15 de noviembre de 2016
RIO NEGRO
Fondo de Vivienda legislativas: Las casas fantasmas
El presunto desmanejo de sumas millonarias por parte del gremio legislativo aún no fue esclarecido. A la fecha, no hay terrenos ni viviendas y el dinero no está. Se habla de más de $ 20 millones. El sindicato sigue bajo la lupa y la comisión que presidió Pesatti hizo la vista gorda
El escándalo por irregularidades en el manejo de sumas millonarias destinadas al Fondo para la Vivienda y Turismo del Personal Legislativo continúa sin resolución. Se creó para que los empleados del poder puedan acceder a la compra de inmuebles y construcción de viviendas, entre otras cosas.
Se estima que, inicialmente, la disponibilidad de dinero superó los 20 millones de pesos. A seis años de su creación, los adjudicatarios están en veremos, y no se sabe dónde está la plata.
En la mira quedó la conducción del gremio legislativo, que en un primer momento tuvo a cargo la administración de los fondos, y también la comisión de legisladores que se conformó para controlar sus movimientos, presidida por el entonces diputado y hoy vicegobernador, Pedro Pesatti.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia realizó una auditoría que finalizó con resultados lapidarios. La causa quedó en stand by en la Justicia. Hoy, el Fondo está intervenido, pe-ro sigue percibiendo el goteo de los haberes de los trabajadores legislativos. A su cargo se encuentran dos personas de confianza del presidente de la Legislatura.
Flor de escándalo
En el año 2010, la Legislatura aprobó la creación de un Fondo para la Vivienda y Turismo Social del Personal Legislativo, para posibilitar la compra de inmuebles, construcción de viviendas y otorgamiento de créditos, entre otros fines, a empleados del poder. El fondo se nutre con un valor equivalente al 2% de la remuneración de los trabajadores del Legislativo y Órganos de Control.
En su momento, la administración permaneció a cargo de la Asociación del Personal de Empleados Legislativos (APEL), gremio conducido por Alejandro Gatica. Pe-ro, a su vez, el control del mismo quedó bajo responsabilidad de una comisión integrada por legisladores que supo presidir Pesatti.
La cuestión es que, durante los primeros años de funcionamiento, se detectaron presuntas irregularidades en el manejo de estos fondos y, al día de hoy, no hay terrenos, ni casas, ni dinero. Se estima que la disponibilidad de recursos alcanzó una suma que rondaría los 20 millones de pesos. Se ignora qué se hizo con ellos.
El punto es que la reglamentación del Fondo exigía una rendición de cuentas de este dinero público que no se efectuó, pero tampoco se hizo cumplir. Recién a dos años de su creación, cuando la conducción de la comisión legislativa pasó del actual presidente de la Legislatura al diputado Ricardo Arroyo, se solicitaron los primeros informes al respecto. A fines de 2013, ante la presencia de presuntas irregularidades, se suspendieron las transferencias monetarias al gremio, hasta tanto se resolvieran las investigaciones administrativas.
Al año siguiente, ya siendo Pesatti conductor de la Cámara, dispuso la intervención del Fondo para normalizar su situación y, a su cargo, dejó a dos hombres de su confianza: el secretario administrativo del Parlamento, Oscar Porro, y a su par legislativo y actual diputado del oficialismo, Rodolfo Cufré.
Detalles de la auditoría
Frente al escándalo que suscitó el hecho, en 2014, el Tribunal de Cuentas de la Provincia realizó una auditoría y el resultado fue categórico. Las conclusiones están limitadas a la información y documentación que aportó el gremio –que no fue mucha- y a los datos recopilados en distintos organismos públicos y privados. El dato no es menor, teniendo en cuenta que el resultado podría haber sido aún peor. Veamos.
Por ejemplo, en el informe, consta que se verificó la existencia de acuerdos celebrados con personas que no cumplían con el requisito de ser empleados legislativos, cuando el Fondo tenía por finalidad otorgar beneficios a los trabajadores de dicho poder y no para el público en general, como se terminó haciendo.
