8 de septiembre de 2011
LAZOS DE FAMILIA
Un aplazo para Patricia Ruiz
El fiscal Di Maggio la acusó de favorecer a su yerno en contrataciones que van desde la compra de leche hasta el alquiler de autos. La reacción del gobierno, y los detalles de una causa que amenaza con involucrar a más funcionarios
“No está prohibido que un hermano del presidente fuese ministro, pero la decencia lo impide”
(Domingo Faustino Sarmiento 1811 -1888)
Se sabe que las generalidades pueden inducir sin escalas al error. Pero hay frases que se empeñan en conservar eternamente su vigencia y la del maestro parece pertenecer a ese grupo. Es cierto que el caso que pasaremos a abordar no involucra a autoridades de semejante envergadura; pero sí a una funcionaria de primerísima línea que ha sido acusada de perpetrar maniobras non sanctas en supuesto beneficio de su familia.
“Defraudación por administración infiel en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública continuado”. Esta es la acusación que el fiscal Ignacio Di Maggio acaba de formalizar contra la presidenta del Consejo Provincial del Educación (CPE), una de las más grandes estructuras con las que cuenta el Estado neuquino.
El expediente -que entre requerimientos y elementos de prueba ya superó las 350 hojas- avanza a buen ritmo y por estas horas se encuentra en el despacho del juez Mauricio Zabala, quien al ser consultado por La Tecla Patagonia respondió que sigue abocado al análisis de la documentación. ¿De qué acusan a la profesora Patricia Ruiz? Básicamente de tejer una suerte de telaraña para que Sym´s Track ganara licitaciones y accediera a distintos contratos de suministro de bienes y prestación de servicios, en el organismo que ella preside. El hecho es que esa firma comercial -a la que el secretario general de la CTA, Carlos Quintriqueo, tildó de “fantasma”- está a nombre de Aída Wilson, quien es la madre de Diego Gelos y, por ende, su consuegra.
Hay más. Según ha podido establecer el fiscal, Gelos no es sólo el esposo de una de las hijas de Ruiz (de Marlen Ojeda, para ser precisos). También tiene (o por lo menos tuvo) un contrato como asesor contable de la dirección de Administración del CPE, y era empleado del Banco de la Nación Argentina hasta hace pocas horas cuando luego del escándalo lo despidieron.
Los investigadores sospechan que las compras a la compañía de nombre foráneo pueden haber sido varias. Pero por ahora depositaron su lupa en dos. La primera corresponde a la adquisición de leche en polvo instantánea sin fortificación marca Purísima por un precio superior al de mercado. Veamos: el producto que hace dos años se conseguía a $ 12,80 el kilo en los comercios mayoristas de la ciudad capital, se pagó a $ 20,58 en una operación que redondeó los $ 411.534,14.
Aquí como en muchas otras latitudes del país se dice que ciertos proveedores cotizan en alza para amortizar lo que supuestamente “resignan” durante el tiempo que tardan en cobrar. Tal vez sea así, quién sabe. Pero Di Maggio cree que la funcionaria les dio “instrucciones a sus subordinados jerárquicos para que actúen en un sentido determinado” y obligó “abusivamente al Estado a pagar un importe dinerario superior”.
En el expediente no sólo se indica que la oferta de la consuegra fue considerada “la más conveniente”, sino también que Ruiz y Gelos habrían procurado ocultar su parentesco para gambetear planteos que pudieran llegar a complicar las licitaciones. Los investigadores creen que Wilson pudo haber prestado el nombre para que los otros dos pudieran concretar la jugada.
“La pericial contable a proponer sobre los libros de comercio de la imputada Wilson, como asimismo sobre toda la documentación contable que se pueda secuestrar, determinará a ciencia cierta sí estamos o no en presencia de lo que el MPF supone, se trata de una personera o nombre de paja, con la cual se oculta la intervención del contador público nacional Gelos, abusando de la utilización del nombre de su madre, para celebrar con su suegra diferentes contrataciones”, dice Di Maggio en su acusación.
En el rubro automotores habría ocurrido algo, si se quiere, similar. Según consta en la causa, el CPE lanzó una licitación privada (la N 3 de 2009) para alquilar 8 vehículos, uno de los cuales -de cuatro puertas y con motor 2.0- sería puesto al servicio de la Presidencia, es decir al servicio de Ruiz. El organismo invitó a 8 proveedores y la consuegra -que cotizó el total de los renglones en $ 174.780- resultó ser “la única oferente”.
