3 de noviembre de 2026
CHUBUT
Caso ATE: La Fiscalía pidió condenar a Quiroga por administración fraudulenta
La Fiscalía solicitó que el sindicalista sea declarado culpable por el presunto desvío de $22,7 millones de las cuentas del gremio entre 2019 y 2023. La jueza Karina Breckle dará a conocer su veredicto la próxima semana
El Ministerio Público Fiscal de Chubut solicitó que Guillermo Quiroga, secretario general de ATE en la provincia, sea declarado penalmente responsable del delito de administración fraudulenta por el manejo de fondos del sindicato. El pedido fue presentado por el fiscal general jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), Lucas Papini, durante los alegatos finales del juicio oral que se desarrolla en Rawson.
La acusación sostiene que, entre agosto de 2019 y mayo de 2023, el dirigente transfirió $22.765.769 desde una cuenta institucional de ATE hacia cuentas personales, sin rendir cuentas sobre esos movimientos. De acuerdo con una actualización de los valores, la suma investigada superaría actualmente los $400 millones. Las dos querellas que intervienen en el proceso acompañaron la hipótesis de la Fiscalía.
Según la reconstrucción presentada por Papini, el dinero provenía de las cuotas sindicales que el Estado descontaba de los salarios de los trabajadores y depositaba en una cuenta del Banco del Chubut a nombre de la organización. La pericia contable permitió rastrear transferencias que, según la acusación, habrían sido destinadas al pago de tarjetas de crédito, adquisición de bienes muebles, una membresía deportiva, viajes al exterior y giros a los hijos del imputado.
Uno de los argumentos centrales de la Fiscalía fue la diferencia entre los ingresos declarados y los gastos del dirigente durante el período investigado. Papini sostuvo que Quiroga percibió ingresos legítimos por $13.325.936, mientras que sus gastos alcanzaron los $30.338.917. La brecha, calculada en $17.012.981, resultaría compatible con la utilización de fondos del gremio, según la interpretación del fiscal.
La acusación también hizo hincapié en la falta de rendiciones de cuentas ante los órganos internos de ATE. De acuerdo con lo expuesto durante el debate, desde 2019 no se realizaron los congresos provinciales que el estatuto sindical establece como instancia anual para informar a los afiliados sobre la administración de los recursos. La Fiscalía agregó que Quiroga no recibía una remuneración de la organización por su cargo, ya que contaba con licencia gremial y sus haberes eran abonados por el Estado.
Durante el juicio, la defensa presentó testigos que afirmaron que el dirigente les entregaba alrededor de $700.000 mensuales cuando no cobraban sus salarios como auxiliares de la educación. Papini cuestionó la credibilidad de esas declaraciones y señaló que los testimonios no estuvieron acompañados por elementos que, a criterio de la acusación, permitieran refutar la hipótesis fiscal.
El fiscal encuadró los hechos en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal, que contempla la administración fraudulenta. En sus alegatos, sostuvo que la conducta atribuida a Quiroga consistió en disponer de bienes ajenos bajo su administración en presunta violación de sus deberes, con un beneficio indebido y un perjuicio para el patrimonio sindical. Por ese motivo, pidió que sea declarado autor penalmente responsable y que se le impongan las costas y los gastos del proceso.
Al finalizar los planteos de las partes acusadoras, Claudia Barrionuevo, denunciante en la causa, expresó sus palabras finales y reclamó justicia. “No todos los sindicalistas son iguales”, manifestó. Luego fue el turno de Quiroga, quien sostuvo su inocencia ante la jueza Karina Breckle.
Con los alegatos concluidos, la magistrada informó que utilizará el plazo legal de cinco días hábiles para resolver. El veredicto será comunicado en una nueva audiencia oral y pública, prevista para el miércoles de la próxima semana, en un horario que deberá confirmar la Oficina Judicial de Rawson.
El proceso comenzó el 19 de octubre y abordó el manejo del patrimonio de ATE Chubut durante el período comprendido entre agosto de 2019 y mayo de 2023. La resolución de Breckle determinará si la prueba testimonial, documental y contable presentada durante el debate alcanza para acreditar la responsabilidad penal que reclama la Fiscalía. Hasta entonces, Quiroga conserva su condición de imputado y la presunción de inocencia.