A su vez, tampoco se cumplió con el artículo en el que se reglamenta que los beneficiarios podían acceder a un solo lote. En varios casos, se les adjudicó más de uno. También se constató la existencia de lotes que habrían si-do objeto de más de un acuerdo de cesión de derechos de adjudicación y fijación de precios.
Además, se verificó que, al celebrar contratos con personas físicas y/o jurídicas, el administrador no verificó la situación legal de estas, lo que llevó a la “suscripción de contratos de compraventa y de cesión de derechos con una sociedad inexistente –GAL S.R.L- al tiempo de la formación de los mismos, lo cual acarrea la nulidad absoluta de dichos actos jurídicos”.
Y la lista de irregularidades sigue. Pero el punto no sólo pasa por el desmanejo de fondos que realizó el gremio, sino también por la falta de controles por parte de la comisión legislativa creada para este fin y la responsabilidad institucional de esclarecerlo. “Mi abuela decía que el que no tiene nada que ocultar, no tiene por qué esconderse”, comentó en dialogo con este medio un dirigente rionegrino.
Casualidad o causalidad, la causa está en la Justicia a cargo del juez Fabio Igoldi, que está suspendido y enfrenta un jury por denuncias que cuestionan su accionar.
DAMNIFICADOS: “Esto se hubiera evitado si la comisión se hubiera preocupado”
Un empleado legislativo, que prefirió mantener en reserva su identidad, le contó a La Tecla Patagonia que él no pudo acceder al beneficio. “El fondo estaba destinado para viviendas, pero también para refacciones y préstamos, y al usarlo en la forma en que lo hicieron, sólo beneficiaron a unos poquitos empleados legislativos”.
Asimismo, comentó que “sólo hubo beneficiarios en la venta de terrenos porque se hizo el negocio de la inmobiliaria, que era propiedad de la mujer de Gatica. Entonces, como el titular del gremio priorizó hacer el loteo, lo único a lo que se podía aspirar era a la compra de inmuebles, a los que solamente accedieron unos pocos que estaban digitados por el gremio. Mucha gente quedó sin poder comprar y se les vendieron a los de afuera, que estaba prohibido”.
Sobre la comisión legislativa que debía controlar la administración del gremio, dijo que “fue un desastre. No controlaron nada. Todo esto se hubiera evitado si se hubieran preocupado”.
En cuanto al motivo por el cual no habrían cumplido con la tarea asignada, señaló: “No sé si fue por descuido u otra cosa. La argumentación es que no se dieron cuenta, pero son fondos públicos que tenían que ser controlados por esa comisión y no se los controló”.
MARCELO FERREIRO (Damnificado): “Hubo denuncias en la Justicia, pero a mi entender están en el freezer”
Marcelo Ferreiro es empleado del Tribunal de Cuentas y accedió al beneficio del Fondo de Vivienda y Turismo. Compró un terreno, lo pagó, y aún no lo tiene en su poder. En diálogo con La Tecla Patagonia, contó que “APEL tenía la obligación de hacer rendiciones de cuentas semestrales de ese Fondo a una comisión de la Legislatura, en este caso, presidida por el entonces legislador Pesatti, dado que eran fondos públicos.
Pasaron más de dos o tres años, y APEL nunca hizo las rendiciones. Aparentemente, nadie se molestó en pedírselas. Esto hasta que cambió el titular de esta comisión por el diputado Arroyo, quien lo primero que hizo fue pedirle la rendición; sino, le suspendía las transferencias de dinero”.
Finalmente, “Arroyo le suspende las transferencias y ese fondo empieza a ir a una cuenta aparte. Y acá se las vio en figurillas, porque tenía un montón de obligaciones que no podía cumplir, ya que habían gastado de más”, siguió contando.
A su vez, Ferreiro dijo que “hubo denuncias en la Justicia. El juez a cargo es Igoldi, que está suspendido por otras cuestiones, con lo cual, a mi entender, eso está metido en el freezer. Vaya uno a saber si es por cuestiones políticas o porque el juez está suspendido”.
