IPROSS: Un incendio que no se apaga

La decisión del Instituto Provincial de Seguro de Salud (IPROSS) de rescindir el convenio prestacional con la Federación de Clínicas (FECLIR), generó malestar en los afiliados a la obra social provincial y tuvo impacto en la clase política. La disputa por el pago de una deuda por parte de IPROSS y los constantes cortes de servicios por parte de la Federación de clínicas, generaron inconvenientes en el sistema de salud del Alto Valle.

Al respecto, la legisladora Marta Bizzotto (FpV), expresó su preocupación y explicó que “en el conflicto entre el IPROSS y la Federación de clínicas, los que salen perdiendo son los más de 50.000 rionegrinos que están afiliados a la obra social y hoy no tienen cobertura”. Además, agregó que “esta decisión colapsa el sistema de salud pública, ya que los afiliados deben concurrir a hospitales y centros de salud que se encuentran en una compleja situación con recursos limitados por el Ejecutivo Provincial, que ya habría recortado a principios de año, sumado a la gran demanda de pacientes.”

“Los afiliados de IPROSS, que cada mes abonan su obra social, se ven impedidos de utilizar la cobertura, por la falta de responsabilidad y previsibilidad de los funcionarios provinciales que parecen no medir las consecuencias de sus actos, manteniendo cautivos a todos sus afiliados”, sentenció Bizzotto.

Por su parte, el legislador Marcelo Mango, requirió “el inmediato restablecimiento de las prestaciones a los afiliados que todos los meses y al día hacen sus aportes”. A su vez, manifestó que “el gobierno debe dar cuenta por qué retiene fondos de la obra social, que genera una situación financiera que termina impactando negativamente en los trabajadores rionegrinos y familias afiliadas al Ipross."

Los legisladores coincidieron en la necesidad de “exigir una pronta solución y de carácter definitivo, que garantice todas las prestaciones que la obra social debe brindarles a todos los rionegrinos en cada una de sus localidades”.

Por último, expresaron su “repudio a la mercantilización del sistema de salud, que pone de rehén a más de 50.000 rionegrinos, y exigimos a los máximos responsables de la administración provincial mayor celeridad, compromiso y prudencia en las decisiones tomadas, toda vez que el sistema de salud debe garantizarse de manera eficiente, continua y permanente a todos nuestros conciudadanos.”