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La Tecla Patagonia
Redacción
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Pacto Fiscal: Alicia aprieta pero no ahorca
La firma del acuerdo con Nación le quita fondos a la provincia y habrá menos plata para los municipios. Los planes del Gobierno y el reclamo de los intendentes para subsistir
La primera actividad que llevó a cabo la Gobernadora Alicia Kirchner al volver de su licencia fue la firma del Pacto Fiscal acordado entre las provincias y el Gobierno Nacional. Dicha rúbrica había sido retrasada por la provincia, representada por el vicegobernador, Pablo González, en el encuentro con el Presidente, hasta el regreso de la mandataria y el posterior análisis de la propuesta elaborada desde la Casa Rosada.
Lejos de la rebeldía que caracterizó al Gobierno de Alicia en el inicio de su gestión en su relación con el Ejecutivo Nacional, la delicada crisis económica de la provincia obligó a rever su postura, y terminar 2017 con más acuerdos que diferencias entre las gestiones.
“Este consenso implica una merma o reducción en los ingresos de la provincia, pero creemos que con inteligencia y tratando de buscar un núcleo de coincidencias y cuáles son los valores que unen a la provincia, que es
un poco el espíritu del Acuerdo Social Santacruceño, vamos a resolverlo”, indicó al respecto el secretario de Estado de Gobierno e Interior, Martín Chávez.
Pese a no decirlo abiertamente, desde el oficialismo aseguran que la firma tuvo que ver con una extorsión por parte del Gobierno Nacional, que arrinconó a las provincias envalentonado por la victoria electoral de octubre y en busca de marcar la cancha política para los próximos dos años de gestión de Mauricio Macri. “Son las reglas del juego”, comentan desde adentro, a regañadientes.
Sin embargo, la mandataria provincial jugó su carta y, junto con la firma del Pacto Fiscal, solicitó una nueva ayuda al Gobierno Nacional para afrontar los compromisos salariales que le depara el fin de año.
Las consecuencias hacia abajo
Los primeros que sufrirán las consecuencias del acuerdo son los municipios, ya ahogados por la precaria situación de la economía provincial, dependiendo de los envíos de Nación, y con conflictos abiertos por las demoras en pago de salarios a los empleados estatales.
Concretamente, el mayor efecto se verá reflejado en el envío de fondos coparticipables en 2019, donde comenzarán a sentirse los cambios en el reparto. Y allí, los que más sufren son los municipios de mayor envergadura, que ya venían con complicaciones financieras y esta realidad les ajusta un poco más la soga.
Tal cual y como está establecido el nuevo reparto, en el 2018 habrá un superávit de 36 millones de pesos para la provincia, pero para el 2019 se perderán más de 90 millones de pesos, y en el 2020, la sangría se extiende con 247 millones de pesos menos.
Como contrapartida, los intendentes reclaman una modificación en la coparticipación provincial que, por el momento, el Ejecutivo se niega a tratar, por considerar que no hay distribución mejor posible. “Cuando la torta es una sola y es chica, repartirla de forma diferente no soluciona los problemas”, expresó
en su momento a La Tecla Patagonia el vicegobernador, Pablo González. A cambio ofrece una mejor distribución de impuestos que incremente la caja de cada localidad y supla el dinero perdido. La realidad demuestra un futuro complicado para la provincia, que deberá encontrar la forma de evitar que la situación sea aún más delicada.
Nota completa en Revista La Tecla Patagonia Nº 367
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