30 de septiembre de 2010
CERCADO POR EL CASO SOSA
El dilema de Peralta ¿Marche preso?
Los constitucionalistas Daniel Sabsay y Félix Loñ coinciden en que el incumplimiento del fallo de la Corte mandaría al Gobernador al banquillo. Pero los delitos son excarcelables
La trama de enredos y conflictos que se escribe por estos días en Santa Cruz reconoce un guión atrapante, tres protagonistas centrales y un enigmático desenlace, con dos escenarios posibles e igualmente complicados para el Gobernador. Tanto que uno de ellos incluye la posibilidad de que se pida su detención.
Luz, cámara, acción… La historia reconoce su prólogo en los años del neoliberalismo vernáculo cuando, allá por 1995, el entonces gobernador Néstor Kirchner reformó la estructura judicial de esa provincia y eliminó la figura que encarnaba el -desde entonces- ex procurador Eduardo Sosa.
La Procuración quedó literalmente partida en dos: un agente fiscal, por un lado, y un agente defensor, por el otro. Y Sosa, que impulsaba la investigación de los honorarios que había percibido un estudio por su gestión en el cobro de 535 millones de pesos por regalías petroleras mal liquidadas, quedó literalmente afuera e inició un reclamo judicial.
Tras el capítulo inicial (y alguna que otra escena interesante), la historia transcurrió por un período de ostracismo, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó al gobernador Daniel Peralta que restituyera a Sosa en su cargo. Su negativa hizo el resto: le dio categoría de “asunto nacional” y planteó un conflicto de poderes, cuya resolución no estaría a su alcance. “Está claro, son los jueces vs. el matrimonio presidencial”, murmuran en el Congreso.
Es precisamente en el Congreso donde se escribe uno de aquellos desenlaces posibles. Dispuestos a cascotearle el pago chico a los K, legisladores de la UCR, el GEN, el PRO y el Peronismo Federal, presentaron un proyecto intervencionista (que sin embargo no ha generado tantas adhesiones como esperaban y es por eso que evalúan una intervención “acotada”, sin desplazamiento de las autoridades).
Con la posibilidad de intervención instalada, la Presidenta lanzó su ironía: “No importa, le damos asilo político en la Casa Rosada”, dijo Cristina.
El otro escenario es menos conocido, pero decididamente ingrato para el destinatario de esa frase, ya que lo tendría como imputado, primero, y como condenado, después. ¿Peralta preso? Podría decirse que la posibilidad existe pero, llegado el caso, no sería tan así, ya que tratándose de delitos excarcelables cumpliría su condena libre. Eso sí, llevará un manchón en su currículum.
Al banquillo
Será justicia, dice la desgastada expresión popular que viene como anillo al dedo para plantear el capítulo que tendría al Gobernador en el banquillo de los acusados. Veamos: la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ya giró a los tribunales de Río Gallegos la denuncia contra Peralta que, tras algunos nubarrones, ha fortalecido sus lazos con los K.
Su rebeldía es contra el Máximo Tribunal del país, y si la Justicia dispone su detención quedará estéril cualquier planteo sobre los fueros. Así lo aseguró a La Tecla Patagonia el constitucionalista Daniel Sabsay, quien explicó: “Es tan insólito esto que ha ocurrido, que es difícil encontrarle la figura” procesal. “Pero evidentemente ha incurrido en (la presunta comisión) de un delito penal”, dijo, y agregó que “en primer lugar estaríamos ante el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, pero también podría encuadrarse en “desacato y hasta en abuso de poder”.
Los funcionarios tienen inmunidad, pero el paraguas se cae cuando el delito es flagrante, es decir, cuando se ha cometido a la vista de todos. “Entonces no hay necesidad de que se levante la inmunidad”, explicó el constitucionalista.
Apuntó que si la Justicia entiende que ha cometido un delito lo llamará a declaración indagatoria, pero es improbable que requiera su prisión preventiva.
Para el constitucionalista Félix Loñ, el planteo sobre los fueros también resulta estéril, por el simple hecho de que no le servirán al “alzarse” contra una autoridad federal que excede a su jurisdicción. “El caso -dijo- es de extrema gravedad institucional, al punto que no registra antecedentes en nuestro país”.
En su ironía, la Presidenta también habló de federalismo. Pero para Sabsay, quien ha violado ese principio no ha sido otro más que Peralta, ya que ha desobedecido una decisión del orden nacional.
La intervención -sostuvo- está pensada para garantizar el sistema republicano y podría aplicarse. “La confusión radica en que muchos creen que llevaría a la sustitución de las autoridades, pero en este caso no sería necesario”, dijo y agregó: “El Congreso puede disponer que el Procura-dor general haga cumplir el mandato de la Corte, haciéndose auxiliar por la fuerza pública y asegurándose de que una vez en su cargo podrá cumplir sus funciones”.
Para Sabsay “ésta sería la solución menos cruenta”. Pero el problema es que el cargo ya no existe. Además, el Gobernador está convencido de que Sosa “no quiere el bronce”, sino el vil metal. “Cobra 37 mil pesos por mes de jubilación y además tiene una demanda contra el Estado provincial por 5 millones de pesos”,
concluyó.
ota completa en la Revista Nº 9 de La Tecla Patagonia