ALEJANDRO GATTICA (APEL): “Nunca nos notificaron que hubiera alguna irregularidad”
El titular del sindicato de los legislativos, Alejandro Gatica, remarcó en diálogo con La Tecla Patagonia que “al gremio se le quitó la administración del Fondo de Vivienda porque, según la comisión que tenía que auditarlo, no existieron las rendiciones en tiempo y forma. Todavía nadie detectó ningún tipo de irregularidades”.
En cuanto a que el gremio habría llegado a disponer de una suma cercana a los 20 millones de pesos, proveniente de las transferencias del Fondo, el dirigente negó la versión y sostuvo que “el Estado aportó 8.700.000 pesos a partir del primero de septiembre del 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012, que fue cuando suspendieron las transferencias”.
A su vez, añadió: “Nunca fui convocado ni por la Justicia ni por el Tribunal de Cuentas, ni tampoco fuimos notificados de ninguna auditoría ni nada que se haya realizado”. Sobre las rendiciones, sostuvo que “tienen que auditarlas. Nunca nos notificaron que hubiera alguna irregularidad o tuviéramos que dar una explicación de alguno de los gastos que se originaron en las mismas”.
PEDRO PESATTI (Vicegobernador): “El plazo de presentación de rendiciones está fuera de mi período”
El vicegobernador Pedro Pesatti se refirió al cuestionamiento que se realizó a la comisión legislativa que supo presidir y que debía pedir rendiciones al gremio sobre el uso de los recursos.
En diálogo con La Tecla Patagonia, dijo que “el gremio debía efectuar una rendición el 30 de septiembre de 2011, desde la fecha en que comenzó efectivamente a percibir los fondos, y tenía un plazo para hacerla de noventa días que vencían el día 30 de diciembre del mismo año. Yo integré y presidí la comisión hasta el día 9 de diciembre de ese año, fecha de finalización del mandato; es decir, dentro del plazo que todavía tenía APEL para efectuar la rendición. Poco después del vencimiento del plazo, el 30 de diciembre de 2011, el Presidente de la Legislatura, Carlos Peralta, intima al gremio a presentar la rendición, la que una vez presentada fue remitida a la Comisión de Control, conformada en las sesiones preparatorias de febrero de 2012”.
Y añadió: “Como se verá, los plazos de presentación de las rendiciones por parte de APEL y la responsabilidad de la Comisión de Control están fuera del período en que me tocó integrarla junto al resto de mis pares, legisladores de los distintos bloques que conforman la comisión mencionada”.
Acerca de la investigación del caso por parte de la Legislatura, Pesatti dijo que “la Comisión de Control, tras revisar las rendiciones del gremio y el informe del Tribunal de Cuentas, fue quien remitió a la Justicia las irregularidades detectadas”.
EN LA LEGISLATURA ACTUAL: ¿Modificaciones al Fondo que hacen un poco de ruido?
En abril de este año, ingresó a la Legislatura un Proyecto por el cual se dispuso ampliar el destino del Fondo para la Vivienda y Turismo Social del Personal Legislativo, para facultar “por única vez” a los interventores normalizadores designados, Oscar Porro y Rodolfo Cufré, a realizar todos los actos tendientes a la finalización del Loteo de APEL. De esta forma, se explica que el dinero depositado y el que ingrese a las cuentas bancarias del fondo “será afectado en su totalidad” para finalizar las obras de provisión de servicios e infraestructura necesarias para concluir el loteo.
El punto es que la iniciativa obtuvo solamente el voto positivo del oficialismo. La oposición, por su parte, votó en contra. “El proyecto no nos pareció claro, lo impusieron sobre tablas y sin explicaciones acabadas. En nuestro voto contrario primó el modo oscuro e irrespetuoso de imponerlo, que nos impedía no sólo analizarlo en profundidad, sino también ver qué alcances finales podía importar la medida”, comentó un legislador de la oposición a este medio.
Nota completa en edición Nº 315 de revista La Tecla Patagonia