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Argentina
17 de noviembre de 2011
INQUIETANTE DIAGNÓSTICO

Batalla interna en el ISSN: La caja negra

Los consejeros gremiales acusaron favoritismos, exigieron cuentas claras y cuestionaron a la proveedora de drogas oncológicas, cuyo convenio acaba de prorrogarse pese a la existencia de una causa judicial. Hay más: aseguran que agentes del Instituto terminaron trabajando para una financiera. Millones en danza

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Cuentan que, decidido a arrojar luz sobre los números del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), uno de sus consejeros gremiales -Ariel Tarifeño- le pidió al Tribunal de Cuentas que dispusiera una auditoria contable. Para su sorpresa, la respuesta fue inmediata: al día siguiente el contador Marcelo Berenguer (presidente del Consejo de Administración) le contó que se había enterado. Rápida e inesperada. Así fue la respuesta.
Representante de los trabajadores (y del sindicato de Judiciales, Sejun), Tarifeño es de los que opinan que el ISSN es algo así como la caja negra de los gobiernos de turno. En este caso, el de Jorge Augusto Sapag. Veamos una de sus hipótesis: “No sabemos si el Ejecutivo nos está pagando las prestaciones que reciben los beneficiarios de las pensiones graciables y que representan, dicen, unos 20 millones de pesos al año. El hecho es que nunca se hizo el cálculo y eso nos lleva a pensar que el dinero pudo haberse usado en cuestiones políticas…”
El ISSN es un monstruo de cifras siderales. Al punto que tuvo un presupuesto operativo de $ 1.940.843.375 en 2011 y tiene previsto otro de $ 2.503.849.042 en el proyecto del ejercicio financiero 2012 (que por estos días se estudia en la Legislatura). Cada decisión implica fortunas. Y en ese sentido resulta muy claro el ejemplo que ofrece Berenguer: “Imagine que decidiéramos regalarle una gorra a cada afiliado y que cada una de ella costara 10 pesos. Al multiplicarlos por 200 mil (los beneficiarios son en realidad 204 mil) el gasto se iría a 2 millones de pesos”.
Para Tarifeño, dinero hay. Pero los reclamos de los prestadores -farmacéuticos, profesionales y demás- demuestran que “por ahí hubo atrasos de pagos en pleno año electoral” ¿Se entiende?
Ahora bien. Si efectivamente, Berenguer y los suyos quisieran regalar esas gorras podrían hacerlo, dada su mayoría en el Consejo. Y hete aquí el nudo de la cuestión: son 5 representantes del Ejecutivo contra 4 de los trabajadores (3 por los que están en actividad y uno por los pasivos). Los del sector gremial quieren modificar dicha relación (con el argumento de que siempre se termina favoreciendo al gobierno) y Berenguer habla de una puja política que, por supuesto, existe. “Me hicieron una denuncia y tuve que ir a los tribunales para demostrar que yo quiero cobrar y que le inicié juicios a varios municipios, entre ellos el de Neuquén”, rezongó.
Puertas adentro la lucha es dura, y Stella Maris Romero (consejera de ATE) habla de presuntos favoritismos. “Se les hace un guiño a los prestadores que tienen alguna simpatía con el gobierno”, dice y sin más vueltas acusa: “Uno de los consejeros designados por el Gobernador, Eduardo Vitale, es accionista del Policlínico Neuquén, entidad a la que se le paga en tiempo y forma”.
“El directorio no brinda información. Y recién ahora, cuando estamos por terminar el ejercicio 2011, nos facilitó copias del balance 2010 ¿Le parece?”, agrega. Los consejeros díscolos destacan la cantidad de servicios y elogian al sistema jubilatorio (que tiene unos 16.000 beneficiarios en total), pero cuestionan a la administración. De hecho, Tarifeño imputa lo siguiente: “A la clínica de Rincón de los Sauces se le pagaba entre 16 y 24 mil pesos mensuales, pero desde el año pasado se pagan más de 300 mil”. La misma pertenece al Sindicato del Petróleo y Gas privado que conduce Guillermo Pereyra, y “le brinda asistencia a los afiliados del ISSN, siempre y cuando tenga lugar”.
La lista de presuntas irregularidades es extensa, e incluye a dos que -desde el último año- tienen su correlato en la Justicia penal: el convenio con la droguería San Agustín SRL (proveedora de drogas oncológicas), y el traspaso del sistema de préstamos a una financiera que elevó los intereses al 67% anual. Hasta el día de hoy, ambos conservan su vigencia.
Las drogas
La comunión con la firma cordobesa San Agustín SRL nació en agosto de 2009 pese a que los consejeros del sector gremial advertían algo extraño en las facturaciones. El ISSN venía invirtiendo 3 millones anuales en drogas y tratamientos oncológicos, y con el nuevo sistema pasó a invertir 8 ($ 16.634.880 en dos años).
