6 de noviembre de 2026
NUEVO GIRO
Adorni esquiva el enriquecimiento ilícito, pero la Justicia pone la lupa sobre sus dólares
El fiscal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener que el patrimonio del exjefe de Gabinete creció injustificadamente durante su paso por el Gobierno. Sin embargo, pidió que la causa pase al fuero penal económico para investigar posibles irregularidades tributarias.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa que involucra al exjefe de Gabinete deje de tramitarse bajo la hipótesis de enriquecimiento ilícito y sea remitida a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, ante la posible existencia de irregularidades tributarias.
El dictamen sostiene que, con las pruebas reunidas hasta el momento, no es posible acreditar que el funcionario haya experimentado un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de la función pública. No obstante, la decisión no representa un sobreseimiento ni el cierre de la investigación: ahora será el juez federal Ariel Lijo quien deberá resolver si acepta el planteo.
La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y puso bajo la lupa la evolución patrimonial de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, la Fiscalía identificó gastos por 402.578 dólares, de los cuales 374.081 fueron abonados en efectivo.
Además, los investigadores detectaron una diferencia de 43.068.549 pesos entre los ingresos lícitos que pudieron comprobar y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas relevados.
Entre las operaciones examinadas aparecen la compra de un terreno en el country Indio Cuá, las refacciones de esa propiedad, la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Buena parte de los desembolsos se habría realizado en efectivo o mediante la intervención de terceros.
La explicación de Adorni
Frente a los cuestionamientos sobre el origen de los fondos, la defensa de Adorni sostuvo que el dinero provenía de inversiones en Bitcoin realizadas varios años antes de su desembarco en el Gobierno.
Según esa versión, entre 2014 y 2018 el funcionario operó con ocho direcciones de autocustodia y realizó compras de criptomonedas por aproximadamente 200.000 dólares. Posteriormente, habría vendido esos activos por 591.544 dólares, una suma que, de acuerdo con su presentación, conservó en efectivo.
Pollicita consideró que esa explicación no pudo ser descartada con los elementos disponibles. La investigación técnica confirmó que las ocho direcciones presentadas registraron actividad entre 2014 y 2018 y que, al momento de la verificación, las claves privadas estaban bajo control de la defensa.
Sin embargo, el informe de la Policía Federal aclaró que la tecnología blockchain no permite identificar quién controlaba las billeteras en una fecha determinada ni establecer desde cuándo una persona tenía acceso a las claves.
La Fiscalía también reconstruyó los ingresos formales del matrimonio. De acuerdo con los registros de ANSES y ARCA, las remuneraciones acumuladas de Adorni y Angeletti alcanzaron aproximadamente 335.000 dólares hasta 2014 y 493.000 dólares si se extiende el cálculo hasta 2018.
A eso se sumaron compras de divisas registradas entre 2011 y 2015 por un total conjunto de 83.472 dólares. También se incorporó la venta de un inmueble heredado en La Plata por 50.000 dólares.
Para el fiscal, esos antecedentes ubican la inversión en criptomonedas dentro de una escala económica posible, aunque no permiten reconstruir de manera definitiva el origen de cada dólar.
La lupa sobre las operaciones
Aunque consideró que no había elementos suficientes para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito, Pollicita identificó posibles incumplimientos tributarios que podrían exceder una infracción administrativa.
Entre los puntos señalados aparecen la tenencia de moneda extranjera sin declarar, los ingresos utilizados para comprar Bitcoin, la posterior venta de esos activos y diferencias entre la información presentada ante Binance y la declarada ante los organismos públicos.
También quedaron bajo análisis contratos de préstamos cuya efectiva entrega de fondos no habría sido acreditada, así como la omisión de bienes durante varios ejercicios fiscales y la incorporación de información en declaraciones juradas rectificativas una vez iniciada la investigación.
Por ese motivo, el fiscal solicitó que la causa sea remitida al fuero penal económico para determinar si existió evasión en los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales.
El planteo también alcanza a terceros involucrados en las operaciones patrimoniales. Pollicita pidió extraer testimonios para investigar a los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, y al contratista Matías Tabar. Además, solicitó remitir actuaciones al Colegio de Escribanos porteño para que evalúe la intervención de la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
Uno de los episodios que integran el expediente son las refacciones de la vivienda de Indio Cuá. Tabar declaró haber cobrado 245.000 dólares en efectivo y sin facturas, mientras que Adorni sostuvo que las obras demandaron 175.000 dólares y que fueron financiadas con ahorros anteriores.
También se investigó la compra de la propiedad en el country, escriturada en noviembre de 2024 por 120.000 dólares, más otros 5.000 correspondientes al ingreso al barrio privado. Para concretar la operación, el matrimonio habría recurrido a un préstamo privado de 100.000 dólares otorgado por dos mujeres policías.
La segunda adquisición, un departamento con cochera en Caballito, se concretó en noviembre de 2025 por 230.000 dólares. Según la documentación incorporada, 30.000 dólares fueron aportados en efectivo y los 200.000 restantes se financiaron mediante una hipoteca privada.
De esta manera, la investigación sobre el patrimonio del exfuncionario toma un nuevo rumbo. La hipótesis de enriquecimiento ilícito perdió fuerza ante la imposibilidad de demostrar que los fondos se originaron durante su desempeño en la función pública, pero las sospechas sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales siguen abiertas.
La última palabra sobre el cambio de fuero la tendrá Ariel Lijo. Si acepta el planteo fiscal, la Justicia penal económica deberá avanzar sobre el origen de los fondos y determinar si existieron maniobras de evasión tributaria.