10 de marzo de 2015
ENRIQUECIMIENTO DE URANIO
Sigue el rechazo al polémico plan
La audiencia pública sobre el impacto ambiental del proyecto para poner en marcha el Módulo Experimental del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu no disipó las dudas de distintos sectores. Continúa el debate
El proyecto de reactivación del Módulo Experimental de Enriquecimiento de uranio en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu sigue dando qué hablar. En noviembre del año pasado el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordenó a la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia realizar la audiencia pública, tal como lo establece la ley. Esto luego de que desde la Unión Cívica Radical se interpuso un amparo debido a que el gobierno habría intentado omitir la instancia de debate ciudadano. El punto en cuestión es el estudio de impacto ambiental, que aún despierta incertidumbre.
Oposición y desconfianza
El Complejo Tecnológico Pilcaniyeu se encuentra bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Bariloche. El proyecto que se pretende llevar adelante es el enriquecimiento del uranio para producir combustible más limpio y eficiente, para los reactores nucleares de potencia, lo que generaría energía a costos muchos menores.
La polémica discurrió cuando hace un año atrás, la titular de la CNEA, Norma Boero, anunció que estaba previsto dar comienzo a la iniciativa. El tema fue que ante el inminente anuncio del inicio de las actividades, las autoridades provinciales dieron por aprobado, a través de la resolución Nº 010/2014, el estudio de impacto ambiental, omitiendo las normas vigentes.
Entre ellas, el llamado a una audiencia pública, donde “interesados y afectados” tenían la posibilidad de exponer su opinión.
En este marco, el diputado radical Alejandro Betelú solicitó en agosto pasado la nulidad de la resolución y la realización de la instancia de debate a la Justicia. Tres meses después, el máximo órgano judicial de la Provincia consideró el amparo y ordenó a la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable convocar la reunión para analizar el polémico proyecto.
A fines de febrero de este año el organismo del Estado cumplió con la resolución judicial, y concretó la audiencia en la localidad de Pilcaniyeu, donde la CNEA presentó el plan y detalló el estudio de impacto ambiental elaborado por el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue.
Funcionarios de la entidad explicaron que la reactivación cuenta con la autorización de la Autoridad Regulatoria Nuclear y que se adecuó a las normas ambientales vigentes. También remarcaron que el estudio de impacto ambiental y el plan de gestión ambiental fueron presentados y oportunamente aprobados por la secretaría de Ambiente.
La audiencia también contó con la presencia y exposición de legisladores provinciales. Entre ellos, la del propio Betelú, principal crítico del proyecto. En su alocución mantuvo su postura. Teniendo en cuenta la serie de pedidos de informe que presentaron desde su bloque legislativo al gobierno, criticó las dificultades para acceder a la información sobre la iniciativa.
Además señaló que el “Plan de Gestión Ambiental” de la CNEA “no responde a los lineamientos ambientales, por lo que “solicito que sea revisado y adecuado”, remarcó.
Por su parte, el diputado por el Frente para la Victoria, Alejandro Marinao, defendió la iniciativa y respondió a los dichos de Betelú recordándole que en 2006 cuando se reactivó la propuesta él era parte del gobierno radical y no realizó observaciones al respecto.
Al parecer, la audiencia no esclareció la desconfianza que generó en algunos sectores el plan de reactivación del Módulo Experimental de Enriquecimiento de uranio, y por ende profundizó aún más las divisiones en torno a quienes apoyan y no la iniciativa.
Dina Migani: “Existen opiniones a favor y en contra como en cualquier proyecto”
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, Dina Migani, calificó como “muy positiva” la audiencia pública que se realizó para evaluar el impacto ambiental relativo al proyecto de reactivar el Módulo Experimental de Uranio del Complejo Pilcaniyeu. Esto, porque “participó muchísima gente interesada en el tema. Pensábamos que por ser un lugar alejado, que no es de tan fácil acceso para todo el mundo, habría poca concurrencia, pero participaron más de 500 personas. Y todos los que se anotaron, tanto expositores como autoridades y personas que quisieron expresar su opinión, lo hicieron en un ámbito de total respeto y de escucharnos entre todos”, añadió.
En cuanto a los sectores que se oponen al proyecto debido a la cuestión del impacto social, la funcionaria comentó que “existen opiniones a favor y en contra como en cualquier proyecto. Expresaron su opinión, y todas esas opiniones serán tenidas en cuenta al momento de emitir la resolución ambiental, ya que la empresa tendrá que cumplir con determinados requisitos ambientales en pos de minimizar el impacto”.
Por último, Migani explicó que ahora “el siguiente paso es emitir la resolución ambiental, cumpliendo con el requisito que faltaba a la presentación de cualquier estudio de impacto ambiental. Emitir la resolución donde se cumplió con la audiencia pública, como lo requiere la ley 3266, donde se considerarán determinados requisitos que la empresa deberá cumplir para minimizar los impactos como lo exponen aquellas personas que no están de acuerdo con este tema”.
Propuesta: Betelú propone crear una Comisión Especial de Control y Evaluación
El diputado provincial por la UCR, Alejandro Betelú, hace hincapié en el cumplimiento de las exigencias del estudio de impacto ambiental y con ese fin presentó un proyecto en la Legislatura para crear por ley la Comisión Especial de Control y Evaluación para el seguimiento del proceso de reactivación del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu. De acuerdo a la iniciativa, la Comisión estaría integrada por nueve miembros: cinco diputados (uno por cada bloque), y representantes del Departamento Provincial de Aguas, de la secretaría de Medio Ambiente, del Consejo Asesor Indígena y del Municipio de Pilcaniyeu.
Además tendría por objetivo “supervisar el cumplimiento de la ley M 3266, de estudio de impacto ambiental, de manera previa al inicio de actividades y, en caso de ratificarse su funcionamiento, el seguimiento del cumplimiento del plan de gestión y monitoreo obligatorio a realizarse”. También “tendrá injerencia para supervisar que los mecanismos de participación ciudadana se cumplan de manera previa, recabar la información que se presente y permitir que sea transmitida a los ciudadanos de la localidad de Pilcaniyeu y zona de influencia”.
Sobre la política del dominio de los recursos naturales provinciales y los alcances de la ley de Presupuestos Mínimos General del Ambiente, recordó que “las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan”, y ponderó que “todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre como reservada”.
Nota completa en edición Nº 232 de revista La Tecla Patagonia