10 de diciembre de 2014
DE REMATE
Polémica expropiación, botín a bajo costo
La construcción de las represas sobre el río Santa Cruz desató la polémica por la apropiación de campos en zonas ribereñas. Tierras en liquidación e irregularidades que las autoridades nacionales y
provinciales parecen pasar por alto
La construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sigue generando polémica en la provincia de Santa Cruz. Las denuncias de irregularidades respecto de las expropiaciones de campos lindantes al río homónimo; la intervención del Gobierno nacional y la figura del empresario Lázaro Báez abren un nuevo capítulo donde se ponen en juego millones de pesos ante el comienzo de las obras que ya es casi un hecho.
Luego de las complicaciones ambientales para la región y la demora en la llegada del financiamiento, el inicio de las construcciones ya tiene fecha asignada. En la segunda quincena de enero comenzará a hacerse realidad el proyecto energético más importante de la provincia patagónica. Sin embargo, detrás de ello se esconden irregularidades en la expropiación de las tierras, que desde el Ejecutivo provincial desmienten, pero que poco a poco toman estado público.
En el mes de julio, la Provincia dio el primer paso y comenzó con las expropiaciones ante los juzgados de El Calafate y Puerto San Julián, para tomar posesión de las tierras. Las cautelares, en total 48, presentadas por la Fiscalía de Estado eran parte de las condiciones impuestas por la empresa Electroingeniería para dar comienzo a las faraónicas represas. Este proceso incluye cerca de 10 estancias que eran propiedad de Lázaro Báez, las cuales serán inundadas en una segunda etapa.
Desde Buenos Aires, llegó la orden de avanzar, pese a los acuerdos previos entre funcionarios de la Provincia y los propietarios. Conforme a lo establecido por la normativa vigente, en una primera instancia, la Provincia depositaría en una cuenta judicial el valor del inmueble a precio fiscal más el 30 por ciento. Pero no ocurrió. Polonia Grzegorczyk, una de las propietarias, señaló a La Tecla Patagonia: “Respecto de las expropiaciones no estamos notificados, pero ya está depositado el monto que es un tercio del precio que fue estipulado, que en mi caso corresponde a 60 mil pesos, yo no estoy de acuerdo y por eso iré a juicio, a mí me expropian casi la mitad del campo, que es un campo chico de invierno” (ver cuadro).
A esto se suma la venta a bajo costo de grandes extensiones de tierras, sin ser escrituradas, al multiempresario kirchnerista, Lázaro Baez, en las zonas afectadas para las obras, como el caso de la estancia “La Julia de Fadul”, que pertenecía a la familia del concejal de Río Gallegos, Pablo Fadul.
Estas preferencias hacia Báez despertaron sospechas. El empresario poco a poco fue avanzando en la compra de campos y estancias lindantes a “La Martina”, hecho que causó diferencias entre propietarios en el desarrollo de sus actividades habituales. La oposición salió con los tapones de punta y reclamó que las expropiaciones continúen en las mismas condiciones para todos los afectados.
Tratamiento veloz
Por la Cámara de Diputados pasó raudamente el proyecto 392/14 que fue enviado por el Poder Ejecutivo provincial para modificar la ley que declaró de utilidad pública las tierras linderas al cauce del río Santa Cruz, donde se construirán las represas hidroeléctricas. Se trata de una ampliación de 200 metros del perímetro alrededor del lago producto del embalse.
Parte de la fundamentación de la iniciativa indica: “El área que cubrirán las aguas requiere de la declaración previa de utilidad pública fundada en objetivos e intereses superiores del Estado; tal expropiación no sólo debe considerar el terreno que será cubierto por las aguas y el correspondiente a la represa, sino además aquel que permita resguardar la integridad del dominio público que constituirá la represa y el cuerpo de agua que se forme”.
En referencia a la pertenencia se menciona que una vez expropiadas las tierras, el anterior propietario no tiene ningún derecho sobre ellas, revalidando, además, que la obra de las represas “se construye a cuenta y orden de la provincia de Santa Cruz”.
Organismos locales, como la Sociedad Rural de Río Gallegos, no son ajenos a estas circunstancias. En este sentido, el presidente de la entidad, Miguel O’Byrne, manifestó a este medio que “el valor de la expropiación es prácticamente nulo”. En este contexto se multiplicaron los reclamos judiciales y no se descarta una presentación en conjunto.
Negocio redondo
Otro de los puntos de esta polémica expropiación es el destino de las tierras y la habilitación de canteras. Si bien está contemplada la zona inundable, poca confianza existe en la zona, del avance de las obras en un futuro cercano. La norma aprobada por la Cámara de Diputados no hace mención a la restitución ante el fracaso de las obras, y el empresario K contaría con grandes superficies destinadas a múltiples propósitos, sirviendo incluso como fuente de recursos para su empresa constructora.
Por el momento, el gobierno provincial anuncia con bombos y platillos las maratónicas gestiones para dar inicio a las obras. Lejos parecen haber quedado los temores que se vislumbraban en el financiamiento extranjero ante el conflicto con los fondos buitre o las rencillas con la Casa Rosada. Las explicaciones a las irregularidades son desmentidas, no obstante, la mediación burocrática no atiende a los reclamos de quienes se ven perjudicados en el pago de las expropiaciones que, dicho sea de paso, tiene como principal regente al Gobierno nacional.
En este sentido, Lázaro Báez sigue apareciendo como beneficiario en cada obra que demanda millones de pesos. El favoritismo pasa por alto el valor de los campos con el beneplácito de Nación.
Los empresarios que llevarán adelante la construcción del complejo hidroeléctrico aseguraron contar con el financiamiento necesario para el inicio y el final de la obra.
El negocio es redondo, como así también las expectativas de los santacruceños. Mientras, el ministerio de Planificación pone en marcha los mecanismos para apropiarse de las tierras linderas al río en la zona donde se construirán las represas, los propietarios reclaman el valor justo de sus posesiones. Los nombres de los favorecidos son conocidos y aparecen constantemente en la provincia de Santa Cruz.
La nota completa en la edición 219 de revista La Tecla Patagonia.