Avanza la causa por la estafa al IPROSS que suma más de 70 millones

La Justicia avanza en investigar una nueva modalidad en la falsificación de documentación para facturar medicación a la obra social de la provincia. Según destaca el matutino "Río Negro", se facturaron medicamentos para atender enfermedades que los afiliados no tenían.

Según destaca la publicación, en su versión digital, se hizo aparecer a varios rionegrinos como epilépticos, cuando jamás tuvieron ese padecimiento. En este sentido, se determinó que el Ipross fue estafado en $ 70.020.552,39 por un grupo integrado por los dueños de cinco farmacias de General Roca y de Allen, en connivencia con la exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.

Para la fiscalía, los hechos ocurrieron en concurso real y cada uno de los involucrados debe responder en calidad de coautor. Entre los acusados, se encuentran, los farmacéuticos Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró y Rodolfo Mastandrea, la exauditora Sandra Fasano, las exdueñas de una de las farmacias involucradas, Marcela Gil y Marianela Guidi y la esposa de Caffaratti, Cecilia Balladini.

Según destaca, el medio, se identificó tres hechos puntuales como mecanismo para facturarle al Ipross sumas que no correspondían. El primero tuvo dos modalidades: una fue la generación de recetas de medicamentos para diabetes o epilepsia por parte de la exauditora, cuando esos remedios nunca fueron vendidos a afiliados de la obra social. Y la otra fue la creación de recetas falsas a partir de códigos de validación de recetas reales, pero que otras farmacias cancelaron o anularon.

El segundo hecho fue la modificación en el Colegio de recetas previamente validadas por las farmacias Tucumán, Santa Teresita y Araucana, agregando medicamentos del rubro epilepsia o diabetes nunca vendidos a afiliados.

Finalmente, el tercer hecho está centrado en “cargas ficticias” en las farmacias. “Todos los imputados generaban o modificaban recetas incluyendo medicamentos”, detalló el fiscal, precisando que fueron 11 remedios para epilepsia o diabetes los facturados a la obra social luego de un procedimiento ilegal.

Asimismo se destacó que  la jueza de Garantías Natalia González considera acreditados los requisitos mínimos, los cargos quedarán formulados y se abrirá una etapa de cuatro meses -que pueden prorrogarse- antes de llegar al control de acusación, etapa previa al juicio.