Está claro que, en salud, los resultados no deben medirse sólo por el gasto. Pero, ya de entrada, los tratamientos comenzaron a ser cuestionados por los beneficiarios, como lo acredita una carta que se publica en este informe.
La controversia derivó en una causa (la N 59459/10) que tramita en el Juzgado de Instrucción N 3, a cargo de Marcelo Muñoz y que por estos días se encuentra en etapa de investigación, con la particularidad de que se ha dispuesto una serie de diligencias tendientes a acreditar la materialidad de los hechos y la posible autoría por parte de los sospechados.
Con denuncia y todo, los representantes del Ejecutivo hicieron valer su mayoría para autorizar un incremento del 27% en los valores que habían sido pactados (esto fue en noviembre de 2010), y para aprobar una prórroga (que se hizo efectiva el 2 de septiembre último).
Hombre del gobernador, Berenguer no anduvo con vueltas cuando La Tecla Patagonia le preguntó por qué se renovó ese contrato: “Porque consideramos que está bien hecho y que es beneficioso para los afiliados”, sentenció. En cambio, Tarifeño asegura que no se cumplió con el compromiso inicial por el que San Agustín SRL también debía suministrar las drogas que están fuera del protocolo.
En respuesta a ello, el presidente explicó: “Le vamos a pasar las nuevas guías para decirle queremos cubrirlas. Si el valor nos conviene, seguimos. De lo contrario, rescindimos el contrato e intentaremos llamar a licitación nuevamente”.
El hecho es que en una reciente presentación judicial, los díscolos denunciaron que los rechazos de cobertura que realiza esa compañía no son firmados por un médico, sino por un subalterno que simplemente escribe “fuera de protocolo”.
Los préstamos
El otro expediente judicial que involucra al ISSN es el N 22.856/10, que tramita ante al Juzgado de Instrucción N 6 y cuyo titular, Alfredo Elosu Larumbe, dijo a este medio que la causa está en etapa de investigación y con pericias en curso. Básicamente trata de establecer si las autoridades incurrieron en un delito al transferir el sistema de créditos a la financiera Apply SA (y su fideicomiso Vapa I) que encabeza la hija del ex ministro de Economía Silvio Ferracioli (hombre del MPN, al igual que Berenguer y su jefe político).
Berenguer ya declaró ante el fiscal, y algo similar ocurrió con Antonella Ferracioli, quien presentó un escrito en el que negó cualquier intervención en un ilícito (o cosa por el estilo).
Pesquisas al margen, la situación es curiosa. Los préstamos lo da la financiera (a tasas que los consejeros gremiales consideran usurarias) pero el trabajo lo hacen los trabajadores del ISSN ¿Cómo? Repasemos la denuncia: la firma de los Ferracioli -apellido archiconocido aquí, en NQN capital- “nació poco antes de que comenzara este sistema de préstamos, y son los mismos agentes los que realizan los trámites, pese a que no tienen la obligación de hacerlo”.
Berenguer argumenta que se llegó a ese sistema porque el Instituto “no lograba cobrarle a sus aportantes (Justicia, municipios, etc.) y estaba casi en cesación de pagos (…) entonces al no tener plata para afrontar las obligaciones, tampoco podíamos prestar”. Hoy las financieras están entregando unos 200 préstamos de 2.000 pesos cada uno, es decir mueven un monto de 400.000 pesos por mes. “Se puede decir que hicieron un negocio a costillas de los afiliados y que era más digno dejar de otorgar créditos”, acusan los detractores.
El presente del ISSN es, como mínimo, extraño. Por un lado tiene erogaciones que podrían reducirse: “Como las de las derivaciones que realiza la clínica de Rincón de los Sauces, y las de los medicamentos que están fuera de protocolo y que termina comprando el Instituto”, acusa Tarifeño. Y, por el otro, sufre cortes por falta de pago. “Ese es el caso de varias de las farmacias del interior, incluidas las de San Martín de los Andes”, acusa Romero.
Cómo la Justicia aún no se expide, no se puede saber si la licitación que ganó San Agustín y el contrato al que accedió la financiera estuvieron “dirigidos”. Lo que se sabe es que pese a todas estas presuntas anomalías, la obra social sigue siendo una de las más importantes del país, y que su presidente ha comenzado a sonar como uno de los posibles candidatos a presidir el Banco de Neuquén durante la gestión que Sapag arrancará el 10 de diciembre próximo.

La nota completa en el Revista La Tecla Patagonia número 66

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