10 de noviembre de 2026
LEGISLATURA
Chacras, riego y urbanizaciones: avanza el debate por las tierras en Neuquén
Una iniciativa del Ejecutivo obtuvo despacho con cambios acordados entre los bloques y busca preservar las chacras y la infraestructura hídrica, mientras establece criterios para las urbanizaciones y las inversiones previas
La Legislatura de Neuquén avanzó con el proyecto de protección de tierras productivas bajo riego, una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca ordenar el uso del suelo y preservar las superficies destinadas a la actividad agropecuaria. La propuesta obtuvo despacho por mayoría en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, luego de incorporar modificaciones planteadas por distintos bloques, y continuará su recorrido parlamentario en Hacienda y Presupuesto.
El debate tiene como trasfondo la necesidad de resguardar las chacras y los sistemas de riego frente a la transformación de tierras que, por su aptitud productiva, podrían quedar destinadas a emprendimientos urbanísticos u otras actividades. La discusión apunta a establecer criterios para proteger esos espacios y, al mismo tiempo, contemplar los derechos de quienes adquirieron terrenos o realizaron inversiones con otros objetivos antes de la eventual entrada en vigencia de la norma.
El diputado Francisco Lepore, de Avanzar, explicó que el texto fue reformulado a partir de aportes de las distintas representaciones legislativas. Según planteó, la intención es generar un esquema de ordenamiento territorial que permita sostener y recuperar la producción sin afectar a propietarios que desarrollaron proyectos de acuerdo con las reglas vigentes al momento de concretarlos.
Entre los cambios incorporados figura el reconocimiento de los usos no productivos que ya cuentan con autorización. También se estableció un régimen transitorio para proyectos urbanísticos y subdivisiones que tengan trámites iniciados, así como para tierras adquiridas con esos fines durante los 24 meses anteriores a la publicación de la ley. De esta manera, el proyecto busca definir qué tratamiento recibirán las situaciones previas a la nueva regulación.
Otro de los puntos modificados tiene que ver con la participación de los gobiernos locales. El nuevo texto incorpora mecanismos de consulta y coordinación con los municipios para establecer cuáles serán las áreas alcanzadas por la protección. La cuestión había generado reparos durante el tratamiento, particularmente por las atribuciones que tendría la Provincia para delimitar zonas productivas sin contar con el acuerdo municipal.
El plazo de 24 meses también fue motivo de discusión. Durante la reunión se plantearon objeciones sobre el criterio temporal elegido para reconocer inversiones y proyectos anteriores a la norma. Desde el PTS-FIT-U, César Parra cuestionó que ese límite resulta arbitrario y advirtió que la iniciativa no resuelve problemas estructurales que enfrentan los pequeños productores, como las dificultades de acceso a la titularidad de las tierras y las deficiencias en la infraestructura de riego.
En cambio, Brenda Buchiniz, de Cumplir, consideró que la versión modificada representa una mejora respecto del proyecto original. La legisladora destacó que se incorporaron herramientas para facilitar la regularización dominial, además de líneas de crédito, asistencia económica para pequeños productores y mecanismos de comercialización asociativa.
La votación terminó con despacho mayoritario y el único rechazo del representante del PTS-FIT-U. El texto deberá pasar ahora por la comisión de Hacienda y Presupuesto antes de continuar su tratamiento. Aunque hubo acuerdos sobre varios aspectos, el debate dejó planteadas diferencias sobre el alcance de las facultades provinciales, la participación de los municipios y la capacidad de la futura ley para atender las dificultades que atraviesan los productores.
La iniciativa pone en discusión cómo se protegerán las tierras con potencial productivo en una provincia donde la expansión urbana y el desarrollo de otras actividades pueden competir por el uso del suelo. El desafío legislativo será establecer reglas que preserven la infraestructura hídrica y las superficies bajo riego sin desconocer los derechos adquiridos ni dejar sin respuesta las necesidades de quienes todavía desarrollan actividades agropecuarias.