1 de septiembre de 2010
MEGAOBRA INCONCLUSA
Edificio judicial de luxe
Estaba prevista una inversión de 85 millones de pesos. El costo final será de 140. La empresa beneficiada es la misma que tiene la concesión del aeropuerto. Irregularidades y sospechas de sobreprecios
Quienes lo pensaron, allá por 2005, buscaron darle al Poder Judicial un espacio que resolviera los serios problemas edilicios padecidos durante décadas, amén de lograr evitar el sangrado de centenares de miles de pesos erogados mensualmente en concepto de alquileres para todos los organismos de la I Circunscripción.
Cuando estaba finalizando 2006, el Tribunal Superior de Justicia giró al ministerio de Obras Públicas de la provincia la documentación técnica base para el llamado a licitación para la construcción del “Edificio Tribunales de Neuquén -primera etapa-”, que quedará emplazado en un predio de Leloir y Entre Ríos, a escasos metros de la Legislatura provincial y del Concejo Deliberante.
El complejo, que en la primera etapa incluiría al fuero penal -juzgados, fiscalías y Cámaras de Juicio- y al sector servicios, estará ubicado entre el Concejo Deliberante y la Legislatura.
Previo a ello, el anteproyecto -contratado con el arquitecto local Jaime Eddi y sus socios Lama-Soler de Buenos Aires- y el Estudio de Impacto Ambiental, tuvieron que ser aprobados por la Municipalidad de la capital provincial.
El edificio comenzó a gestarse en el convenio marco, firmado por el Tribunal Superior de Justicia y el gobierno provincial, en 2005 y fue suscripto bajo la presidencia de Roberto Fernández.
En ese documento, el Poder Judicial se comprometió a abonar las primeras certificaciones hasta cubrir la suma de 14 millones de pesos. Superado ese monto, las certificaciones estarían a cargo del Poder Ejecutivo hasta cubrir una suma similar. Luego, los certificados serían abonados en partes iguales, según se convino.
La Contaduría del Poder Judicial puso a resguardo, al 15 de setiembre de 2006, los 14 millones de pesos para hacer frente a la primera erogación.
La ejecución de la obra quedó a cargo de la empresa Riva SA, que cuenta con un vasto historial de construcciones oficiales en la provincia.
El presupuesto total para la primera etapa se estableció en 85.521.782,12 pesos. Un reajuste posterior lo elevó a los 116 millones y, en la actualidad, el costo del edificio rondará, una vez terminado, los 140 millones de pesos. Es decir casi dos veces más de lo que estaba previsto.
Hubo, en el medio, denuncias de coimas, que fueron impulsadas por el ex vocal Roberto Fernández. Pero lamentablemente no prosperaron a pesar de que el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Pablo Vignaroli, las recogió, no pudo avanzar demasiado y debió cerrar el expdiente por falta de pruebas.
En diálogo con La Tecla Patagonia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Labate, explicó que la primera etapa de la ciudad judicial que contará con una superficie cubierta de 25 mil metros cuadrados, tiene un grado de avance de entre un 40 y un 50 por ciento.
“La mitad del valor de la obra que le correspondía al Poder Judicial se terminó de pagar entre diciembre y enero del año pasado. A partir de allí, la otra mitad le corresponde al Poder Ejecutivo, que tuvo problemas en el pago y generó un retraso de casi un año en la construcción, con lo que la fecha probable de terminación sería diciembre de 2011, según algunos cálculos optimistas”, señaló el magistrado. Esos problemas financieros del gobierno provincial, los salvó, con la obtención de un crédito fiduciario para hacer frente a la parte que le correspondía, según el convenio.
La cuestión del precio final que tendrá el edificio no es menor. Fue el propio Labate quien admitió que “en estos años, desde la aprobación del proyecto a la actualidad, el presupuesto debe haberse incrementado hasta los 140 millones de pesos”.
El Poder Judicial neuquino, según palabras del magistrado, tiene invertida la relación de edificios alquilados -edificios propios, en comparación con otros poderes judiciales del país. Por ejemplo, Neuquén tiene apenas un 15 por ciento de edificios propios, el resto es alquilado. Ello significa, a grandes trazos, que se erogan unos 8 millones de pesos anuales en concepto de alquileres para las cinco circunscripciones judiciales.
El costo del metro cuadrado de los edificios que actualmente alquila el Poder Judicial, varía entre los 20 y 25 pesos, mientras que los que renta la Administración Pública se eleva a los 45 pesos, según revelan fuentes políticas.
“Si bien se puede decir que se va a ahorrar en alquileres, el costo de amortización es muy lento porque es un edificio moderno, que contempla la dinámica de la modificación de los códigos; tiene espacios muy amplios, una circulación distinta, en comparación con los edificios que alquila el Poder Judicial que no fueron pensados para una actividad tan particular como la judicial”, señaló.
El problema edilicio de la Justicia en Neuquén es grave y genera un gasto exorbitante. Por tal motivo se decidió invertir en un edificio propio. Pero lo cierto es que el monto final de la obra hizo ruido entre los legisladores y concejales, quienes analizan varias denuncias por sobreprecios y podrían presentar en los próximos días pedidos de informe respecto a este tema. Por otra parte, que la empresa beneficiada sea Riva SA, una megaconstructora a nivel nacional con grandes antecendentes comerciales en Neuquén, también es materia de análisis de los diputados. La compañía hizo entre otras obras, la remodelación de la Terminal de Omnibus, varios barrios de viviendas sociales, la cárcel de Senillosa, y tiene además la concesión del aeropuerto local bajo la firma Aeropuertos del Neuquén SA. Habrá que esperar para saber si la Justicia decide avanzar en la investigación o queda trabada como las anteriores.
Nota completa en la revista nº 5 de La Tecla Patagonia