de Justicia la documentación correspondiente para solicitar al Consejo de la Magistratura que inicie el procedimiento para la suspensión y eventual remoción de la funcionaria. “Esto nos va a demostrar un accionar ineficiente, un mal desempeño de las funciones por parte de la doctora Ibáñez y estamos además citando algunos casos donde la acción u omisión de la fiscal dejan patentada una negligencia en el cumplimiento de sus funciones”, sostuvo Meza Evans.
Guerra discursiva
Pero la cuestión no quedó ahí. Ante la decisión del Ejecutivo, y la advertencia de jury a funcionarios judiciales, representantes de la Asociación de Magistrados y desde el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, salieron a responder en defensa de los fiscales, dando inicio a una guerra discursiva sin filtros.
El titular de la Asociación de Magistrados, Jorge Criado, dijo que “la clase política, lejos de prepararse para afrontar un problema grave como la inseguridad y tomar resoluciones serias para que duren en el tiempo, hacen la plancha y pasan de una crítica descarnada a 6 fiscales, a la fiesta del asado, por ejemplo”.
Pero la pelea elevó su temperatura, aún más, cuando el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Javier Touriñán, arremetió contra la Justicia, insistiendo en que el problema radica en el trabajo de los fiscales. Se quejó de que hay delincuentes que tienen decenas de causas abiertas y gozan de libertad. En este marco, señaló que “de acuerdo a estadísticas del Poder Judicial, el 90 por ciento de las causas penales se archiva. Evidentemente no llegan a juicio, y se archivan porque hay una falla al momento de producir la prueba de la imputación. Esto es responsabilidad directa de los fiscales”.
Además, Touriñán criticó a los magistrados por enfocar la cuestión en la falta de recursos, calificando la postura adoptada como corporativa y gremial, cuando se están discutiendo las responsabilidades para combatir la problemática de la inseguridad.
El propio Criado salió a desmentir la versión diciendo que el planteo del titular de Gobierno “es una falacia, lo que pasa es que Touriñán está acostumbrado a trabajar por los medios, y de hecho las propuestas las hicimos institucionalmente, al Procurador general y al presidente del STJ, pero lo que nosotros no hacemos es publicitar las propuestas de trabajo que realizamos”.
Pero la polémica disminuyó su grado de confrontación cuando el presidente del máximo órgano judicial, Jorge Pfleger, intervino en el enfrentamiento a modo de conciliador. Lejos de responder a las acusaciones realizadas desde el gobierno, el juez propuso trabajar por “la paz social”.
“Se han producido escaladas verbales que me decidieron a tomar esta determinación, yo no pensaba decir media palabra, pero creo que a esta altura es bueno insistir en que no debemos conflictuar, debemos propender a la paz social, es nuestro deber, y una de las formas es bajar el tono de las discusiones. En eso con el Gobernador, les aseguro, estamos de acuerdo”, sostuvo Pfleger.
Más allá de que la confrontación se haya atenuado, el roce entre los dos poderes y la discrepancia de opiniones en cuanto a las responsabilidades continúa. Ahora deberán ponerse de acuerdo en la implementación de una política para atacar un problema que por estos días azota a los chubutenses: la inseguridad. ¿Lograrán acordar posiciones o la puja inter poderes continuará en desmedro de una solución a la grave situación?
La nota completa en el Revista La Tecla Patagonia nº 80