3 de marzo de 2011
POLÉMICA
¿Dejará de ser un lago escondido?
Los ciudadanos denunciaron que la empresa del magnate británico Joe Lewis no les permite la entrada al lago sin previa autorización. La Justicia falló a favor del acceso libre, pero aún todo sigue igual
El Lago Escondido sigue siendo motivo de polémica. El problema viene por el acceso al espejo de agua. En su momento, los vecinos de la comarca denunciaron que Hidden Lake no les permite la entrada, por lo que la legisladora Magdalena Odarda presentó un recurso de amparo y la Justicia rionegrina falló a favor del libre acceso. Pero hasta el momento, la resolución no fue acatada. Mientras tanto desde el gobierno provincial miran para otro lado .
La causa
En 1996, el magnate británico Joe Lewis compró un predio de 12 mil hectáreas a 30 km de El Bolsón, y construyó una estancia con acceso al Lago Escondido, que bautizó con el mismo nombre que el espejo de agua.
La cuestión es que en 2005, los vecinos de la comarca andina denunciaron públicamente que la empresa Hidden Lake perteneciente al millonario no les permitía la entrada a las costas del lago, exceptuando que hubiera una invitación por parte del establecimiento.
Al conocerse los reclamos, la legisladora provincial por la CC-ARI, Magdalena Odarda, tomó cartas en el asunto, comprobó que efectivamente no se podía acceder al lago y presentó un recurso de amparo ante la Justicia rionegrina. El objetivo de la medida era recuperar el lago para uso público y hacer cumplir el artículo 73 de la Constitución Provincial, que garantiza “el libre acceso a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público” a todos los ciudadanos.
Tras las acciones legales, se inició un proceso judicial que finalizó el 30 de julio de 2009, cuando el Superior Tribunal de Justicia dictó una resolución que fue considerada “emblemática” por reconocer el derecho al acceso público y al goce de los bienes comunes. La misma reconoció la demanda de los amparistas, quienes planteaban además de la servidumbre ofrecida por la empresa y acordada con las autoridades provinciales, el acceso al Lago Escondido por el camino más corto y asequible que se inicia en el paraje Tacuifí, y es el que fue utilizado históricamente.
De esta manera, la Justicia resolvió “fijar un plazo de 120 días para que se cumpla con la señalización y medidas de seguridad, conforme los considerandos, debiendo notificarse a Viarse -Vial Rionegrina Sociedad del Estado- y al Codema -Consejo de Medio Ambiente de la provincia-, bajo apercibimiento de astreintes”. Es decir que los jueces habían determinado que la provincia debía encargarse de las obras de reparación y señalización que fueran necesarias en los dos caminos que conducen al lago, la senda de montaña y el denominado camino de Tacuifí.
Tras el fallo, la empresa y el gobierno provincial presentaron diferentes planteos recursivos, incluso ante la Corte Suprema, que fueron desestimados. Pero la cuestión es que la resolución de la Justicia rionegrina aún no se ha efectivizado.
Los dos caminos
El tema es que hay dos caminos para acceder al Lago Escondido, uno es el sendero de montaña y otro es el paraje de Tacuifí. Y justamente el problema reside en que desde Hidden Lake consideran que el primero de ellos es apto para acceder a las costas del lago, pero además, desmienten que haya una prohibición de ingresar a éste por el segundo, que es el que los amparistas asienten que deber ser el camino de ingreso, ya que no presenta las dificultades que tiene el sendero de montaña.
Ante esta situación, el Superior Tribunal de Justicia verificó ocularmente la senda montañosa. Para ello dos representantes del máximo tribunal realizaron el recorrido acompañado de la legisladora Odarda, representantes de la empresa Hidden Lake y miembros de Codema, Viarse y la Fiscalía de Estado. Luego de la expedición se suscribió un acta donde las abogadas del Tribunal, Silvana Mucci y María Gómez Dionisio, dejaron asentado que el trayecto realizado para llegar a las costas del lago podría demandar entre 8 y 10 horas, y que el mismo puede ser transitado por cualquier persona que cuente con la “mínima aptitud física”. De la expedición participaron 26 personas en total, y solamente Magdalena Odarda no pudo concluir el recorrido de 34 km, porque tuvo un problema con el caballo y se cayó.
Tras la inspección, la legisladora Odarda en diálogo con La Tecla Patagonia explicó que “el sendero de montaña es solamente para personas adiestradas para el turismo aventura, y además es de alto riesgo”, ya que considera que “aproximadamente el 90% de la población no puede ingresar en tres días caminando o a caballo, contratando baquianos. Además hay lugares muy difíciles que implican un riesgo, sobre todo por el hecho de que no se está en estado físico para llegar caminando por eso, es que el lugar es para personas altamente adiestradas”.
Mientras tanto, Nicolás Van Ditma, administrador de Lago Escondido, habló con La Tecla Patagonia y sostuvo que “se demostró que el acceso está garantizado por los dos lados, por el privado y por el público”. Y explicó: “Lo que la señora -por Odarda- quiere es tener acceso vehicular, lo cual es algo diferente y no lo dice en ningún lugar de la ley. Entonces si la señora quiere que el Estado se gaste 80 o 100 millones de pesos en hacer un camino, tres puentes y tener que expropiarnos la tierra porque quiere acceder por la otra punta y hacer 8 km menos, al Estado le va a salir muchísima plata. Así que no deja de ser más que un capricho. A esta señora le reditúa pegarnos a nosotros”.
Ahora resta esperar la inspección que la Justicia llevará a cabo a mediados de marzo pero por el camino de Tacuifí, lo que según Odarda “está originando mucha resistencia por parte de la empresa Hidden Like” y “por eso están intentando hacer campaña de desprestigio, movilizando gente para impedir la inspección ocular, porque evidentemente el privilegio del uso del lago para ellos y para la gente que ellos invitan se va a terminar, porque va a ser un acceso libre y público para todos”. Mientras que al respecto Van Ditmar sostiene que “que la Justicia se va a dar cuenta, aunque ya saben que hay que pasar por 11 propiedades privadas cuyos dueños no quieren que el camino pase por ahí, donde tendrían que expropiar y hacer tres puentes que le van a salir millones y millones al Estado. Entonces cuando se haga la otra inspección vamos a saber esto, que para darle el gusto a la señora tendrán que promover una ley de expropiación y la Legislatura tendrá que votar algo, que nunca va a votar, para que la señora se dé el gusto de llevar como dice ella ‘a mi abuelito y mi hijo de cuatro años’”.
Nota completa en la revista Nº 29 de La Tecla Patagonia