24 de noviembre de 2011
JUDICIALIZACIÓN POLÍTICA
Río Negro: ¿justicia tuerta?
Las causas contra la administración radical parecen haberse reactivado durante los últimos meses. Del otro lado, hay dirigentes del FpV que también enfrentan procesos y poco se sabe de éstos
Una de las principales cualidades de la Justicia es (o al menos debería ser) la imparcialidad. Desde hace un tiempo a estar parte se ha comenzado a escuchar la frase “judicialización de la política”. Esta hace referencia a denuncias y causas judiciales que persiguen o tienen intereses políticos. En nuestro país existen sobrados casos que bien podrían servir de ejemplo. Lo cierto es que una de las cuestiones que se ha puesto a debate en los últimos años es justamente la objetividad de la Justicia y la capacidad de reacción, por ejemplo, ante cada recambio gubernamental. Estas cuestiones fueron unas de las tantas razones que llevaron a la provincia de Río Negro, entre otras, a impulsar una reforma del Código Procesal Penal durante los últimos meses. Paradójicamente un sector de la Justicia rionegrina pareciera adaptarse rápido al cambio de timón que se producirá el próximo 10 de diciembre cuando Carlos Soria asuma la gobernación. Las causas judiciales que tienen en la mira a varios funcionarios del radicalismo avanzan a pasos agigantados con condimentos especiales, como espectaculares allanamientos. Pero del otro lado, hay también varios dirigentes electos del Frente para la Victoria que están involucrados en procesos judiciales. De estos se ha sabido poco y nada.
De un lado y del otro
Las denuncias contra la administración radical proliferaron durante el período de campaña proselitista. La Tecla Patagonia ha publicado en varias oportunidades informes sobre presuntas irregularidades en varios organismos provinciales, como el caso de Viarse; el Ipross y el ministerio de Turismo, entre otros. Viejas causas contra la gestión de Saiz que tuvieron una llamativa reactivación durante los últimos meses. Pero sin dudas una de las denuncias que más acapararon la atención de los medios y que generaron impacto en la sociedad rionegrina, fue la de “sobresueldos” realizada por el hijo del gobernador electo, Martín Soria, en plena campaña electoral. Luego vino una seguidilla de denuncias realizadas por Soria. Todas ellas recayeron en los mismos jueces, Carlos Reussi y Guillermo Bustamante. Dos letrados que habían sido públicamente cuestionados por los Soria y vinculados al radicalismo (ver cuadro aparte). La espectacular denuncia de sobresueldos alcanzó a más de 30 funcionarios de Miguel Saiz, entre los que se encuentra la esposa del juez Reussi, Lucrecia Rodrigo, funcionaria de la Fiscalía de Estado. Por este motivo, la UCR pidió la recusación del letrado aunque ésta fue rechazada por la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial.
Reussi y Bustamante realizaron en los últimos meses varios allanamientos en diversas dependencias del gobierno. De todos ellos hay fotografías donde puede verse a los letrados realizando los procedimientos. El último de estos allanamiento se produjo la semana pasada en las oficinas de la secretaría Legal y Técnica de la Gobernación y generó una posterior denuncia penal. Carlos Reussi allanó la dependencia en busca de tres decretos en el marco de la investigación de la causa por los sobresueldos. Luego de este operativo, el gobernador Miguel Saiz formalizó una denuncia penal contra el Juez de Instrucción a cargo del Juzgado Nº 2 de Viedma, Carlos Reussi, por la presunta comisión de los delitos de Prevaricato y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de Funcionarios Públicos y otros posibles delitos que se advierta en la investigación. En sus argumentos, el mandatario mencionó que el procedimiento se realizó para secuestrar tres decretos que son de dominio público ya que se encuentran publicados en el Boletín Oficial.
Pero del otro lado del mostrador también hay cuestiones pendientes con la Justicia. Varios intendentes y legisladores electos del Frente para la Victoria tienen causas judiciales abiertas. Carlos Soria es uno de ellos. Es de público conocimiento que el gobernador electo de Río Negro enfrenta dos causas en la Justicia federal. Una de ellas relacionada a los asesinatos de los manifestantes Kosteki y Santillán, cuando Soria era titular de la SIDE. La otra vinculada al atentado a la mutual israelita AMIA y a la posterior investigación del juez Galeano. Pero además hay otros dirigentes relacionados con Soria que tienen pendientes procesos judiciales. Luis Albrieu, intendente de Villa Regina, y Carlos Vazzana (presidente del Concejo Deliberante de Regina y legislador electo) están acusados de los delitos de defraudación contra
fondos de la Comuna por la irregular adjudicación de una obra. Ambos tienen pedido de desafuero.
En 2009 comenzó un juicio oral y público contra el intendente de Mainqué, Miguel Patricio, por los delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, amenazas y peculado”. Tras más de 15 meses de juicio, el Superior Tribunal debió pedir el desafuero del Intendente. Otro de los dirigentes que debe rendir cuentas a la Justicia es el intendente electo de Bariloche, Omar Goye, quien se encuentra procesado en la causa ARBOS, en la que la Justicia Federal investiga por una presunta estafa.
¿Por qué de un lado sí y del otro no? La respuesta, según los dirigentes consultados por La Tecla Patagonia, tiene que ver con lo que se planteó al inicio. La “judicialización de la política” y la gran capacidad de reacción de la Justicia ante los cambios. Un tema polémico que deja las puertas abiertas e invita al debate. Desde aquí celebramos que esto suceda.
La nota completa en el Revista La Tecla Patagonia número 67