18 de noviembre de 2014
AL BORDE DE LA DESTITUCIóN
Llega la hora del juicio a José Córdoba
Luego de continuos enfrentamientos, el Deliberante de Caleta Olivia comenzó el juicio político al intendente municipal. Varias denuncias comprometen al Jefe comunal que se resiste al embate de los ediles
Luego de innumerables denuncias y acusaciones cruzadas, el Concejo Deliberante de Caleta Olivia comenzó el juicio político contra el intendente municipal José Manuel Córdoba. El mandamás está comprometido en diecinueve causas que lo ponen al borde de la destitución, quien en este contexto se resiste y con fuertes declaraciones busca quitarle legitimidad al proceso.
Con el impulso del presidente de ese cuerpo, Juan José Naves, y de los concejales Manuel Aybar, Juan Acuña Kunz y Víctor Chamorro comenzó el proceso que busca poner fin a la gestión del caletense. Las causas que comprometen a la administración municipal suman un millar de fojas y éstas tuvieron en los últimos meses un recorrido por la Cámara de Diputados provincial y el Superior Tribunal de Justicia. Ambos poderes desestimaron las peticiones de los ediles, pasando a archivo en la Legislatura y con determinación por parte del Concejo por la Justicia.
En este sentido, y basándose en la jurisprudencia nacional, como así también en normativas nacionales, los concejales tomaron las riendas y comenzaron a enjuiciar a Córdoba. Con este hecho, que no registra antecedentes en Santa Cruz, se abre la puerta a la solución de los conflictos entre distintas intendencias y sus respectivos Concejos. Tal es así que, atentos a esta situación, desde el Municipio buscan restarle importancia al mismo. El Intendente y sus funcionarios manifestaron que no es competencia de los ediles, y que además la función del Concejo era deliberar sobre asuntos municipales a modo de apéndice. Con referencia al pedido de su destitución del cargo, Córdoba respondió que “la remoción o el pedido de juicio político sería una aberración jurídica” teniendo en cuenta “los límites legales que tiene un Concejo Deliberante y que no le son propios”.
Sobre este punto el concejal de la Unión Cívica Radical, Juan Acuña Kunz dialogó con La Tecla Patagonia y manifestó: “El Concejo tiene presupuesto propio, manejo propio y autonomía absoluta, se está pasando por alto la división de poderes. Ellos van a decir lo que les conviene, pero nosotros tenemos que actuar porque la gente está muy enojada” (ver cuadro) .
Una historia sin fin
Fiel a su estilo polémico, el Intendente no dejó pasar el embate de los concejales. Pero aprovechó para pasarle factura a uno de sus princiaples adversarios, el vicegobernador Fernando Cotillo. Mediante un escrito, pidió que también se investigue a su antecesor. A pesar de ello poco dijo de las causas que complican su continuidad al frente de la comuna. Estas incluyen acusaciones de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos, falta de rendición de balances de las cuentas municipales, como así también la venta de terrenos sin haber pasado por el recinto. A esto se suma el pedido de una pericia psicológica.
Las cartas están sobre la mesa y la suerte de José Cordoba podría definirse en el último año de su gestión. Si bien la medida no registra antecedentes, los concejales no darán el brazo a torcer y en caso de desconocer el Intendente la sentencia del proceso, la petición llegará si es necesario a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mientras tanto, en la Provincia miran desde afuera el conflicto, pero el clima se recalienta en la ciudad del “Gorosito”. Córdoba se abroquela a su sillón, sus funcionarios lo defienden. Las acusaciones cruzadas y viejos rencores políticos se convirtieron en una constante, y la gestión municipal se encuentra ante una veintena de denuncias que en caso de prosperar en un juicio político sería un hecho histórico que dejaría al polémico Jefe comunal fuera del Municipio.
