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Miércoles, 18 noviembre 2026
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18 de noviembre de 2026
RIO NEGRO

Dina Huapi: el conflicto por los fondos municipales llegó al Superior Tribunal de Justicia

El Ejecutivo cuestionó que el Concejo Deliberante todavía no haya aprobado los balances de 2024 y 2025 y defendió los procedimientos administrativos de la gestión. La disputa por las atribuciones de cada organismo deberá ser resuelta por la Justicia provincial

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La discusión por el control de las cuentas públicas de Dina Huapi escaló al ámbito judicial y profundizó las diferencias entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. El gobierno municipal cuestionó que todavía no se hayan aprobado los balances correspondientes a 2024 y 2025, mientras que la controversia sobre el procedimiento para validar esos documentos quedó en manos del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ).

El secretario de Gobierno, Hernán Terrens, y el asesor letrado municipal, Tomás Contreras, brindaron una conferencia de prensa para explicar la presentación judicial y responder a los cuestionamientos sobre la administración de los recursos. Desde el Ejecutivo sostuvieron que la documentación fue remitida a los organismos correspondientes y rechazaron que la judicialización tenga como objetivo evitar controles.

El origen de la disputa está vinculado con la interpretación de la Ordenanza 939, que establece el mecanismo para la aprobación de los balances generales. Según explicó Contreras, desde el municipio consideran que la normativa pretende aplicarse de manera retroactiva y que su interpretación puede afectar las competencias que corresponden al Concejo Deliberante.

El funcionario aclaró que una cosa es la presentación de la cuenta general por parte del Ejecutivo y otra es la instancia posterior de análisis y aprobación legislativa. La diferencia sobre cómo debe instrumentarse ese procedimiento motivó la presentación del intendente, el presidente del Tribunal de Contralor y la titular del Concejo Deliberante. La acción, inicialmente caratulada como un planteo de inconstitucionalidad, fue recategorizada por el STJ como un conflicto de competencias.

El Concejo ya fue notificado para presentar su postura y será el máximo tribunal provincial el que determine las atribuciones de cada organismo en el trámite. Terrens y Contreras advirtieron que la falta de balances aprobados durante los primeros años de gestión representa una situación institucional delicada. De todos modos, el secretario de Gobierno precisó que los presupuestos municipales sí fueron tratados y aprobados, y que la controversia se limita a las cuentas generales.

La conferencia también incluyó respuestas por las observaciones vinculadas con la construcción del polideportivo municipal. Terrens afirmó que las licitaciones y actuaciones cuentan con respaldo documental y sostuvo que tanto el Concejo como el Tribunal de Contralor participaron de distintas instancias del proceso. Como respaldo, mencionó notas del organismo de control y una presentación de 184 fojas con información sobre la obra.

Otro de los puntos abordados fue la exención de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) concedida por el Concejo a un complejo de cabañas. El Ejecutivo vetó la medida, pero el cuerpo legislativo insistió con su decisión. Según la interpretación del gobierno municipal, no se habrían cumplido los procedimientos correspondientes, por lo que también remitió los antecedentes al organismo de control.

En medio de las diferencias, Terrens vinculó parte de los cuestionamientos con la cercanía del calendario electoral y reclamó que la discusión política no se apoye en acusaciones sobre el manejo de los fondos públicos. Para defender la gestión, enumeró obras como el centro de monitoreo, el hospital en construcción, el plan director de agua, el polideportivo, el SUM de Ñirihuau y la conexión vial de calle Estados Unidos.

El funcionario insistió en que el municipio no busca eludir la revisión de sus cuentas, sino que pretende que la Justicia establezca cómo deben intervenir las distintas instituciones.

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