25 de octubre de 2016
SANTA CRUZ
La provincia se planta al acuerdo minero
La convocatoria nacional para discutir el nuevo pacto divide las aguas en Santa Cruz. Intereses encontrados entre las empresas y el Gobierno. Cada cual atiende su juego
El Gobierno nacional puso primera e impulsó la discusión con las provincias del Acuerdo Federal Minero con el fin de generar las condiciones para el desarrollo de la actividad. Sin embargo, en Santa Cruz pusieron los primeros reparos. Las comunas, el gobierno y las empresas se plantan en un enconado debate. En es-te contexto, cada cual atiende su juego.
Las convicciones de cada sector involucrado se mantienen firmes y las pretensiones de la Casa Rosada, en particular del ministro de Energía, Juan José Aran-guren, pueden significar un nuevo cortocircuito entre Nación y Provincia. Con recelo, se guardan los puntos que cada administración llevará a la mesa de discusión. Legisladores nacionales y provinciales buscan conocer de manera infructuosa los detalles del documento que esbozan en ambas latitudes.
Lo que pide cada uno
La administración de la Provincia, en manos de Alicia Kirchner, ha dado señales de apoyo al desarrollo de la actividad y a las pretensiones de las principales compañías que explotan los recursos en los distintos yacimientos. A pocos dí-as de asumir, se derogó el Impuesto In-mobiliario Minero que promovió el Gobierno de Daniel Peralta. Detrás de eso se encontraba el ministro de la Producción, Leonardo Álvarez, un funcionario que en su etapa de diputado resistió con uñas y dientes al canon y en más de una oportunidad fue cuestionado por su relación con las diferentes operadoras, además de sus negocios en el sector mediante empresas familiares.
Como contrapartida, se estableció la constitución del Fideicomiso para aportes de la Industria Minera, una medida que impulsó el mismo ministro Álvarez y cuyo principal objetivo es la obtención de recursos que son reducidos de los gravámenes que pagan las operadoras. En este orden, y en conjunto con la quita de retenciones realizadas por el Gobierno de Mauricio Macri, en consonancia con la devaluación del peso que produjo un incremento el precio del dólar, las empresas mineras en Santa Cruz resultan más que favorecidas.
En los ámbitos legislativos la lucha recién comienza. Oficialistas y opositores mantienen posturas encontradas a pesar de algunos puntos en común. El desarrollo de la actividad minera, el impacto ambiental y el costo social son los ejes de coincidencia. No obstante, mientras en el Congreso reclaman un trabajo articulado con las distintas operadoras, en la Provincia piden mayor compromiso en las exigencias a las mismas por la dificultad del trabajo en conjunto.
Puertas adentro, en las comunas, el panorama es diferente. Los municipios productores piden una mayor porción en el reparto de los recursos. En la actualidad, son constantes y extensivos los reclamos por el incumplimiento de pactos de responsabilidad social. La pretensión de ampliar el espectro de inversiones es una solicitud de los intendentes que ven retaceados los fondos de Nación y Provincia. Asimismo, el financiamiento de grandes obras de infraestructura y el sostenimiento del empleo local está actualmente en la mira de las autoridades y representantes.
Con todas las cartas sobre la mesa, la Provincia buscará defender sus intereses y evitar las imposiciones del Gobierno nacional a pesar de la denominación del Acuerdo Federal. Los intereses empresariales tienen al ministro Álvarez como un custodio que, en los primeros meses de gestión al frente de la Cartera de Producción, supo dar muestras cabales de su obediencia debida a las operadoras mineras. Mientras tanto, los Jefes comunales y diputados por municipio quieren más recursos, más inversiones y más empleo. La pelea recién comienza y el debate promete ponerse picante.
CÉSAR ORMEÑO (DIPUTADO POR MUNICIPIO LOS ANTIGUOS)
“Debemos tener un beneficio”
El diputado por la localidad santacruceña de Los Antiguos, César Ormeño, dialogó con La Tecla Patagonia acerca de las propuestas de la Provincia sobre el inminente acuerdo Federal Minero. Al respecto, señaló: “Hay muchas cosas para trabajar y abordar. En estos días nos reunimos con diputados de localidades mineras y acordamos que debemos legislar como lo hacen provincias que se empeñan en llevar adelante la misma función que la nuestra en el manejo de los recursos. Nosotros consideramos que las provincias que se encuentran aledañas a estas megaempresas y proyectos mineros deben tener un beneficio diferente al resto. Asimismo, lo que se pueda recaudar en regalías debe ser volcado a las localidades.
Ese es uno de los puntos que consideramos que se deben discutir en la Legislatura y tocar en este acuerdo. También creemos que un recurso tan valioso y no renovable como la minería debe tener un impacto en la realidad particular de la Provincia. Dejando en claro la realidad económica que atravesamos y la responsabilidad que tenemos, no se trata de espantar a estos inversores, sino todo lo contrario, para trabajar mancomunadamente y en beneficio de los municipios. Por eso hay puntos fundamentales, como la quita de las retenciones mineras, que debe repercutir en las provincias que desarrollen esta actividad”.
“En Santa Cruz solamente tenemos un fideicomiso”
El diputado por el pueblo de Puerto Deseado, Carlos "Chiche" Santi, dialogó con este medio sobre los lineamientos del Acuerdo Federal Minero y aseguró: “Todavía no hay ninguna propuesta concreta. Considero que las provincias que acuden a la convocatoria tendrán sus iniciativas, acá solamente hay un fideicomiso que se hizo con las empresas mineras que se encuentran en explotación. Eso es un avance y Santa Cruz es una de las pocas provincias que lo tiene”.
Nota completa en la edición impresa nº 312