9 de octubre de 2026
CHUBUT
Comodoro Rivadavia: Acusan a cinco mujeres por una estafa con viviendas del IPV
La Fiscalía sostiene que habrían recaudado al menos $59,4 millones con la promesa de entregar casas del Instituto Provincial de la Vivienda. La maniobra habría afectado a cientos de familias y el Ministerio Público pidió que las imputadas sean juzgadas por un tribunal por jurados
Cinco mujeres fueron acusadas por una presunta estafa vinculada con la adjudicación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en Comodoro Rivadavia. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal de Chubut, la maniobra se extendió entre abril de 2023 y febrero de 2024, y habría provocado un perjuicio económico de al menos $59,4 millones.
La acusación pública fue presentada el 5 de octubre por el fiscal general Martín Cárcamo. El expediente atribuye a Vanesa Elizabeth Fita el papel central en la operatoria, mientras que Lucía Lorena Miranda, Gisela Belén Mansilla, María Victoria Curán y Camila Lara Páez están señaladas como partícipes necesarias. La Fiscalía considera que existen elementos suficientes para avanzar hacia el juicio oral.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Fita se habría presentado como intermediaria de una cooperativa de viviendas y habría asegurado contar con contactos con funcionarios provinciales para facilitar el acceso a casas construidas o próximas a construirse. La propuesta estaba dirigida a personas que buscaban una solución habitacional y no contaba, según la acusación, con autorización vigente ni con los recursos necesarios para concretar las entregas prometidas.
El mecanismo consistía en solicitar un pago inicial de $100.000 por interesado. De ese monto, $80.000 supuestamente correspondían al IPV y los otros $20.000 a la instalación del servicio eléctrico. Los pagos se realizaban mediante transferencias a cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas con Fita o con Páez. Después de acreditar el dinero, los interesados eran incorporados a grupos de WhatsApp donde recibían instrucciones y novedades sobre las supuestas adjudicaciones.
La investigación sostiene que, además de reunir el dinero, se les pedía documentación personal y familiar para preparar legajos que presuntamente serían presentados ante el organismo provincial. También se organizaron reuniones informativas en distintos espacios de la ciudad, entre ellos el pelotero Pitos y Matracas, el restaurante Puerto Caleta y un salón de eventos. Allí, según los testimonios incorporados al expediente, se comunicaban nuevas fechas de entrega y se justificaban las demoras.
Con el crecimiento de los grupos, Miranda y Curán habrían asumido tareas de coordinación y comunicación con los interesados, mientras que Mansilla habría colaborado en una cantidad menor de casos. La acusación señala que esas funciones permitían sostener las promesas, sumar personas y mantener vigente el circuito de captación bajo las indicaciones de Fita.
Las sospechas comenzaron a tomar forma cuando las fechas anunciadas para la entrega de las casas se vencieron sin resultados. Algunos damnificados consultaron directamente al IPV y recibieron respuestas que, de acuerdo con la documentación reunida por la Fiscalía, indicaban que las personas mencionadas en las comunicaciones no trabajaban en el organismo y que no existían las gestiones habitacionales que les habían presentado.
Entre febrero y mayo de 2024 se formalizaron 179 denuncias penales. Sin embargo, el Ministerio Público estima que la maniobra habría alcanzado al menos 594 hechos, a partir del análisis de las declaraciones, los comprobantes de transferencias, los mensajes y la información aportada por entidades financieras y plataformas digitales.
La Fiscalía calificó provisoriamente los hechos como estafa mediante una supuesta calidad e influencia simuladas, en concurso real. Para Fita, señalada como autora, estimó una eventual pena de entre seis y ocho años de prisión. Para Miranda pidió entre tres y cuatro años; para Mansilla, entre uno y dos; para Páez, entre cuatro y cinco; y para Curán, entre cinco y seis años.
El caso deberá ser tratado por un tribunal por jurados, según lo establecido en la acusación.