Política Provincial
13 de febrero de 2019
SANTA CRUZ
Denuncian al Fiscal de Estado por los aviones de Cristóbal López
El dirigente del Partido Obrero, Omar Latini arremetió contra Fernando Tanarro. El caso hace referencia al pedido que se aprobó en Diputados para hacer uso del avión del grupo Índalo como sanitario para la zona norte
El pasado 8 de noviembre la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz aprobó la resolución 212/18, y luego fue publicada en el Boletín Oficial la cual solicitaba al Poder Ejecutivo provincial que tramite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del Doctor Julián Ercolini, el depósito judicial de algunos de los aviones del denominado “Grupo Indalo”, propiedad de los señores Cristóbal López y Fabián de Souza, como avión sanitario por la provincia de Santa Cruz.
Ante el paso del tiempo, y no tener respuestas, es que Omar Latini presentó una denuncia contra el Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, en la figura del Dr. Fernando Tanarro.
Según destaca el portal “El diario nuevo día”, el dirigente del Partido Obrero señaló que “como es de público y notorio, el Sr. Fiscal de Estado no ha dado cumplimiento con la Resolución 212/18 y, en ocasión del ejercicio de sus funciones han omitido deliberadamente actos de su específico oficio por los motivos de hecho y derecho”.
En el escrito el denunciante dice que la resolución de la Cámara de Diputados “es el producto de una intensa movilización ciudadana de los vecinos de la zona norte de nuestra Provincia iniciada en Puerto Deseado; quienes han colectado firmas en apoyo a esta requisitoria; y que han logrado que los Concejos Deliberantes de esa ciudad portuaria, de Perito Moreno y de Caleta Olivia; acompañen el pedido con sendas Resoluciones que fueron acogidas favorablemente por los señores Legisladores”.
“Entiendo que ha pasado un tiempo prudencial para la realización del trámite pertinente; sin que hasta la fecha según mi leal saber y entender se haya concretado el pedido correspondiente por parte de la Fiscalía de Estado”.
“Creo que estamos ante una clara situación tipificada en el Artículo 249 del Código Penal: “Será reprimido con multa de pesos setecientos a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.”