1 de septiembre de 2010
LA BANCA INTERNACIONAL
La administracion publica en manos privadas
Desde 1996, el Patagonia es el agente financiero de Río Negro. El proceso de privatización, la administración extranjera y los reclamos de diversos sectores por una entidad estatal
Río Negro es una de las pocas provincias de este país que no cuentan con un banco provincial. Es que el Banco de Río Negro no pudo quedar al margen de la ola de privatizaciones de los ‘90 que, entre otros rubros, hizo que seis bancos provinciales quedaran en manos de capitales privados. Tras un proceso donde cada vez Río Negro iba perdiendo más control sobre la entidad, terminó de desaparecer cuando los capitales privados solo dejaron en poder del Estado apenas el 3% de las acciones. Así, el banco público devenido empresa privada, después de varias fusiones más comenzó a denominarse Banco Patagonia. El Estado, lejos de ser su socio, pasó a ser uno más de sus clientes. Desde 1996 y hasta 2016, Patagonia es el agente financiero de la provincia de Río Negro. Eso significa que ese banco tiene obligaciones que cumplir con la provincia, ya que todo lo que compete a la administración pública, desde el pago de sueldos, pasando por los depósitos de la coparticipación y las negociaciones con proveedores, tiene como mediador al Patagonia.
Desde hace algunos años desde el ámbito político se le está pidiendo al Ejecutivo de turno que gestione para una banca pública, y piden más controles por parte del Banco Central sobre los modos de operar actuales.
Hace pocos meses, el Banco Do Brasil compró a los socios controladores el 51% de las acciones, y así la provincia de Río Negro tiene como agente financiero, nada más y nada menos, que a una transnacional.
El último contrato que firmó la provincia con el Banco Patagonia para actuar como Agente Financiero data de 2006 y tiene como vencimiento el 2016. El primero databa de 1996, también por un período de 10 años.
De acuerdo a ello, la provincia le encomendó a la entidad la prestación de los servicios a la Administración Pública. Eso implica la transferencia y depósito de los recursos de coparticipación federal de los impuestos nacionales, y demás fondos nacionales, en las cuentas corrientes abiertas en la entidad; además de la distribución a los municipios de los recursos de coparticipación provincial.
También el Patagonia se encarga del pago de haberes a los agentes y funcionarios públicos y de la atención de órdenes de pago a los proveedores. El contrato habilita además a la provincia a realizar una fiscalización permanente del cumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios a cargo del banco, teniendo incluso derecho a realizar auditorías, cosa que hasta el momento nunca realizó. Pese a que el contrato preveía acordar con el gobierno la forma de llegar a aquellos lugares que no cuenten con la presencia de esta entidad y utilizar tecnologías que garanticen una adecuada atención de los usuarios, los reclamos que surgieron desde distintos ámbitos políticos dan cuenta de que ello no ocurrió. Por el contrario: a raíz de la privatización del ex banco de la provincia, se cerraron entre 12 y 13 sucursales de los pueblos más pequeños, pese a que el pliego de privatización ordenaba no cerrarlas.
Por ello, y en reclamo de lo que exige la propia constitución de Río Negro -que establece que esa provincia debe contar con un banco público-, legisladores provinciales, concejales de distintas comunas, y hasta un pedido reciente del Defensor del Pueblo reclaman un cumplimiento más riguroso del contrato, y exigen que el Banco Central controle los modos de operar de las bancas privadas.
El primer reclamo formal llegó en 2006, cuando el senador K Miguel Pichetto se opuso a que la provincia contrate al Patagonia. Un año después propuso que Río Negro recupere la banca pública en un esquema asociado con Chubut, tomando la experiencia del gobernador Das Neves que logró recuperar el banco provincial cuando estaba en plena quiebra. La exigencia, en realidad, es que Río Negro vuelva a contar con un banco estatal. La necesidad de una banca pública es manifestada desde todos los sectores políticos de la provincia, pero el Ejecutivo parece hacer oídos sordos.
En diálogo con La Tecla Patagonia la legisladora del ARI, Magadalena Odarda, indicó que la constitución provincial establece la necesidad de tener una entidad estatal. “Para nuestra provincia, es fundamental contar con una banca pública, tal como lo establece la propia constitución provincial de Río Negro. De todos los pueblos pequeños rionegrinos que vieron perder su entidad bancaria -lo cual dejó aproximadamente a 500 personas sin trabajo-, solo Sierra Grande recuperó su sucursal. El resto se quedó por diez años sin sucursal, sin cajeros, en fin, sin ningún servicio bancario. Esto se agrava, porque estamos hablando de la entidad bancaria que es agente financiero del Estado rionegrino, que cobra una suma importante por el servicio que presta, y que dicha comisión la pagan no solo los que viven en las ciudades, sino también los habitantes de esos pueblos que no cuentan con el servicio desde hace años, y que debieron sacrificarse viajando cientos de kilómetros, a veces por caminos de tierra intransitables, para cobrar los sueldos en la ciudad más cercana. La bancarización de los salarios hace que estas distancias se conviertan en un obstáculo insalvable en el ejercicio de derechos constitucionales, como los derechos de usuarios bancarios”, expresó la diputada. En tanto, el presidente del Concejo Deliberante de Luis Beltrán, Martín Doñate expresó: “Es evidente que necesitamos una Banca orientada al sector productivo que sea parte de una política de estado que aproveche la enorme riqueza de Río Negro y que no hemos sabido aprovechar por la acción errática de los sucesivos gobiernos”.
Y agregó: “Existen en el país provincias que no han permitido la privatización de su agente estatal financiero, y han sostenido un banco provincial con objetivos distintos a los del sector privado. En estas provincias (Buenos Aires y Chubut por ejemplo) los bancos son verdaderos órganos de gestión pública en la política de desarrollo ofreciendo líneas de acceso al crédito, a las que no se accede en el sector privado, a tasas preferenciales para los sectores pequeños de la economía, que son los verdaderos motores del crecimiento armónico de la sociedad”. En este sentido Doñate precisó: “El sentido social y solidario de este tipo de instrumento permite que pequeñas y medianas comunidades de la región, puedan tener un servicio bancario mínimo indispensable. Evidentemente hemos retrocedido”.
La discusión está planteada. Río Negro necesita una entidad pública orientada al sector productivo, que beneficie a las pymes locales, que incentive el trabajo. Hoy, tiene, un grupo financiero internacional que ni siquiera opera desde la provincia, sino que lo hace desde la Capital Federal, y que cotiza en acciones en las Bolsas de Nueva York y Tokio.
Nota completa en la revista nº 5 de La Tecla Patagonia