12 de septiembre de 2011
RIO NEGRO
Contrataciones del STJ en la mira
La incorporación de Fabio Igoldi como relator y de Gustavo Martínez como auditor general del Poder Judicial generaron comentarios en contra del Superior Tribunal de Justicia de rionegrino
Dos contrataciones realizadas por el Superior Tribunal de Justicia generaron múltiples comentarios durante los últimos días en los pasillos de tribunales de Viedma.
La primera contratación dispuesta por el presidente del STJ, Alberto Balladini, fue la designación como relator de Fabio Igoldi ex juez en el Valle Medio y aspirante a un juzgado penal de Viedma. Su contratación se produjo poco después de la elección de Guillermo Bustamante, concurso al que además se presentó Igoldi, quien hace unos años cumplió funciones de secretario en un juzgado penal de Viedma.
Pero hace unos días corrió la información sobre la contratación a partir de este mes nuevamente de Gustavo Martínez como auditor general del Poder Judicial. El abogado roquense se desempeñó en ese cargo hasta principios de 2009 y se fue con duras críticas a la Justicia y con un pedido de sanción del STJ.
Ahora es el mismo máximo cuerpo judicial que lo reintegra con un contrato a la misma función y mientras se espera el llamado a concurso luego de más de dos años de subrogancia en la Auditoría del camarista penal Pablo Estrabou.
Los comentarios adjudican el regreso de Martínez a la renuncia de Luis Lutz del STJ, contra quien estuvo dirigido el mayor peso de las críticas del recontratado Auditor al dejar su cargo.
En aquella oportunidad y en declaraciones a este diario, Martínez dijo que dejó esa función porque se hubiera sentido "amordazado" actuando bajo la presidencia de Luis Lutz en el Superior Tribunal, y porque temió haber sido visto "como un encubridor de hechos respecto de los cuales siempre he querido marcar la más clara distancia".
Fue además crítico entonces con la demora en una investigación penal sobre el presunto enriquecimiento ilícito del legislador Daniel Sartor, denunciado admnistrativamente por la Defensora del Pueblo.
Del mismo modo cuestionó a Víctor Cufré en ese momento jefe de la Policía, hoy secretario de Seguridad, en el marco de un dictamen que había firmado en torno a la investigación sobre la presunta connivencia entre policías con proxenetas de Roca y Valle Medio.
En su alejamiento de 2009, Martínez habló de la necesidad de informar sobre el pago del adicional judicial MIG y de aclarar gravísimas denuncias que involucraban a autoridades del poder político como el caso Flavors que aún sigue sin una resolución judicial.