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Política Provincial
14 de diciembre de 2018
RIO NEGRO

Duras críticas al gobierno por el proyecto de la Ley de Tierras

El proyecto para modificar el código de Tierras Fiscales que impulsa el gobierno de Alberto Weretilneck suma resistencias y denuncias en la Justicia

Duras críticas al gobierno por el proyecto de la Ley de Tierras
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El proyecto para modificar el código de Tierras Fiscales que impulsa el gobierno de Alberto Weretilneck suma resistencias y denuncias en la Justicia. En este sentido, el legislador Marcelo Mango (Frente Grande - FpV), anticipó a La Tecla Patagonia: “Reabre las puertas a la corrupción con las tierras rionegrinas, porque habiendo al menos 170 causas de corrupción en las fiscalías de Río Negro, muchas de ellas por ventas irregulares de tierras fiscales, el proyecto flexibiliza las condiciones y requisitos que requiere a los privados para esas entregas de tierras”. 

En esta misma línea agregó: “Tampoco contempla cuestiones fundamentales como la protección de recursos hídiricos y glaciares, deja sin determinar la regulación de la minería en las tierras que se entregarán y a su vez beneficia más a los grandes negocios que a los pobladores rurales o los pequeños y medianos emprendedores”.

En referencia a la iniciativa gubernamental, el legislador dijo: “El proyecto que propone el Poder Ejecutivo dispone los instrumentos para otorgar las tierras fiscales pero no prevé ni propone planificación alguna respecto a los destinos más convenientes para las tierras en cuanto a sus fines productivos. Consecuente con el rumbo “PRO” que nuestro Gobernador ha decidido seguir, el objetivo de su proyecto es “enajenar todas las tierras fiscales” como lo dice el artículo 4. No se trata aquí de una planificación estatal para el desarrollo productivo, agrario y/o turístico de la Provincia de Rio Negro sino simplemente de la venta de las tierras”. 

“A su vez, esa venta de tierras es sin criterio alguno y librada a la ley del más fuerte. En el artículo 18 se plantea que la adjudicación de tierras se hará por medio de concurso público sin establecer prioridades. Es decir, no existe disposición alguna que beneficie a las personas físicas o jurídicas que residen en Río Negro, a las comunidades indígenas o a las cooperativas de productores sino que el Concurso Público queda librado a que los grupos económicos más fuertes que pueden financiar proyectos se “apropien” de las tierras fiscales” destacó Mango.
 
“Otro punto del proyecto poco responsable es la disposición de que todas las atribuciones del Estado queden en cabeza exclusiva de la Dirección de Tierras, otorgándole super-poderes a un solo funcionario. No solo no se promueve la participación del Poder Legislativo sino que no se tiene en cuenta ni como órganos de consulta a las organizaciones sociales. Menos aún incluye a los productores y campesinos a los cuales deja totalmente por fuera al eliminar el Instituto de Promoción Agraria (IPA)” amplió el legislador del Frente Grande. 

“Por otra parte, hay una invisibilización absoluta de los pueblos originarios en este proyecto. Existe un proceso histórico de despojo, corrimiento y proletarización forzada de los pequeños productores indígenas y por eso es vital incorporar la cuestión a la legislación vinculada a la tierra poniendo como prioridad la pertenencia indígena. Lo que debe estar es el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas con respecto a la tierra sancionados en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 19), los convenios internacionales al respecto (ej: Convenio 169 OIT), además de las leyes nacionales vigentes (en especial la 26160). Lo único que se observa en el texto es una referencia excepcional a la ley provincial 2287” dijo.

“El artículo 50 plantea que para titularizar las tierras solo se necesitan “dos testigos que se encuentren físicamente en el lugar”. No resultaría muy difícil para muchos privados violar dichos requisitos, es importante que el Estado disponga de mayores exigencias, en especial para la entrega de tierras a privados. A su vez, en el artículo 56 se estipula que si las tierras no se mantiene en producción, el Estado podrá expropiarlas (o sea deberá pagárselas al titular). Estamos diciendo que el Estado va a entregar tierras y que en caso de que los privados no cumplan con lo que dice la ley, los mismos van a ser beneficiados con la compra por parte del Estado de esas tierras que les entregó. Parece absurdo. El proyecto debería establecer la posibilidad de retrotraer la titularización sin pagarle al propietario en estos casos” recalcó.

“Se trata de los últimos manotazos de ahogado del Gobierno de Weretilneck. Así como lo fue la medida de eliminar las PASO sin consenso con el resto de los partidos políticos, esto también se trata de una medida autoritaria desde la debilidad,  sin tener en cuenta cuestiones de vital importancia para la vida de los rionegrinos y sin apostar al debate en la sociedad”,  concluyó Marcelo Mango. 
 

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