14 de julio de 2015
PODER JUDICIAL CHUBUT
Un presupuesto con poco peso
Representantes de diversos organismos judiciales aseguran que la situación económica es crítica y hablan de la necesidad de una “independencia real” de poderes
La situación económica y presupuestaria del Poder Judicial en la provincia de Chubut se agrava con el correr de los meses. Hay deudas millonarias con los proveedores; no pueden cubrir vacantes y menos generar nuevos cargos. Tan crítico es el cuadro que incluso los principales referentes judiciales hablan de una afectación en el funcionamiento y piden una “independencia real” de poderes.
Hace tres años que no cuentan con presupuesto aprobado. Las partidas de dinero para pagar alquileres, viáticos, sueldos y el funcionamiento diario, llegan a cuenta gotas. Hay proveedores que ya no les venden, e incluso, gastos mínimos como el arreglo o mantenimiento de los autos que utiliza el personal jerárquico que no pueden solventarse.
La gravísima situación generó una reunión entre el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi; representantes de la Asociación de Magistrados y del gremio Sitrajuch que nuclea a los empleados judiciales con quienes el Ejecutivo tiene además una histórica deuda salarial.
En este marco, Panizzi pidió una audiencia con el gobernador, Martín Buzzi, para plantear la crítica situación que está atravesando el sector. El presidente del máximo tribunal provincial fue más allá e incluso hizo alusión a una “falta constitucional” que podría derivar en la intervención federal. Rápidamente sus colegas del STJ y los gremios salieron a desechar la intervención.
Panizzi expresó: “El Estado Federal puede intervenir la provincia según el artículo 5 de la Constitución nacional. Para que se avance en este aspecto, tiene que haber un informe que diga que no se está cumpliendo con el servicio de Justicia, es el último recurso y de extrema gravedad institucional. No es lo que deseamos, pero si las cosas se agravan, en algún momento vamos a tener que tomar una decisión”.
“Nosotros no generamos bienes ni producimos rentas. Nosotros prestamos un servicio que hay que costear. En toda la provincia hay Juzgados de Paz, dependencias de la Defensoría, la Fiscalía, y eso hace que nosotros tengamos vehículos, traslados y demás que hoy no se pueden costear con el dinero que tenemos”, dijo.
En tanto, señaló que “hay otra cosa más importante que tiene que ver con el cercenamiento presupuestario e implica una grave afectación de las dependencias del Poder Judicial porque el presupuesto no es ni más ni menos que una política judicial prediseñada y la falta de éste es una infracción constitucional”, señaló el titular del Superior Tribunal de Justicia. Por ahora la intervención fue descartada.
Lo concreto es que hace tres años que el Poder Judicial no cuenta con presupuesto propio aprobado, sino que viene reconduciendo los presupuestos anteriores. La situación se agrava por la deuda que vienen arrastrando con los proveedores que alcanzaría los dos millones de pesos.
El Procurador general, Jorge Miquelarena, dio precisiones en cuanto a números. En este sentido indicó que “lo presupuestado para este año era de aproximadamente 262 millones de pesos y el presupuesto reconducido que nos han dado es de 242 millones de pesos, más o menos 20 millones de pesos menos de lo que habíamos diseñado para este año. Estos 20 millones tienen que ver con los nuevos cargos que uno prevé que va a necesitar”.
El alarmante estado de las finanzas del Poder Judicial preocupa y mucho a todos sus integrantes, quienes piden que se arbriten los medios necesarios para garantizar el normal funcionamiento. A esto se suman las vacantes que faltan cubrir en los distintos estamentos judiciales que también afectan el desempeño y que provocan demoras en las resoluciones. El caso más claro es el del Superior Tribunal de Justicia que está funcionando con sólo tres miembros.
JOSE LUIS RONCONI (SITRAJUCH): “Mantienen a la Justicia en conflicto”
El secretario adjunto del gremio Sitrajuch, José Luis Ronconi, aseguró que “los presupuestos del Poder Judicial apenas al-canzan el 5%, y la no aprobación general es un condicionamiento”.
En este sentido el gremialista agregó que el “Poder Judicial debería ser autónomo a la hora de fijar su presupuesto. Nos llama la atención la actitud del Ejecutivo de mantener
permanentemente en conflicto al Poder Judicial”.
