21 de octubre de 2026
SANTA CRUZ
Peninsula de Magallanes: la excepción de Provincia, a revisión en la Legislatura
Los diputados analizarán 441 fojas del expediente y convocarán a funcionarios provinciales antes de avanzar con el proyecto contra el decreto que autoriza una operación de tierras entre privados. Además, ingresó un pedido de investigación respaldado por más de 3.000 firmas
La revisión legislativa del decreto que habilitó una operación inmobiliaria en Península de Magallanes entró en una etapa de análisis documental y consultas institucionales. La Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura de Santa Cruz resolvió mantener pendiente el proyecto que propone derogar la autorización del gobernador Claudio Vidal y reunir primero las explicaciones de las áreas provinciales involucradas.
La decisión se tomó durante la reunión del martes, cuando comenzó el tratamiento del Proyecto de Ley 717/2026, impulsado por el diputado Carlos Alegría, representante de El Calafate, El Chaltén y Tres Lagos. La iniciativa busca dejar sin efecto el Decreto 915/2026, que permitió, con carácter excepcional, la transferencia de tierras desde Lacustre del Sud S.A. hacia ASB Hospitality Calafate S.A.U. Sin embargo, los legisladores optaron por no emitir despacho hasta contar con más información.
Como primer paso, la comisión recibió formalmente dos cuerpos documentales remitidos por el Consejo Agrario Provincial, correspondientes al expediente administrativo 495.894/2023. El envío, que reúne 441 fojas, responde a un requerimiento aprobado por la Cámara el 24 de septiembre. Ese material contiene antecedentes de la tramitación que ahora los diputados deberán examinar para reconstruir el proceso que derivó en la excepción autorizada por el Ejecutivo.
Los legisladores acordaron convocar al titular del Consejo Agrario Provincial y a funcionarios del área de Ambiente. También solicitaron la opinión de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación y de Fiscalía de Estado. Alegría justificó la necesidad de ampliar las consultas antes de avanzar con la iniciativa: “Necesitamos hacer las consultas pertinentes”, resumió durante el debate.
Las preguntas alcanzan distintos aspectos del procedimiento. Al Consejo Agrario le corresponderá explicar las actuaciones administrativas y técnicas, las autorizaciones tramitadas y los fundamentos que llevaron a solicitar una excepción al Decreto 994/2017, que establecía restricciones para este tipo de operaciones en el área protegida. A Ambiente, en tanto, los diputados buscarán consultarle sobre la evaluación del emprendimiento turístico, las condiciones ambientales aprobadas y las eventuales modificaciones introducidas al proyecto.
La discusión jurídica también tendrá un lugar central. El Decreto 915 sostiene que el emprendimiento cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental y establece que deberá ajustarse a la normativa vigente, al Plan de Manejo del área protegida y a las medidas de control correspondientes. Sin embargo, la evaluación ambiental del proyecto y la autorización para concretar la transferencia inmobiliaria son procedimientos diferentes. Por eso, los legisladores buscarán determinar qué intervención tuvo cada organismo y cuál fue el fundamento legal para exceptuar una restricción fijada por una norma anterior. Sobre Fiscalía de Estado, en particular, todavía no hay constancia pública suficiente para afirmar que haya intervenido antes de la firma del decreto; una de las consultas apunta precisamente a establecer si fue convocada y qué posición adoptó.
El Proyecto 717/2026 no se limita a pedir la derogación de la norma. También propone declarar nulos los actos administrativos, permisos y autorizaciones que se hubieran realizado como consecuencia de ella, además de otorgar jerarquía legal al Decreto 994/2017 e impedir que el Poder Ejecutivo conceda excepciones individuales en el futuro. Ese alcance explica la decisión de reunir antecedentes: una eventual aprobación podría tener consecuencias sobre actuaciones administrativas vinculadas con la operación. El proyecto ya pasó por la Comisión de Asuntos Constitucionales y ahora deberá continuar su recorrido por Recursos Naturales, Asuntos Municipales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General antes de quedar eventualmente en condiciones de llegar al recinto.
Mientras los diputados reúnen información, el cuestionamiento al decreto también avanzó por una vía ciudadana. El martes ingresó por Mesa de Entradas de la Cámara una petición promovida por cuatro vecinos de El Calafate —Fernanda Nogueira, Alexis Casandra Valdez, Ángel Serra y Alberto Chaile—, acompañada por más de 200 planillas y más de 3.000 firmas. El pedido solicita que se convoque con urgencia a la Comisión Investigadora de la Administración Pública para revisar el Decreto 915 y el expediente completo del Consejo Agrario, incluidos los antecedentes de la autorización para transferir las parcelas G2 y G3.
Los firmantes invocaron los artículos 47 y 53 bis del Reglamento de la Cámara, que contemplan la intervención de esa comisión ante denuncias sobre posibles irregularidades administrativas que la Legislatura le encomiende investigar. También fundamentaron su reclamo en la ubicación de los terrenos, dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes y en las proximidades del Parque Nacional Los Glaciares. La presentación pide determinar si corresponde adoptar medidas legislativas, judiciales o de otra naturaleza, aunque la decisión de activar ese mecanismo todavía depende de la Cámara.