Puente, la financiera chubutense en la mira de la Justicia
En marzo pasado, La Tecla Patagonia publicaba las sospechas sobre los manejos de la empresa contratada por la Provincia para colocar deuda. Ahora, se conoció una investigación de una revista especializada que da cuenta de las supuestas operaciones irregulares
En marzo pasado, La Tecla Patagonia publicó las sospechas sobre los manejos de la financiera encargada de la emisión de deuda chubutense. La nota en cuestión decía: “La Provincia emitió 617 millones en Letras del Tesoro. La empresa que tuvo a cargo la organización fue Servicios Financieros Puente investigada por los organismos de control en la gestión de CFK por evasión vía cuentas suizas y panameñas
La provincia de Chubut hizo una nueva colocación de deuda mediante Letras del Tesoro. En la operación, la financiera Puente actuó como organizador y colocador junto al Banco de Chubut. Se adjudicaron 617 millones en tres plazos diferentes”, indicaba la nota publicada en marzo pasado.
A su vez agregaba: “Durante el Gobierno kirchnerista (2014) los organismos de control y el Banco Central tenían en la mira los movimientos de la compañía por supuesta evasión vía cuentas suizas. Se sospechó de la voluntad que mostró la financiera de extender sus negocios en Panamá.
Puente, que fue fundada en 1915 pasó a concentrarse exclusivamente en sus actividades de trading, banca privada e inversión. Además, es conocida por ser la principal colocadora de deuda de la la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma.
Además, durante varios años el hijo menor de Massera formó parte del directorio de la financiera Puente Hermanos que hoy ostenta la categoría de banco y concentra sus negocios en la colocación de bonos de provincias y empresas, actividades por las que es investigada en la justicia”.
Ahora se conoció que mediante una revista especializada que la Comisión Nacional de Valores investiga a Puente por colocaciones financieras en el mercado a tasas muy altas, en claro perjuicio de los estados provinciales.
La investigación también sobrevuela la idea de que haya funcionarios que se beneficien con la operatoria de negociar activos públicos a un valor y cobrarlos a otro.