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Argentina
2 de diciembre de 2014
CHUBUT

Minería: El semáforo en las comunas

La Legislatura modificó la iniciativa de Asambleas Ciudadanas. Se suspende la actividad por120 días. El Ejecutivo deberá crear un marco regulatorio y luego se llamará a consultas populares por zonas

Minería: El semáforo en las comunas
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Finalmente la Legislatura chubutense se expresó sobre el polémico tema minero. La mayoría de los diputados decidió modificar la iniciativa popular que rechazaba de plano la actividad en toda la Provincia. En líneas generales se estableció que se creará un marco regulatorio para la actividad y que ésta se habilitará siempre y cuando cuente con “licencia social”. Para esto se instrumentará el mecanismo de consulta popular por región o localidad.

La decisión fue votada por 15 diputados y rechazada por 12 y generó fuertes controversias y cruces con los activistas antimineros ya que sostienen que la iniciativa popular, que fue avalada por 13 mil firmas, no fue votada por el sí o por el no, sino que se elaboró un proyecto distinto.

La discusión continuará, ya que por 120 días se decidió suspender cualquier tipo de desarrollo minero, con el objetivo de que se den las condiciones marco, brindadas por el gobierno provincial para tomar las decisiones. Hasta allí todo igual. La diferencia radica en el artículo 4, donde se estipula la consulta popular, y de forma vinculante. Esto debería ocurrir luego de que se dé el debido debate, para lo cual se dieron los 4 meses de plazo.

Además se establece en el artículo 4 que “previo al inicio de la actividad del aprovechamiento minero metalífero, deberá contarse, obligatoriamente, con licencia social. Para ello se deberá utilizar el mecanismo de Consulta Popular vinculante previsto en la ley XII N° 6 (antes ley Nº 4564), abarcando la región o localidades afectadas por el proyecto de exploración”.
El carácter de “vinculante” establece que la decisión que tome la gente tendrá fuerza de ley. Por otra parte, el debate por el avance, no se dará en toda la Provincia, sino de forma zonificada, es decir sólo en aquellas regiones donde haya yacimientos por desarrollar. En la actualidad son dos los proyectos más avanzados: Navidad, en la zona ubicada entre Gastre y Gan Gan (para la explotación de plata y plomo) y Cerro Solo, localizado en Paso de Indios, para la extracción de uranio.

Para la zona de Esquel, la cosa seguirá igual. No podrán desarrollarse proyectos, ya que sigue vigente la ley 5.001. En 2002 y 2003 se realizaron masivas movilizaciones contra la actividad extractiva, con epicentro en Esquel, donde (plebiscito incluido) se rechazó la instalación de una minera que pretendía extraer oro y se logró aprobar una ley, Nº 5001, que prohíbe la actividad en la Provincia. La decisión de la gente en ese momento seguirá vigente en Esquel.

Volviendo a lo recientemente aprobado por los diputados chubutenses, una de las cuestiones que abrió la polémica fue la posibilidad de modificar el proyecto de Iniciativa Popular, tal como ocurrió. Dentro de esa discusión, aparecían las posturas que indicaban que las normativas de iniciativas populares permitían correcciones, mientras que en el lado opuesto advertían que más que modificaciones se había presentado un proyecto nuevo.

Lo cierto es que del texto original sólo quedó en pie el primer artículo de los seis presentados. Este manifiesta que se tiene por objeto “garantizar el cumplimiento de los principios ambientales preventivos, precautorios, de sustentabilidad (…) como así también garantizar el uso racional y sustentable de los recursos naturales. B) Proteger los recursos hídricos C) Man-tener el equilibrio de los sistemas ecológicos”. Y hay otros puntos sobre los cuidados del medio ambiente.

El resto del artículo fue modificado. Varios de los diputados que expusieron hicieron hincapié en la “inconstitucionalidad” de varios puntos de la iniciativa popular.

La defensa más firme del proyecto finalmente aprobado corrió por cuenta de Argentina “Ika” Martínez (FpV). La diputada puntualizó que había artículos de la Iniciativa Popular que contradecían la Constitución y las normativas del Código Minero. “Encontramos la inconstitucionalidad en varios artículos y nosotros debemos actuar con responsabilidad”. Apuntó que “el Artículo 99 de nuestra Constitución dice que se promueva el desarrollo de nuestros recursos”.

El proyecto votado recibió además el apoyo de varios intendentes de la Provincia y de los gremios petroleros. Los ambientalistas dicen que recurrirán a la Justicia porque claramente el tratamiento de la iniciativa fue irregular. Sostienen que debía votarse a favor o en contra tal como estaba redactada porque al contar con 13 mil firmas de avales no podían introducir modificaciones. Hubo además marchas y manifestaciones en contra de la decisión de los diputados.

