11 de noviembre de 2026
CHUBUT
Absolvieron a Guillermo Quiroga en el juicio por los fondos de ATE
La jueza Karina Breckle consideró que no se acreditó una defraudación contra el sindicato por las transferencias investigadas, que superaban los $22 millones. También cuestionó la actuación de la Fiscalía y los fundamentos de la acusación
El secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga, fue absuelto este miércoles en Rawson en el juicio oral por presunta administración fraudulenta de fondos sindicales. La jueza penal Ana Karina Breckle entendió que no se probó la existencia de un delito ni un perjuicio patrimonial para la organización, en una causa que investigó transferencias por más de $22,7 millones entre 2019 y 2023.
El veredicto se conoció en la Oficina Judicial de Rawson, después de dos semanas de debate en las que declararon testigos de la acusación y de la defensa. La investigación había comenzado a partir de una denuncia presentada por afiliados y quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostenía que Quiroga había enviado $22.765.769 desde cuentas institucionales de ATE hacia cuentas personales en distintas entidades bancarias. Para los acusadores, parte de esos fondos se habría destinado a consumos particulares, pagos de tarjetas de crédito, compras, transferencias a familiares y viajes, entre otros gastos que consideraban ajenos a la actividad gremial.
Sin embargo, la magistrada concluyó que las operaciones examinadas no alcanzaban para demostrar una defraudación. En su análisis, consideró que las transferencias respondían a una modalidad habitual de funcionamiento dentro del sindicato, que incluía asistencia económica a afiliados y cobertura de gastos vinculados con actividades gremiales. También valoró los testimonios sobre los mecanismos de control compartido de las cuentas bancarias de la organización.
Uno de los puntos más contundentes del fallo estuvo relacionado con la acreditación del supuesto daño económico. Breckle sostuvo que no se había demostrado que ATE hubiera sufrido un perjuicio patrimonial y cuestionó que la investigación no hubiera otorgado suficiente relevancia a las respuestas del propio sindicato, cuyos representantes habían señalado que el patrimonio de la entidad no había sido afectado.
La jueza también puso en duda la objetividad con la que se desarrolló la acusación. Cuestionó la pericia contable presentada por la Fiscalía, al considerar que su análisis de los movimientos financieros habría estado orientado a sostener una conclusión previa. Además, recordó que la carga de probar el delito correspondía a los acusadores y que Quiroga no tenía la obligación de justificar su inocencia ni de explicar el destino de cada transferencia.
En esa línea, la magistrada objetó que se tomaran como únicos ingresos legítimos del dirigente los haberes que percibía en el Ministerio de Salud. Consideró que no existía impedimento para que contara con otras fuentes legales de recursos y señaló que los consumos registrados en sus tarjetas de crédito tampoco permitían sostener, por sí solos, la hipótesis de gastos incompatibles con sus ingresos.
El fallo incluyó observaciones sobre la denunciante, Claudia Barrionuevo, quien se desempeñaba como secretaria de Finanzas de ATE. Breckle cuestionó que hubiera alegado desconocer movimientos y gastos de la organización por encontrarse en su lugar de trabajo y sin licencia gremial, y entendió que esas circunstancias no la eximían de las responsabilidades correspondientes a su función dentro del sindicato.
La magistrada también se refirió al origen de la denuncia y coincidió con el planteo de la defensa respecto de una posible motivación vinculada con la disputa interna por la conducción gremial. Según expresó, la presentación había sido realizada con la finalidad de desprestigiar a un adversario político en la competencia electoral de ATE para el período 2023-2027. Esa interpretación formó parte de los fundamentos de la absolución.
Durante el juicio, la defensa había sostenido que las transferencias cuestionadas se enmarcaban en una práctica de administración y distribución de recursos utilizada por la organización para atender necesidades de afiliados y financiar actividades sindicales. Los testimonios de representantes de distintas seccionales describieron ayudas económicas, pagos de gastos operativos y entregas de dinero para sostener el funcionamiento de las sedes del interior provincial.
La absolución pone fin al debate oral con una decisión favorable a Quiroga, aunque todavía resta conocer la sentencia completa y determinar si las partes impulsarán instancias de impugnación. El Ministerio Público Fiscal informó que se aguarda la notificación de los fundamentos íntegros del fallo, por lo que aún no puede considerarse cerrado el recorrido judicial de la causa.