En ese orden pidió que se reduzcan las 84 cuotas en las que pretende hacer efectivo el pago de la deuda que la Provincia mantiene con los empleados producto de aquel acuerdo firmado por Blas Meza Evans con la Asociación de Magistrados.
“El Ejecutivo dice que quiere pagar en 84 cuotas una deuda que generaron ellos; es inentendible que los trabajadores tengamos que financiar más de cinco años al Estado”, se quejó Ronconi.
También dijo que “el único aumento que los judiciales tuvimos el año pasado fue de un 15 por ciento”.
Mencionó además que en 2015 se de-preciaron un 25 por ciento los salarios judiciales.
ALEJANDRO PANIZZI (Pte. STJ): “Nos manejamos generando déficit”
Desde el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, su titular, Alejandro Panizzi, pidió una audiencia con el gobernador, Martín Buzzi, y dio a conocer los “graves problemas” de funcionamiento en el Poder Judicial a partir de que “es el tercer año consecutivo que no se aprueba el presupuesto que enviamos”.
En este contexto recordó la importancia de la partida para el funcionamiento de las distintas dependencias. “El presupuesto no es más ni menos que la expresión de una política judicial prediseñada. La falta de presupuesto es antes que nada una infracción constitucional”.
El funcionario indicó que actualmente están funcionando con una suma fija “exigua” de 600 mil pesos por semana. “Nos manejamos generando déficit. Ya hay un déficit de 10 millones de pesos, que se incrementa porque el taxímetro sigue corriendo”.
En este marco reflexionó que el “aseguramiento del servicio de justicia es un mandato de la Constitución Nacional. Si esto no se cumpliera, el Estado Fede-ral puede intervenir la provincia”. Sin em-bargo aclaró que esta posibilidad “es una medida de último recurso y de extrema gravedad institucional. Nosotros no ame-nazamos con eso, y es lo que no deseamos, pero en algún momento tendremos que decir basta”, concluyó.
La respuesta del Poder Ejecutivo
El que habló sobre la situación presupuestaria del Poder Judicial fue el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, quien señaló que “no son presupuestos distintos” y que “no se aprobó el presupuesto general”.
En este sentido contestó a los reclamos de diversos funcionarios de la Justicia. Expresó Touriñán que “no es que se tiene un presupuesto que está guardado. La visión que se tiene, a veces, desde la Justicia es que la plata la tenemos guardada en un cajón y que no se la damos porque no queremos”.
El ministro recordó en este contexto que el 90% del presupuesto de la Justicia se destina a sueldos y el 10% a funcionamiento.
JORGE MIQUELARENA (Procurador Gral.): “Sin dinero no se puede investigar”
En febrero de este año, el titular del Ministerio Público Fiscal envió una comunicación al gobernador, Martín Buzzi. En la misma expresaba las dificultades presupuestarias y advertía que “sin dinero no se puede investigar”.
La nota comienza: “Me dirijo al Sr. Gobernador en ocasión de las severas dificultades presupuestarias y de tesorería que enfrenta el Ministerio Público Fiscal que dirijo, con la finalidad de documentar debidamente la situación y exigir soluciones concretas a nuestros pedidos”.
Agrega: “Conocido es por Ud. que hace varios años que el presupuesto del Poder Judicial no tiene aprobación legislativa. Ello, de por sí restringe toda posibilidad de planificación estratégica y crecimiento institucional. En esto debemos destacar la marcada contradicción entre el discurso político que exige mejor calidad de respuestas al Poder Judicial sobre todo en el ámbito de la justicia penal, al tiempo que no trata ni aprueba el presupuesto de este Poder del Estado, herramienta fundamental de las finanzas públicas para el correcto funcionamiento institucional”.
El documento agrega: “Sin dinero no se puede investigar. La persecución de los delitos y la identificación de sus responsables requiere erogaciones dinerarias”.
Por último expresa que “el manejo de la tesorería estatal tal como lo viene haciendo el Poder Ejecutivo (...) resulta ilegítimo y contrario a Derecho en tanto y en cuanto pone en jaque la capacidad de respuesta del organismo que dirijo”.
Nota completa en edición Nº 250 de revista La Tecla Patagonia