7 de julio de 2011
GRABADO DE AUTOPARTES
Un negocio sobre ruedas
Chubut busca combatir el tráfico de autopartes a través de una ley donde se beneficia a empresas privadas. Las denuncias de la oposición apuntan a una pérdida millonaria para las arcas provinciales
Con el objetivo de regular y controlar el delito y venta de autopartes de origen desconocido, el gobierno del Chubut implementó mediante la ley I-387 el grabado de partes móviles de los vehículos, convirtiéndose en la primera provincia en el país en poner en marcha el novedoso sistema. Pero la normativa contiene algunas cuestiones que benefician el negocio de empresarios en perjuicio de la población y la Policía provincial.
En el texto de la ley que se promulgó a fines de 2008 se detalla el procedimiento a realizar al momento de efectuar el grabado de número de dominio en partes de automóviles, y se establece: “Los automotores que procedan a realizar la verificación física deberán obligatoriamente grabar seis avas partes de la carrocería, por única vez”. Posteriormente se destaca que la Policía de la provincia del Chubut percibirá por los trabajos de verificación sólo el cuarenta por ciento de lo recaudado.
El perjuicio para la Policía provincial radica en que ellos son los encargados de llevar adelante el trabajo en sus plantas verificadoras, pero el mayor porcentaje queda en manos de compañías que solamente proporcionan el material técnico. La ley dice que: “El grabado se hará a través de las empresas concesionadas y autorizadas por el ministerio de Gobierno y Justicia”. La firma concesionada es “Sorensen SRL”, una empresa que ejerce sus actividades y tiene domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires hace 35 años.
En 2010, el ministerio de Gobierno entregó a las Plantas de Verificación 30 aparatos computarizados que tienen la capacidad de grabar mensualmente 3.000 vehículos. Teniendo en cuenta que en una planta como la de Trelew el trámite tiene un costo de $ 130,50, las ganancias alcanzarían la suma de $ 391,500 por mes. De acuerdo al porcentaje establecido, el Estado provincial pierde aproximadamente $ 234,900 mensualmente.
La Tecla Patagonia dialogó con el diputado provincial Roberto Risso (UCR), que denunció: “Cuando uno va a la ley se encuentra que tiene términos como que hay que hacer un convenio con una cámara y no especifica cuál es el organismo para hacer el grabado de autos, leyendo la ley pareciera que se determinaría lugares especiales para esto. La cámara o la empresa interviniente se lleva el 60 por ciento de todo lo que se recauda, cuando empezamos a averiguar resulta que este servicio lo hace Policía con personal propio que se capacita para eso en las dependencias de la fuerza”.
Risso manifestó en la Legislatura Provincial la ineficacia de la ley y propuso su derogación ante el ministro de Gobierno Héctor Castro como representante del Gobierno provincial, y explicó: “Este tema surge de la interpelación a Castro por un problema que se generó en Comodoro Rivadavia con la revisión técnica, porque es la ciudad que más autos vende; cada vez que hay que vender un auto usado hace falta la revisión técnica que verifica el número de serie, los motores y demás. Antes era un trámite rápido que a veces lo hacían las mismas concesionarias, pero a partir de que se firma este contrato esto se complicó”. Como respuesta de Castro, Risso dijo que el funcionario desconoció el tema y lo remitió al texto de la legislación.
El legislador radical añadió: “Resulta ofensivo para la Policía. Esto es inmoral, primero por el malestar que provoca en la gente, y en la Policía que no tiene autos, no tiene equipamientos, no tiene los elementos mínimos para funcionar; hay que ver dónde hacen la revisión técnica y resulta que esta empresa no sé por qué razón se lleva el 60 por ciento”, ante esta situación, dijo: “Hemos presentado un proyecto pidiendo la derogación porque es leonino ese contrato”. Al ser consultado sobre cuál es la propuesta alternativa, respondió: “Estamos en un proyecto para derogar la ley, si se considera necesario y conveniente que todo lo que se recaude vaya a la Policía para equipar a la fuerza. Qué sentido tiene que una empresa se lleve el 60%, si hay que comprar los aparatitos. Todo lo demás que lo haga la Policía y que cobren ellos. Y que la gente sepa que cuando va y deposita esa plata va a equipamiento policial, no que se lo lleve una empresa porque es una avivada”.
La nota completa en el Revista La Tecla Patagonia número 47