24 de septiembre de 2026
RIO NEGRO
La Legislatura aprobó la compensación para 14 municipios y la reforma del IPROSS
La Cámara avanzó con dos proyectos impulsados por el Ejecutivo provincial. El primero ratifica acuerdos con 14 municipios por un esquema de asistencia financiera con fondos del Tesoro. El segundo habilita a los trabajadores estatales a optar por otra cobertura de salud y establece cómo se distribuirán los aportes

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves otras dos iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo que tendrán impacto sobre las finanzas municipales y el sistema de salud de los empleados públicos. Se trata del esquema de compensación financiera para 14 municipios y de la reforma de la ley orgánica del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS).
El régimen de compensación fue sancionado con 35 votos a favor y 8 en contra. La norma ratifica los convenios celebrados entre la Provincia y 14 municipios para atender el aumento de la demanda de servicios e infraestructura asociado al crecimiento de sus poblaciones.
El mecanismo contempla desembolsos mensuales por alrededor de $1.028 millones, que serán afrontados con recursos de Rentas Generales. Según los fundamentos del proyecto, el esquema no modifica los índices establecidos por la Ley de Coparticipación ni reduce los fondos que reciben las demás localidades.
Durante el debate, el oficialismo defendió la herramienta como una forma de acompañar a municipios que enfrentan mayores gastos por expansión demográfica. Lucas Pica (JSRN), miembro informante, sostuvo que la compensación busca atender esa situación sin alterar la distribución general de los recursos provinciales.
Desde distintos sectores que acompañaron la iniciativa también se planteó que los acuerdos permiten dar previsibilidad a las administraciones locales. José Luis Berros, de Vamos con Todos, respaldó el proyecto aunque lo definió como una solución transitoria frente a la reducción de recursos provenientes de Nación. Otros bloques, como PRO, UCR, PJ-Nuevo Encuentro, CC-ARI y Primero Río Negro, también tuvieron legisladores que acompañaron la propuesta.
El rechazo estuvo concentrado en los criterios utilizados para determinar las compensaciones. Marcela González Abdala cuestionó las diferencias entre municipios y consideró que el esquema no reemplaza una discusión integral sobre la distribución de recursos. Santiago Ibarrolaza coincidió en que la respuesta debería avanzar hacia una modificación de la ley de coparticipación provincial.
Qué cambia con la reforma del IPROSS
La segunda iniciativa aprobada modifica el régimen de afiliación al IPROSS y establece que los trabajadores estatales activos y pasivos podrán optar por otra entidad para su cobertura de salud. La reforma alcanza también al grupo familiar primario del afiliado.
El cambio central está en el destino de los aportes. Cuando un trabajador decida trasladar su cobertura, el 100% de su aporte personal será derivado a la entidad elegida. Ese aporte representa el 4% del salario para los trabajadores activos y el 5,5% para los jubilados y pensionados.
La contribución patronal, en cambio, permanecerá dentro del IPROSS. Ese aporte equivale al 7% y continuará destinado al financiamiento de prestaciones como tratamientos oncológicos y especiales, discapacidad, prótesis, farmacia ambulatoria y atención de enfermedades crónicas.
La norma establece además determinadas exclusiones. La posibilidad de optar por otra cobertura no alcanza a quienes ocupen cargos electivos o de designación política, autoridades superiores de los poderes del Estado, organismos de control y empresas estatales.
Para los jubilados y pensionados cuyos haberes sean liquidados por un organismo previsional nacional, la derivación de los aportes quedará condicionada a la existencia de un convenio con ese organismo. Si la cobertura elegida tiene un costo superior al aporte derivado, la diferencia deberá ser afrontada por el afiliado.
Oficialismo y oposición marcaron diferencias
La defensa del proyecto estuvo encabezada por Andrea Escudero (JSRN), quien sostuvo que la modificación busca terminar con la afiliación obligatoria y permitir que cada trabajador decida si continúa dentro del IPROSS. La legisladora rechazó que el mecanismo implique, por sí mismo, una privatización del Instituto.
La oposición cuestionó principalmente el alcance de la denominada libre elección y el esquema de financiamiento. Gabriela Picotti y Martina Lacour señalaron que el trabajador puede llevarse su aporte personal, pero no la contribución patronal, que permanece en el IPROSS aunque deje de utilizar sus prestaciones.
Ayelén Sposito (Vamos con Todos) rechazó la reforma y planteó que el porcentaje que puede derivarse podría resultar insuficiente para contratar determinadas coberturas. Magdalena Odarda, de la misma bancada, reclamó previamente una auditoría del Instituto y cuestionó el tratamiento del proyecto sin una instancia más amplia de discusión con trabajadores, jubilados y organizaciones sindicales.
También hubo posiciones intermedias. César Domínguez acompañó el proyecto en general, aunque cuestionó algunas restricciones, mientras que Javier Acevedo respaldó la iniciativa pero advirtió sobre la posibilidad de que los afiliados jóvenes y con menores necesidades médicas sean quienes tengan mayores incentivos para abandonar el sistema.
Desde el oficialismo, Lucas Pica defendió que el 7% patronal continúe dentro del IPROSS y sostuvo que ese porcentaje tiene una naturaleza diferente al aporte personal. Facundo López, titular del bloque JSRN, rechazó que la reforma tenga como objetivo desfinanciar la obra social y sostuvo que el sistema deberá conservar recursos para atender prestaciones de mayor complejidad.
El debate legislativo estuvo acompañado por la presencia de representantes gremiales en las bandejas de la Cámara y tuvo algunos cruces durante las intervenciones. El presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, intervino para ordenar la sesión y pidió evitar intercambios entre legisladores y el público.