15 de octubre de 2010
VILLA LA ANGOSTURA
Inician causa penal contra el intendente
El jefe comunal, Ricardo alonso, y el ex secretario de Planificación, Carlos San Martín, fueron imputados por “abuso de autoridad” por autorizar a la empresa Cerro Bayo a realizar una huela transitable en el lote Uboldi. La medida tomada iría en contra de leyes provinciales y nacionales
El intendente Ricardo Alonso y el ex secretario de Planificación, Carlos San Martín, fueron imputados en una causa penal por “abuso de autoridad” tras firmar autorizaciones, que irían en contra de lo dispuesto por distintas leyes provinciales y nacionales, para que la empresa Cerro Bayo realizara la apertura de una huella transitable dentro del lote Uboldi.
Un grupo de vecinos de Puerto Manzano, denunciaron a fines de agosto en la fiscalía irregularidades en la autorización a la empresa Cerro Bayo para abrir una huella transitable y realizar apeo de árboles en el lote Uboldi. El argumento fue que estando en vigencia la ley de Nacional de Bosques, no se podría haber autorizado nada.
Los fiscales Juan Pablo Balderrama y Adrián Delillo comenzaron la investigación y solicitaron informes al Concejo Deliberante, al Municipio y a la delegación de Bosques Provincial. Además, la semana pasada la fiscalía secuestró todos los expedientes referidos a Cerro Bayo.
Al analizar la información, la fiscalía entendió que en cuatro resoluciones de autorización relacionadas a la huella transitable se obró en contra de varias leyes provinciales y nacionales sobre Medio Ambiente.
Tres fueron firmadas únicamente por el ex secretario de Planificación, Carlos San Martín, y otra por el intendente Ricardo Alonso. Motivo por el cual quedaría imputado en la causa.
Las disposiciones emitidas por el Ejecutivo irían en contra de la ley provincial de Defensa del Medio Ambiente, la Constitución Provincial, la Ley Provincial de Bosques y la Ley Nacional 26631 de Presupuestos Mínimos para la preservación de Bosque nativo.
El figura penal sería “abuso de autoridad”, que se aplica cuando un funcionario público dicta una resolución contraria a las leyes o cuando usa mal esa autoridad. La pena es de hasta 2 años de prisión excarcelable-y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.