23 de septiembre de 2010
IRREGULARIDADES EN EL MINISTER
Robo hormiga en familia
Irregularidades de todo tipo se hallaron en la cartera provincial. Varias denuncias radican en la Justicia pero las investigaciones no prosperan. Mientras, el ministro Pega continúa en su cargo
El ministerio de Familia de Río Negro es una de las carteras que más recursos le demanda al Estado provincial y una de las más estratégicas del gobierno. Hoy suma varias causas por irregularidades que fueron denunciadas ante la Justicia, vinculadas al manejo discrecional de los fondos destinados a la asistencia y promoción social. Al frente de ésta, se encuentra el ministro Alfredo Pega, quien en lo que va de su mandato, acumula denuncias penales, una auditoria de Nación por irregularidades en cuentas y hasta un pedido de juicio político. La cuestión es que Río Negro tiene una particularidad con respecto al sistema judicial, que limita su independencia del poder político, y con ello el avance en las causas por casos de corrupción. Y por ello Pega permanece en su cargo, mientras las causas que lo tienen como protagonista ya variaron de una a otra fiscalía, de uno a otro juzgado, y hasta le costaron el cargo a un juez. Ninguna figura judicial quiere tomar cartas en el asunto en una causa que puede costarles caro. Mientras ello ocurre, Familia ya incorporó los allanamientos, las pesquisas, y las indagatorias como parte de su rutina cotidiana.
La primera denuncia
La Justicia rionegrina ya acumula varias investigaciones hacia la cartera que conduce Alfredo Pega.
La primera en denunciarlo fue la titular de la Defensoría del Pueblo, Dra. Ana Piccinini, por dos causas que tomaron estado público en 2008 y que aún están en etapa investigativa. Primero fue por los gastos desmedidos en pasajes oficiales y segundo por la escandalosa contratación que hizo el Ministerio en el marco de programas escolares y comunitarios alimentarios a la empresa Flavors-Massily.
En el primer caso, a la funcionaria le llamó la atención que tras haberse gastado más de 1,6 millones de pesos para octubre de ese año, el Ministerio había pedido una ampliación de partidas para ese fin. Y cuando comenzó a investigar, se llevó algunas sorpresas.
Piccinini expuso en la denuncia que por día viajaban unas 16 personas con el trayecto Viedma- Buenos Aires. Pero pese a sus reiterados pedidos al ministerio de Familia para que presente las planillas con los nombres de los beneficiarios y la documentación que acredite su condición socioeconómica, nunca recibió esa contestación, lo que motivó un allanamiento. Pero a la fecha, la Justicia rionegrina aún no tomó una resolución definitiva.
El segundo caso fue más grave. Piccinini denunció irregularidades en los programas “Comer en Familia” y “Comedores Escolares y Comunitarios”. Mediante una contratación que demandó al Estado 80 millones de pesos, la empresa Flavors -Massily, del grupo empresario Matas, proveía la comida preelaborada de los programas que alimentaban a 80 mil niños en la provincia. El problema es que los productos que proveía no eran aptos para el consumo humano. La misma denunciante los calificó de “repugnantes”, ya que contenían desde gorgojos hasta ratas. Los dichos de Piccinini fueron avalados más tarde por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que reveló que esos productos preelaborados “no cumplían” con el Código Alimentario Nacional, y no había relación entre lo que declaraban los rótulos de sus envases y su composición.
Lo peor es que pese a que el Fiscal de Investigaciones administrativas había ordenado a Pega que retirara a esa firma de la lista de proveedoras del Estado, éste desoyó la orden y permitió que esa firma se presente como única oferente, por otra licitación de 150 millones de pesos. Por este caso, se inició una investigación en la Justicia provincial, que aún está en veremos, pero también hay una causa que tramita la Justicia Federal, por Delito contra la salud pública, contra la propiedad y contra la fe pública que fue presentada por legisladores justicialistas, ya que se comprobó que la empresa entregaba leche con rótulos de la marca Deshifood, pese a que esa marca había dejado de proveerle a Flavors. Por ello se habla de una adulteración de la marca. Las dos causas apuntan contra los propietarios de las firmas Flavors y Masily y también contra el ministro de Familia, Pega, y de Salud, Cristina Uria.
Más denuncias
Meses después, también apareció una denuncia que fue presentada por legisladores a causa de los programas de Becas de capacitación entregadas por el ministerio de Familia provincial y financiadas con recursos del ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Según las denuncias, las becas que debían ser otorgadas a personas sin acceso a una capacitación, se otorgaban a funcionarios, punteros políticos, dirigentes sociales y barriales, presidentes de la juventud radical, de los comités, punteros y todas sus familias, entre otros.
Entre 2006 y 2008 en estas becas se invirtieron más de 60 millones de pesos. Por ello es que el Estado se opuso a dar a conocer esos listados, pese a los constantes reclamos de difusión por parte de varios legisladores.
Hasta el propio ministerio de Desarrollo Social de la Nación, conducido por Alicia Kirchner, posó la mirada sospechosa en el ministerio de Familia. En junio de este año, se realizó un nuevo allanamiento a raíz de una auditoría que realizó la cartera nacional. Y nuevas irregularidades aparecieron en escena. Esta vez fue por la presunta comisión de un robo hormiga. La inspección puso la mira en la ejecución del programa “Somos Parte”, que se financia con fondos nacionales. Encontraron adulteración de facturas de proveedores en el área de Promoción familiar, con el objeto de lograr el aumento de los montos a certificar. Por ejemplo, los inspectores detallaron la existencia de facturas de compra de dos guitarras en las que en la original constaría el pago de 400 pesos y en la copia rendida se agregaría un cero para convertir la compra en 20 elementos, por lo que el total de ésta pasaría a ser de 5.400 pesos. Pero esa operación aparentemente se repitió en varias oportunidades. También encontraron enmiendas y correcciones en boletas, CUIT inválidos o inexistentes, domicilios falsos. El monto que implicaron estas irregularidades no fue calculado. Pero aseguran que las cifras también son millonarias.