El convenio era por 6 meses con opción a prórroga. Y Paola Yahuar -funcionaria de la Secretaría Privada designada por Ruiz para integrar la comisión de preadjudicación- recomendó que se contratara a Wilson. A raíz de esa y otras acciones Di Maggio trata de establecer si, como supone, Ruiz se aprovechó de su superioridad jerarquía y “ordenó a sus subordinados realizar actos administrativos sucesivos (y relacionados entre sí) que tuvieron incidencia en el resultado del proceso licitatorio a favor de la contratación de su consuegra”. Yahuar no es la única funcionaria que está comprometida en el expediente.
Tras la acusación, el fiscal se siguió nutriendo de pruebas y al ser consultado por La Tecla Patagonia explicó que los rodados sobre los que gira esta parte de la investigación son cinco Corsa, tres Astra y una camioneta, también de la marca Chevrolet. A su vez, fuentes judiciales confiaron que todos ellos figurar a nombre de Wilson y que a juzgar por sus patentes habrían sido comprados en la misma operación.
Hasta aquí, autos y leche. Pero el abanico es más amplio, ya que el último año Sym´s Track también le vendió resmas de papel al CPE. Ahora los segmentos son tres, pero podrían ser más. De hecho, las pesquisas buscan desentrañar si el polirrubros también se extiende a los servicios de publicidad y la comercialización de golosinas. Es más, en esto de la diversificación hay un dato que no debería soslayarse: Gelos también es proveedor de la Municipalidad de Neuquén a la que le ha vendido desde pintura hasta postes para canchas de voleibol. Postes, suena raro, pero es así.
“También estoy investigando sus ventas a la Comuna”, dijo escuetamente el fiscal y mostró una carpeta con copias del Boletín Oficial. Aquí no tendría nada que ver Sym´s Track, pero lo curioso es que el director comunal de Compras y Contrataciones se llama Néstor Gelos. “No existe ningún parentesco entre ellos” aseguraron a este medio en el edificio de Argentina y Roca.
¿Qué hacemos?
Cuentan que mientras arreciaban las acusaciones y crecía la exposición pública de este verdadero sainete, hubo una reunión de cúpula en la que se planteó qué hacer con Ruiz. Dicen que se escucharon expresiones de fastidio por el descrédito que estos episodios generan, y que en determinado momento alguien -no se sabe quién- propuso que saque una licencia y la extienda hasta el límite, ya que diciembre está prácticamente al alcance de la mano y la nueva gestión llegará con cambios.
Pero su situación es compleja y su camino incierto. Hasta hace unas horas estaba a disposición de la Justicia, sufriendo pedidos de renuncia y en condiciones de jubilarse, sin dudas una interesante opción frente al riesgo de ser cesanteada (si es que se la encuentra culpable). Lo que a ciencia cierta se sabe es que el gobernador reelecto, Jorge Augusto Sapag, admitió que el caso generó “preocupación” he hizo ver que el propio gobierno pidió que interviniera Justicia. “Hay un principio en derecho penal que es claro: la presunción de inocencia hasta que una sentencia demuestre lo contrario”, sostuvo para subrayar luego la independencia de poderes. Por su parte, el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, presentó una denuncia para que la Justicia Federal también investigue el caso, aunque evitó mencionar a Ruiz. Di Maggio es el mismo fiscal que en febrero de 2010 sufrió duras críticas del arco opositor, por haber solicitado el sobreseimiento del ex gobernador Jorge Sobisch, en la causa por la que se investigaba la “zona liberada” en Huincul. Los comentarios suspicaces lo vinculaban con el MPN, pero ahora acusó a una alta funcionaria del gobierno y aseguró no haber sentido ninguna clase de presión o sugerencia. En estos días se encuentra de licencia por carpeta y cuando reasuma en sus funciones, a principio del mes entrante, seguirá investigando estos delitos, que contemplan penas de dos a seis años prisión e inhabilitación especial perpetua. ¿El pedido de indagatoria está cerca? “Lo voy a elevar cuando reúna las pruebas necesarias”, respondió ante una pregunta de este medio. En los pasillos de Tribunales se dice que, como viene la mano, eso podría ocurrir antes de fin de año y que Ruiz habría presentado un escrito para comunicar que, efectivamente, está a disposición de la Justicia. “¿La investigación puede seguir para arriba?”, preguntó La Tecla Patagonia y las mismas fuentes retrucaron: “¿Hasta Seguel? No, bajo ningún punto de vista. diría que para abajo”. De ser así, ciertos funcionarios del CPE deberían comenzar a asesorarse.
