15 de septiembre de 2010
SEGURIDAD
Farizano a todo “esfuerzo”
El Jefe Comunal capitalino enfrenta una causa por contratación irregular de una cooperativa. Hay otros funcionarios involucrados y más de 9 millones de pesos en juego
El intendente de la ciudad de Neuquén, Martín Farizano, se encuentra atravesando un proceso judicial que si bien está en etapa de instrucción, no deja de embarrar la cancha en climas de elecciones ejecutivas en 2011. Lo que se inició como una denuncia pública y de carácter político por parte de la oposición capitalina de la ciudad, hoy preocupa a más de uno dentro de la coalición municipal y sobre todo, a sus directos involucrados y perjudicados. El que está más complicado por el grado de su cargo es el responsable directo del municipio, Martín Farizano. El Jefe Comunal está siendo investigado por la Justicia bajo la carátula “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La denuncia realizada por el concejal del MPN Mario Pilatti el 13 de agosto de 2009 ante la prensa originó que el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Pablo Vignaroli, iniciara una pesquisa de oficio respecto a la contratación directa realizada por la municipalidad de Neuquén a favor de la cooperativa Esfuerzo Unido de Valentina Sur Ltda., que desde 2008 a la actualidad presta servicios de vigilancia y mayordomía en las dependencias municipales. Llamativamente, la cooperativa en cuestión está inhabilitada para portar armas, por lo cual, la función se reduce a los serenos. Los otros dos involucrados son el actual edil de UNE y ex secretario de Gobierno, Mariano Mansilla, y el ex secretario de Economía municipal, Carlos Yanes. Luego de la investigación de Vignaroli, el fiscal Ignacio Di Maggio dictaminó que existían méritos para iniciar una causa en el Juzgado de Instrucción a Farizano, Mansilla y Yanes; argumentando que había abuso de autoridad debido a que se violaba la ley provincial 2.141 (de Administración financiera y Control que establece el sistema de administración de los bienes del Estado y el sistema de contrataciones). Desde ese entonces, el juez de Instrucción, Mauricio Zabala, tiene el expediente del caso que se encuentra en etapa de indagatorias.
La polémica contratación
En 2007 se le vence el contrato a la empresa privada de seguridad ELITE SRL, que desde la gestión de Luis Jalil venía brindando el servicio de vigilancia en la municipalidad de Neuquén. Ese mismo año, bajo la intendencia de Horacio Quiroga, la municipalidad tramitó la licitación pública 07/2007 que tenía como objetivo contratar esa prestación para las dependencias municipales. En octubre de ese año, se produjo la apertura de sobres con la oferta económica, y la comisión de preadjudicación aconsejó contratar a uno de los oferentes: la firma Barcelo Carlos José Augusto. Sin embargo, la asignación de ese servicio no se produjo durante el gobierno de Quiroga.
Cuando asumió la actual coalición municipal, el 31 de enero de 2008, el Ejecutivo comunal resolvió mediante resolución 67/2008 dar por fracasada la licitación. Según consta en ese documento, pese a que la Comisión preadjudicataria recomendó a la compañía Barcelo por presentar el menor precio, las direcciones de Auditoría Contable, de Contrataciones y Deuda pública; de Asuntos jurídicos; y de Seguridad y vigilancia de la municipalidad emitieron informes desestimando a la empresa adjudicada por falta de claridad en el cálculo de precios y en otros requisitos que establecía el pliego. En febrero de 2008, mediante el Decreto 325/2008 del municipio, se contrató de forma directa a la cooperativa Esfuerzo Unido de Valentina Sur Ltda. Este tipo de contrataciones deben realizarse bajo la normativa vigente, la ordenanza 7.837/97 sobre Régimen de Contrataciones. El entonces secretario de Gobierno y ahora concejal por UNE, Mariano Mansilla, explicó a La Tecla Patagonia que cuando la gestión Farizano había asumido detectó que el contrato con la empresa del servicio de vigilancia ELITE SRL estaba vencido y se venía prorrogando hace un tiempo. “Impulsamos un sistema del cual estamos orgullosos, donde fomentamos el cooperativismo, ayudamos a generar fuentes laborales y ahorro para la ciudad. Es un modelo que como Intendente, en un futuro, me gustaría aplicar: un Estado donde las cooperativas sean las que presten los servicios públicos en lugar de las empresas privadas” dijo Mansilla.
Una vez que se le adjudicó la concesión del servicio de vigilancia y mayordomía a la cooperativa Esfuerzo Unido, se esperaba que el Ejecutivo preparara un nuevo pliego y llamara nuevamente a licitación. Sin embargo, eso no ocurrió hasta fines de junio de 2009, bajo el número 09/2009, que al momento en que Pilatti realizó la denuncia pública, se encontraba en trámite. El contenido de la licitación había sido dispuesto por el intendente Farizano mediante el Decreto 746/2009 que aprobaba el pliego de bases y condiciones que establecía un convenio de un año con posibilidad de prórroga y un presupuesto de más de 3,3 millones de pesos. En ese momento se señaló como particular el hecho de que no planteara como requerimiento el encuadre de las empresas que ofertaban, dentro de la ley provincial que regula las compañías de servicios de vigilancia y seguridad (Ley 1.752). Y por último, se cuestionaba el hecho de que la empresa adjudicataria iba a tener la obligación de contratar al 60% del personal que prestaba en ese entonces los servicios (los socios de la cooperativa). Por esos tiempos además, el ministerio de Justicia, Trabajo y Seguridad de la provincia emitió una resolución (093/2009), en donde se dictaminó que la cooperativa Esfuerzo Unido no estaba habilitada para prestar el servicio de agencias de vigilancia porque no estaba inscripta en los registros de ese tipo de empresas, resolviendo la inhabilitación y sancionándola con una multa monetaria. Finalmente, ese último llamado a licitación se dejó sin efecto y mediante el Decreto 1.425/2009, el Ejecutivo municipal prorrogó por séptima vez el contrato a la cooperativa por un total de 2.300.000 pesos y hasta marzo de 2010. Actualmente, el servicio se encuentra nuevamente prorrogado por Decreto hasta noviembre de este año en que se produciría la adjudicación del servicio, debido a que hace menos de una semana, se llamó a licitación pública (Lic. 13/2010). Lo que llama la atención en este punto es que la cooperativa no tiene, tal como reconoció su propio presidente, la facultad de portar armas y por tanto garantizar la seguridad del edificio público, tarea para la cual fue supuestamente contratada. En este sentido, el llamado a licitación es confuso ya que éste contempla la contratación de personal para el servicio de vigilancia, no expresando de manera fehaciente que se trata simplemente de personal de maestranza que cumple con la funciones de sereno.
Nota completa en la revista N° 7 de La Tecla Patagonia