El debate minero sigue abierto. Se dio un primer paso pero falta mucho. Ahora el Ejecutivo deberá elaborar un marco regulatorio que luego pasará por la Legislatura. Los antimineros insistirán para erradicar la actividad.


Ambientalistas: Recurrirán a la Justicia

“La iniciativa popular debía ser tratada, pero no con todos los parches que le hicieron, dejándole sólo un artículo, es una burla el resto del contenido del articulado”, sostuvo el referente de la Unión de Asambleas Ciudadanas, Fabián García, tras el polémico tratamiento del proyecto antiminero en la Legislatura.

En este sentido García sostuvo: “Entiendo que aparecerá alguna cuestión legal, porque lo que se hizo fue un mamarracho, habiendo bastardeado la iniciativa. Es una ofensa contra la democracia”. Manifestó el dirigente ambientalista que “nos hemos encontrado con cosas que no pueden ser presentadas en un Juzgado por la ausencia de pruebas materiales, pero son cuestiones que tienen que ver con el patrimonio de cada uno de los diputados, que son muy llamativas”.

En este sentido calificó de “fraude” lo acontecido en la Legislatura. “El proyecto de Iniciativa Popular fue vaciado, sólo le dejaron el título, y la decisión final puso en relieve cómo el poder ejerce presión sobre los diputados y sobre la voluntad de la gente”, explicó.

El proyecto de Iniciativa Popular había juntado más de 13 mil firmas de ciudadanos proponiendo prácticamente la prohibición de la minería en todo el territorio provincial. Pero el FpV impuso su mayoría en la Legislatura para ingresar a la Cámara un dictamen con modificaciones que cambiaba prácticamente todo el proyecto inicial.


Pro Mineros

Intendentes celebran el proyecto

Varios jefes comunales que venían haciendo una activa defensa de la explotación minera en la Provincia festejaron la decisión de la Legislatura de modificar la iniciativa popular que prohibía la actividad y de plantear una zonificación mediante las consultas populares.

Uno de ellos fue el comodorense Néstor di Pierro quien afirmó que “hace 11 años que se viene debatiendo la explotación de la minería metalífera. La decisión de los diputados fue muy buena, porque tenemos que definir este tema. Buscar la licencia social en los lugares donde hay posibilidad de explotar los recursos metalíferos y minerales”.

En este sentido agregó: “Es una decisión acertada porque en la Meseta, donde la gente subsistía de otra forma, la minería es una posibilidad de crecimiento de los pueblos, para darle trabajo a la gente del lugar, que los chicos puedan estudiar y especializarse en una actividad, y no tener que viajar 500 kilómetros, teniendo un recurso tan valioso”, expresó.

En el mismo sentido se expresó Mario Pichiñán, intendente de Paso de los Indios, una de las localidades donde podría llevarse a cabo en un futuro próximo la actividad minera. Pichiñán dijo que la Meseta “necesita tener una alternativa a la ganadería, lo que significaría una expectativa importante”. Puntualizó que en su comunidad la mayoría quiere la minería y que iniciará el debate en la Meseta y en Paso de los Indios.


Cámara de Proveedores Mineros: “La iniciativa era inconstitucional”

El presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Chubut, Gerardo Clavera, valoró la decisión de los diputados que modificaron el proyecto de la iniciativa popular presentado por Asambleas Ciudadanas. Clavera indicó que “era claramente inconstitucional lo que se estaba planteando y a partir de eso había que avanzar en ver cómo se avanzaría en la minería”, dijo. Agradeció que “todos los diputados se pusieron a favor de la minería, la Meseta y el trabajo”. En este sentido agregó: “Celebramos que el Estado llame a debate que es algo en lo que hemos insistido todo el tiempo. Llamaron a debatir y no se presentaron y creo que hay que poner en conocimiento a toda la población para terminar con los eslogans antimineros”, consideró.

Tras los 120 días establecidos y ante las consultas populares que se realizarán después en distintos pueblos en los que podría darse la actividad, Clavera dijo: “Me parece lo más acertado. Ya Esquel se había manifestado en contra de la actividad pero nos tenía de rehén a toda la población por una decisión tomada hace más de 10 años sin querer debatir y lo habían llevado a toda la Provincia. Es-tas 13 mil firmas que juntaron estaban decidiendo por el medio millón de habitantes que somos en la Provincia”.


Nota completa en edición Nº 218 de revista La Tecla Patagonia

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