28 de septiembre de 2026
RIO NEGRO
El Procurador recomendó rechazar el pedido de reconocimiento de Cambia Río Negro
En su dictamen, Jorge Crespo argumentó que aún no fue agotada la vía administrativa por lo que la forma de dirimir el conflicto sería a través de una votación del pleno en la Legislatura
El Procurador general de Río Nero, Jorge Crespo, manifestó su postura en contra al reconocimiento del bloque Cambia Río Negro en la Legislatura. El bloque referenciado con el diputado nacional de La Libertad Avanza, Anibal Tortoriello, había presentado una acción de mandamus para solicitar el reconocimiento. Sin embargo, el Procurador declaró improcedente la acción.
El Procurador consideró que la vía administrativa aún no fue agotada, por lo que una intervención judicial en esta instancia resultaría “incompatible” con el principio de división de poderes.
En su dictamen, Crespo sostiene que el reglamento interno de la Cámara es claro cuando establece que la decisión sobre el reconocimiento formal del espacio debería resolverse mediante una votación del pleno.
La semana pasada, los legisladores Patricia McKidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Piccoti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti impulsaron la presentación judicial para que la Justicia ordene a la Legislatura reconocer formalmente su bloque. La conformación del espacio había sido habilitada en diciembre por el vicegobernador y presidente del cuerpo, Pedro Pesatti, pero luego quedó sin efecto tras el rechazo de Juntos Somos Río Negro y sus aliados.
En su dictamen, Crespo consideró que “la acción deducida no reúne los recaudos esenciales que habilitan la viabilidad de la figura del mandamiento de ejecución, razón por la cual corresponde declarar su improcedencia formal”.
A su entender, los legisladores no expusieron una justificación atendible que permita tener por acreditados los requisitos necesarios, particularmente aquellos vinculados con la figura del amparo. En ese sentido, el procurador centró su análisis en el agotamiento de la vía administrativa.
Los accionantes argumentaron que intentaron resolver sin éxito la situación mediante conversaciones con la Presidencia de la Legislatura y con representantes de los demás bloques, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitieran hacer cumplir el reglamento interno y la Constitución Provincial. Sin embargo, Crespo advirtió que los legisladores no tuvieron en cuenta el artículo 148 del reglamento interno de la Legislatura, que establece un mecanismo específico para resolver este tipo de controversias y contempla, en última instancia, una votación del pleno.
Para la Procuración, “la intervención jurisdiccional en este estadio resultaría incompatible con el principio de deferencia institucional y con la prudencia que debe guiar la actuación judicial frente a disputas políticas en curso”.
“Cada poder del Estado debe ejercer sus competencias sin invadir las funciones propias de los otros, preservando así el equilibrio republicano y la eficacia del sistema democrático. En este marco, la actuación judicial debe ser siempre subsidiaria, especialmente cuando se trata de controversias que, como se expresó, pueden y deben agotarse dentro de los procedimientos políticos y administrativos previstos por el propio órgano legislativo”, concluyó.