30 de diciembre de 2015
SANTA CRUZ
Conclave entre el Gobierno y dirigentes de ATE
La ministra de Desarrollo Social, Paola Vessvessian y su par de Gobierno, Fernando Basanta, se reunieron con Olga Reynoso y el Señor José Navarro, referentes del sindicato
Tras el encuentro el Gobierno emitió un comunicado donde expresó que “la irracionabilidad del gremio ATE hacen imposible arribar a un resultado satisfactorio para la sociedad santacruceña”.
Por lo tanto “están limitando el normal desempeño de un Ministerio para dar respuesta a los sectores más necesitados y vulnerables de la sociedad; y además le quitan la posibilidad de arreglar su situación a aquellas a las que la gestión anterior les dio una supuesta posesión de empleo”, explicaron.
Ante esta situación se lamentaron por la conducta del gremio, y lo incitaron “a deponer su actitud y pensar en las personas afectadas realmente en sus ingresos y que con ello perjudican a la totalidad de la sociedad santacruceña”.
Asimismo, a través del documento recordaron que “ATE reclamaba el ingreso de personas al Estado Provincial, que fueron supuestamente acordadas durante la gestión del anterior Gobierno Provincial a través de la entonces Ministra de Desarrollo Social Gabriela Peralta. Esto ha perjudicado a muchas personas que seguramente actuaron de buena fe”.
En este marco, “el Gobierno Provincial y ATE habían acordado la firma de un Acta Acuerdo en la cual se establece el compromiso por parte del gobierno provincial de revisar, en un plazo no mayor a un mes, desde la fecha de firma, nominalmente caso por caso e individualmente la situación jurídica de las personas afectadas y dar la solución”, explicaron.
Por lo que, añadieron que el Gobierno Provincial “había asumido el compromiso de atender y procurar la resolución de las situaciones sociales que ameriten una respuesta acorde a cada realidad, además de analizar la situación jurídica de posesión de empleo buscando una respuesta lo más justa posible”.
Pero resaltaron que “ATE no aceptó lo mismo, exigiendo una asistencia de $4.000 para cada persona sin tener en cuenta el grupo familiar y la situación social de cada una, y además no quieren comprometerse a la no toma de edificios públicos”.