Señorita Patricia
Ruiz, a quien le conocen militancia emepenista -sobre todo en la zona del barrio Bouquet Roldán- fue designada subsecretaria de Educación el 10 de diciembre de 2007 y quedó a cargo de la Presidencia del CPE. Dos años más tarde, al modificarse la estructura ministerial y renunciar el entonces ministro Jorge Tobares, asumió Ernesto Seguel como secretario de Educación y ella siguió en su cargo. Hoy más que nunca, en el ministerio afirman que la relación entre ambos ha sido exclusivamente laboral. “Como presidenta del ente autárquico, ella es la responsable de todas esas licitaciones” dicen en sintonía absoluta con la respuesta que la gestión Seguel le dio a un oficio judicial: “Ruiz tiene a su cargo el manejo, cuidado y administración de los fondos dinerarios del organismo”. La “Señorita Patricia” también tiene un cargo de maestra primaria en la Escuela 121 de la ciudad de Neuquén y es una mujer amable que suele hablar con tono pedagógico. Lo evidenció cuando en julio último este medio la consultó sobre el tema que hoy la tiene a mal traer y dijo: “Tengo familiares, tengo amigos, vivo en Neuquén…Si hay alguna ilegalidad tendrán que denunciarla con algún tipo de papeles y nosotros tendremos que responder ante la Justicia (…) Lo que sí quiero que quede claro es que no hay ninguna ilegalidad”.Aquella charla fue en su despacho. Ahora atiende su celular, pero sólo para decir: “No voy a hablar del tema”. Su yerno ni siquiera contesta los mensajes de texto (pero nadie asegura que siga teniendo el mismo teléfono).
Sym´s Track
Según consta en los documentos que obran en la causa, las constancias de inscripción de impuestos y las copias de facturas acreditarían que el debut de la empresa que preside la consuegra coincide con el desembarco de Ruiz en la conducción del CEP. La empresa tiene domicilio en Independencia 786 de Neuquén capital, donde hoy funciona la zapatería “La Económica”, consagrada a los “trabajos en el acto” y los cambios de cierres de carpas.
Sym´s Track ya no está ahí, pero se entiende que alguna vez estuvo. De hecho, esto es lo que en su requerimiento escribió el fiscal: “Conforme los dichos del propietario del inmueble utilizado por Wilson para fijar su domicilio fiscal ante la AFIP”, fue la hija de Ruiz “quien acompañó a su esposo Gelos en la búsqueda del inmueble donde instalaron el establecimiento con la licencia comercial de una agencia de lotería”.
Testigos declararon que Diego celebró el contrato de locación y que Marlene habría sido quien se ocupó de pagar los alquileres. Más aún, hasta habría atendido el negocio de la familia. Hay algo llamativo en cuanto a la relación de la pareja: el fiscal dice que están legalmente casados, pero en Educación comentan que aunque residen bajo el mismo techo, aún no habrían formalizado. Parece chusmerío barato, pero quizá no lo es. De hecho, Di Maggio le pidió a Zabala que requiera el acta de matrimonio. Papeles al margen, lo que se presume en todo esto es que el precio de la leche y el alquiler de los autos pueden llegar a ser sólo la punta del ovillo. Algo así como el extremo visible de una verdadera madeja, cuyo monto en pesos surgirá de las pericias contables. Por lo pronto, se comenta que el fiscal que aplazó a Patricia podría comenzar a investigar otras líneas para establecer sí el CPE también celebró con Sym´s Track contratos para la limpieza, refacción, construcción o reformas de edificios a lo largo de la presente gestión. El educador sanjuanino también solía decir que “Lo escrito permanece”. Y es lo que está escrito en las facturas de esta compañía lo que permanece bajo la lupa de la Justicia. Curioso ¿no?
La nota completa en el Revista La Tecla Patagonia número 56