6 de noviembre de 2026
RIO NEGRO
Allen se quedó sin referéndum para definir la continuidad de Marcelo Román
La consulta popular prevista para este domingo no se realizará luego de que se vencieran los plazos para organizarla y el intendente vetara la nueva ordenanza de convocatoria. Además, la Justicia rechazó el intento de una impulsora de la revocatoria de intervenir en la causa judicial
La revocatoria de mandato del intendente de Allen, Marcelo Román, quedó sin una fecha definida para llegar a las urnas. El referéndum que debía realizarse este domingo 8 de noviembre no podrá concretarse luego de una serie de obstáculos institucionales y judiciales que terminaron por frustrar la convocatoria. A eso se sumó el veto del jefe comunal a la nueva ordenanza que buscaba establecer la consulta popular.
El proceso había avanzado con la recolección de más de 4.700 adhesiones, según los impulsores de la iniciativa, y debía continuar con una votación para que los vecinos resolvieran si Román debía permanecer al frente del Municipio. Sin embargo, el primer llamado realizado por el Concejo Deliberante fue suspendido por la Justicia, que cuestionó el instrumento utilizado para convocar al referéndum: consideró que debía hacerse mediante una ordenanza y no a través de una resolución.
Aunque el cuerpo legislativo avanzó posteriormente con la sanción de una nueva ordenanza para cumplir con ese requisito, los tiempos administrativos y de organización impidieron sostener la fecha prevista. Finalmente, Román vetó la norma, por lo que la consulta quedó sin una convocatoria vigente y sin un nuevo día establecido para su realización.
En paralelo, este jueves 5 de noviembre se conoció otra resolución judicial vinculada con el conflicto. El juez Matías Lafuente, titular de la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N.º 15 de General Roca, rechazó el pedido de Silvina Cantero para incorporarse como tercera voluntaria al expediente que enfrenta al intendente con el Concejo Deliberante. También desestimó la medida cautelar que había solicitado para preservar la continuidad del procedimiento revocatorio.
El magistrado entendió que haber promovido la iniciativa ciudadana no le otorgaba, por sí solo, legitimación para intervenir como parte en un litigio entre otros actores institucionales. En su resolución sostuvo que Cantero no había acreditado un interés jurídico propio y diferenciado que justificara su incorporación al expediente. También consideró improcedente que, mediante una cautelar, se buscara que la Justicia interviniera en la regularización del procedimiento y en la fijación de una nueva fecha para la consulta.
La vecina había propuesto el 13 de diciembre como alternativa para realizar el referéndum. Sin embargo, Lafuente rechazó ese planteo y advirtió que avanzar sobre cuestiones que corresponden al Concejo Deliberante podía afectar la división de poderes. La resolución también le impuso las costas judiciales y reguló los honorarios de su abogada en cinco JUS.
El alcance de este último fallo debe distinguirse de la discusión de fondo por la revocatoria. La decisión de Lafuente se limitó a la intervención de Cantero en ese expediente y a la cautelar que presentó: no resolvió la validez de las adhesiones reunidas, no anuló por sí misma el reclamo ciudadano ni definió la continuidad de Román en la Intendencia. Tampoco estableció una nueva fecha para que los vecinos se pronuncien.
Tras conocerse el rechazo judicial, el intendente publicó un mensaje en el que celebró la resolución y volvió a cuestionar a los sectores que impulsan su salida. “Nuevamente la Justicia actuó como debía hacerlo. No vamos a parar de trabajar por Allen, aunque pongan miles de obstáculos”, expresó. Además, convocó a los seis concejales y a los integrantes del Tribunal de Cuentas a dejar de lado las diferencias y colaborar con la gestión municipal.
Por ahora, el referéndum no se realizará en la fecha originalmente prevista y tampoco hay un nuevo calendario confirmado. La iniciativa de revocatoria, que había reunido miles de adhesiones, permanece atravesada por las disputas entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, mientras las distintas resoluciones judiciales fueron condicionando los pasos necesarios para llevar la definición a las urnas.