6 de octubre de 2026
EN DETALLE
Deuda en Santa Cruz: qué dice la letra chica del programa por $450.000 millones
El Decreto 0924 habilita un programa de títulos públicos en pesos y otras unidades de valor. El monto es un techo, las condiciones se definirán por cada emisión y la coparticipación podrá utilizarse como garantía
Santa Cruz dejó formalizado el mecanismo con el que podrá buscar financiamiento en el mercado local de capitales durante lo que resta de 2026. El Decreto 0924/2026 creó un Programa de Títulos Públicos por hasta $450.000 millones y habilitó al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a instrumentar una o varias emisiones dentro de ese límite. La norma no implica que la Provincia haya colocado ya ese monto ni fija de antemano cuánto dinero será efectivamente obtenido.
El programa tiene como fecha límite de emisión el 31 de diciembre de este año y establece que los títulos deberán tener un plazo mínimo de doce meses. La autorización contempla distintas series y clases, por lo que el Ejecutivo podrá recurrir al mercado en más de una oportunidad, siempre dentro del monto máximo previsto y de las autorizaciones legales vigentes.
El artículo 1° establece que el dinero obtenido deberá utilizarse para los fines contemplados por la Ley 3695. Ese marco permite financiar o reestructurar servicios de deuda, atender déficit acumulado o consolidado de distintos organismos provinciales, asistir a municipios y empresas estatales y financiar obras de infraestructura y otros proyectos considerados de desarrollo.
Por eso, los $450.000 millones no están distribuidos previamente entre esos destinos. La aplicación concreta de los fondos dependerá de cada operación que se realice bajo el programa y de las condiciones establecidas en las resoluciones correspondientes. La normativa presupuestaria de 2026 también forma parte del marco invocado para las operaciones de crédito público.
Uno de los aspectos centrales del diseño aparece en la garantía. El decreto autoriza a utilizar como respaldo recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos que correspondan a Santa Cruz. No se trata de una afectación automática de toda la coparticipación: el mecanismo y las condiciones deberán quedar establecidos en la resolución que autorice cada llamado a licitación.
La posibilidad de ofrecer esa garantía forma parte de las herramientas habituales de una operación de financiamiento provincial y apunta a establecer un respaldo para los inversores. La norma contempla que también pueda utilizarse el régimen que eventualmente reemplace al actual sistema de coparticipación federal.
La letra chica también deja un margen amplio para definir las características financieras de los títulos. Podrán emitirse a tasa fija o variable, ajustarse por CER, estar vinculados a una moneda extranjera o denominarse en unidades como UVA o UVT. La moneda de pago será el peso, mientras que para instrumentos denominados en otra moneda se prevén mecanismos de conversión según el tipo de cambio que se establezca para cada operación.
Los títulos podrán colocarse a la par, con descuento o con prima y su capital podrá cancelarse al vencimiento o mediante distintos pagos. También podrá contemplarse el rescate anticipado, total o parcial, cuando así lo establezcan las condiciones particulares de una serie.
Otro punto relevante es que el decreto no fija todavía la tasa de interés que pagará la Provincia. Esa condición, junto con el precio, el plazo definitivo, la tasa de corte y el volumen de cada colocación, quedará en manos del Ministerio de Economía para cada operación. La cartera también podrá determinar si una licitación se realiza total o parcialmente o si se declara desierta cuando las condiciones obtenidas no resulten convenientes.
La colocación se realizará mediante procedimientos propios del mercado de capitales. El Ministerio podrá contratar bancos o agentes colocadores, organizadores, estructuradores, asesores legales y calificadoras de riesgo, además de gestionar el registro y eventual negociación de los títulos en mercados autorizados de la Argentina. Los gastos relacionados con las emisiones y el pago de intereses serán imputados al Servicio de la Deuda Pública.
Existe además una condición particular para los instrumentos ajustados por CER. En esos casos, el producido deberá destinarse a obras de infraestructura, de acuerdo con el marco legal nacional aplicable. Para el resto de las alternativas previstas, permanecen disponibles los destinos establecidos por la Ley 3695.
El programa tiene así una diferencia importante respecto de una emisión concreta: todavía no permite conocer cuánto terminará tomando Santa Cruz, cuánto pagará por ese financiamiento ni qué parte del techo de $450.000 millones utilizará. Esos datos aparecerán recién cuando Economía convoque a cada licitación y establezca sus condiciones particulares.
La creación de este instrumento se produce mientras continúa vigente otro frente de financiamiento impulsado por el Ejecutivo provincial. La administración de Claudio Vidal había enviado a la Legislatura un proyecto para acceder a operaciones de crédito por hasta US$600 millones, iniciativa que todavía no consiguió la autorización legislativa definitiva. El nuevo programa utiliza, en cambio, el marco de autorizaciones ya existente para avanzar con títulos en el mercado local.
La principal información que deja el Decreto 0924 es, entonces, el marco de funcionamiento: Santa Cruz podrá salir al mercado local antes de fin de año, emitir uno o varios títulos por un máximo acumulado de $450.000 millones y definir las condiciones financieras en cada operación. La utilización de la coparticipación como garantía también queda abierta, pero su alcance concreto dependerá de las resoluciones que acompañen cada emisión.