Manuel Aybar: “Nos basamos en la jurisprudencia”
“Nosotros llevamos adelante este juicio político dentro de la Constitución y de las leyes vigentes, cuando hicimos la presentación al Tribunal Superior de Justicia donde se detallaban diecisiete denuncias más el pedido de una pericia psiquiátrica para pedir la remoción del Intendente. Mediante una resolución, el Tribunal se declaró incompetente y señaló que quienes debían llevar adelante el proceso político era la Legislatura, y ese organismo municipal es el Concejo Deliberante.
Asimismo nos basamos en toda la jurisprudencia que existe en el país de que quienes llevan adelante estos procesos son los propios Concejos” detalló en diálogo con La Tecla Patagonia el concejal Manuel Alejandro Aybar.
“En este proceso se formaron dos salas, la juzgadora y la acusadora, donde se van a revisar todos los procesos de acuerdo a las leyes provinciales de juicio político” señaló el edil caletense.
En referencia a la competencia del Deliberante, que fue cuestionada desde el Municipio, Aybar manifestó: “El Tribunal Superior manifestó que es una cuestión política, pero no partidaria, porque acá estamos hablando de malversación de fondos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafas y también hay juicios que fueron iniciados por el Sindicato de Obreros Municipales con fallos en contra del Municipio, por no realizar aportes. La verdad es que el In-tendente no está cumpliendo con la ley”.
Osvaldo Cabrera: “Este juicio no afecta al Municipio”
El secretario de gobierno de la Municipalidad de Caleta Olivia, Osvaldo Cabrera, indicó que el inicio de juicio al intendente José Cordoba por parte de los concejales es irregular.
El funcionario manifestó que esta situación se trata de una vendetta política por parte de cuatro concejales que intentan subvertir el proceso institucional de la ciudad, pero que no tienen la facultad para hacerlo.
¨La Constitución Provincial contempla el juicio político para el Gobernador, Vicegobernador, miembros del Superior Tribunal de Justicia y Ministros. Además, agregó que la ley 55 tampoco les brinda esa posibilidad, ni siquiera de interpelar. No es un poder del Estado, el Concejo Deliberante es un departamento deliberante del Municipio que trabaja en conjunto con el Intendente” arremetió Cabrera, quien además enfatizó: “El Concejo Deliberante no tiene facultad, el Superior Tribunal de Justicia ya lo ha dicho en su sentencia, ante una presentación efectuada por este propio Concejo Deliberante, que el Poder Legislativo de la Provincia es el que debe iniciar juicio político, el cual se encuentra reservado para determinadas figuras, si hay un vacío legal, lo debe cubrir la Cámara de Diputados”.
Finalmente, destacó que “este juicio no afecta al Municipio porque no está avalado por la ley, es un hecho irregular y la situación es muy lamentable”.
Juan Acuña Kunz: “El Intendente no está bien”
“El juicio fue iniciado con la sustanciación de diecinueve cargos que se basan en diversas irregularidades que presuntamente configuran delitos. Hay supuestamente estafas y asociación ilícita como incumplimiento de los deberes de funcionario público” manifestó en diálogo con La Tecla Patagonia el concejal de la Unión Cívica radical, Juan Acuña Kunz.
En este contexto, el edil agregó: “En realidad uno de los cargos es el análisis por insanía, porque consideramos que debe pasar un análisis psicológico, el Intendente no está bien. Asimismo se agregaron dos cargos más que incluyen la venta de tierras que no pasan por el Concejo y la malversación de fondos que vienen para obras nacionales que fueron giradas sin conocer su destino, o sea esas dos causas formaron parte de la sustanciación para el sorteo de la Cámara enjuiciadora y juzgadora”.
En referencia al proceso, Acuña Kunz aclaró: “Nos estamos manejando con una Ley provincial, porque las dos instancias anteriores que hemos solicitado, que era la intervención del Municipio por parte de la Cámara de Diputados, los legisladores del Frente para la Victoria ni siquiera dieron lectura al requirimiento, lo pasaron sin más trámite a archivo. Luego, el Tribunal Superior de Justicia lo analizó con más profundidad y lo remitió con una nota y un expediente diciendo que las cuestiones políticas no pueden ser judiciales”.
Nota completa en edición Nº 216 de revista La Tecla Patagonia